La indagatoria del empresario tuvo lugar ayer al mediodía, luego de que también fueran interrogados el actual secretario de Transporte Ferroviario, el sindicalista Antonio Luna, y el interventor de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CNRT), Antonio Sícaro, como sospechosos de las muertes ocurridas el 22 de febrero pasado.

Los funcionarios cruzaron acusaciones y dijeron que no era su responsabilidad controlar la seguridad de la ex línea Sarmiento. Luna, que presentó un escrito, entendió que esa tarea no correspondía a su área, y Sícaro, que además contestó preguntas, dijo que su misión de controlar se agotó con la imposición de sanciones y multas, a pesar de que no se hubieran efectivizado.

"Con ello quedó agotada mi posibilidad de actuación funcional formal, informal y material", señaló. Y entendió que la Secretaría de Transporte debía tomar medidas una vez que la CNRT le informaba de una situación irregular.

Así le respondió al fiscal Federico Delgado, que había responsabilizado a la empresa y a los funcionarios por actuar con "complicidad criminal" para simular controles y sanciones que nunca se efectivizaban.

Ambos funcionarios reconocieron además que, en última instancia, el encargado de la aplicación de sanciones es el Ministerio de Planificación y que todos los pagos de subsidios fueron previamente autorizados por el secretario de Transporte.

Sícaro cargó, además, contra el maquinista Marcos Córdoba, que será indagado hoy por el juez Claudio Bonadio. Insistió en que los frenos del tren, según los peritajes técnicos, estaban en condiciones de funcionar y que no fueron accionados por el maquinista.

Luna, en cambio, reconoció que el sistema ferroviario en la Argentina tiene falencias, que es lo mismo que aceptar sin reparos que "existe mucho por hacer", pero dijo que esos problemas "no han sido causa (ni inmediata ni mediata ni remota) del accidente". Ferroviario y cercano al gremio de conductores de La Fraternidad, Luna se cuidó de no echarle la culpa a Córdoba, aunque destacó que el sistema de frenos funcionaba y que nadie reportó fallas.

Al mediodía fue el turno de Cirigliano, que por primera vez declaró sobre la tragedia. El empresario, que sólo completó el secundario, es titular de la empresa que tiene la mayoría de las acciones de TBA.

Está preso desde el lunes, cuando Bonadio lo encarceló, al acusarlo de quemar documentos para impedir investigar sobre el destino de los subsidios recibidos por el Estado. Por eso durmió en una celda y ayer fue conducido ante el juez. Vestía un gabán azul, estaba esposado y despeinado, además de exhibir en el rostro marcas de haber pasado una mala noche. Cirigliano le dijo a Bonadio que no ordenó deshacerse de ningún documento, que desconocía que se hubieran sacado del edificio de TBA y le dijo, además, que los subsidios que recibió la empresa fueron aprobados por el Estado nacional. También afirmó que tiene entendido que la tragedia se produjo por un "factor humano" porque dijo que "algo debió ocurrirle al conductor que no le hizo estar en sus cabales para frenar el tren".

También declaró por la quema de papeles Carlo Ferrari, el presidente de TBA. Con el saco arrugado y las esposas puestas, fue llevado por guardiacárceles casi en andas ante el juez, donde negó haber ordenado la quema de documentación.

Bonadio excarceló ayer a Darío Tempone y a Daniel Rubio, dos ex gerentes de operaciones y contable de TBA, al entender que no estaban ligados a la desaparición de los documentos contables que investiga el juez.

Un Cirigliano que no es ejecutivo TBA

Antonio Cirigliano aclaró ayer a LA NACION que no es dueño ni ejecutivo de TBA ni tampoco tiene parentesco directo con Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans. Su única relación con la empresa es que es empleado desde 1995 y que la coincidencia del apellido hizo que fuera citado por la Justicia.

Las indagatorias

EL DIRECTORIO DE TBA

Negaron todo

Casi a coro, los integrantes del directorio de TBA y los gerentes de áreas operativas y administrativas negaron ser responsables de la tragedia de Once. Todos culparon al maquinista Marcos Córdoba. Ayer Claudio Cirigliano -presidente de Cometrans, la empresa que controla TBA- hizo lo propio.

EL MOTORMAN

Dijo que fallaron los frenos

Marcos Córdoba ya declaró ante la Justicia y dijo que intentó frenar, pero fallaron los frenos. Explicó que la máquina tenía "freno largo". Hoy podrá volver a declarar ante Bonadio.

LOS FUNCIONARIOS

Culpas repartidas

Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte cuando ocurrió la tragedia, dijo que él no debía controlar la seguridad en los trenes, sino la CNRT. El titular de esa área, Antonio Sicaro, lo responsabilizó a él, al igual que Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario.

EL PRIMER SECRETARIO

Sólo falta Ricardo Jaime

El único funcionario que resta declarar es el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, citado para el viernes. Ya adelantó que no entiende por qué lo responsabilizan por el accidente.

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