Tras su detención en la provincia de San Luis, el mendocino Orlando Alejandro Ortiz ya pasó por el Juzgado de Instrucción Nº 6, de Gustavo Herrera, y hoy será sometido a declaración indagatoria por la titular del Juzgado Nº 4, Alejandra Berenguer, por los delitos de estafas reiteradas. El imputado ya había sido procesado por la Justicia cipoleña, pero una medida de la Cámara en lo Criminal Primera lo benefició y logró poner distancia de los investigadores. Ahora, enfrenta la posibilidad de un nuevo procesamiento y el dictado de la prisión preventiva.

Según fuentes judiciales, Ortiz fue indagado ayer por el juez Herrera y hoy lo hará ante Berenguer. Trascendió que en el Juzgado 6 fueron indagadas otras dos personas en el marco de la misma investigación.

El detenido es asistido por la defensora oficial Verónica Rodríguez y en apariencia enfrenta una difícil situación, que podría derivar en su posterior proceso.

Berenguer investiga a Ortiz por una serie de estafas que tuvieron como víctimas a los integrantes de cooperativas de viviendas de esta ciudad. La magistrada ya avanzó con el procesamiento de la pareja del imputado, Virginia Paola Ortiz, aunque no le impuso la privación de la libertad y sólo debe cumplir con una serie de pautas de conducta.

Nulificación

El trabajo judicial en relación a Ortiz y su pareja viene desde hace tiempo y tuvo un importante retroceso luego de que la Cámara Primera aceptó una apelación que favoreció al hombre oriundo de la ciudad mendocina de Guaymallén.

Fuentes allegadas a la investigación precisaron que los jueces nulificaron el anterior proceso de Berenguer porque Ortiz “debía ser investigado por un solo juez en las causas penales abiertas por las estafas a las dos cooperativas”.

Más allá del evidente trastorno, la titular del Juzgado 4 redobló sus esfuerzos y desembocó en un pedido de captura que alcanzó a la concubina de Ortiz.

Entre las cooperativas perjudicadas por las maniobras irregulares se encuentran Juventud y Desarrollo y Tahiel Mapu y el monto de la estafa superaría el medio millón de pesos.

En la imputación inicial, se destacó que uno de los delitos habría sido cometido entre junio de 2007 y marzo de 2008. De acuerdo a la jueza y el Ministerio Público, “Alejandro Ortiz simulando ser funcionario del Senado de la Nación y Asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en connivencia con Virginia Paola Ortiz - concubina del nombrado-, propietaria de la consultora VPO con sede en Guaymallén, provincia de Mendoza, mediante una maniobra ardidosa, a sabiendas que no cumplirían con lo que prometían y aprovechándose de la real necesidad de las víctimas de acceder a una vivienda, defraudaron a los miembros que conforman la Asociación Juventud y Desarrollo, comprometiéndose a gestionar la obtención de créditos del Banco Nación para un plan de 229 viviendas, confeccionar planos y proyectos para el otorgamiento de dichos créditos y tramitar el pertinente permiso ante el municipio local”.

Los sospechosos habrían encabezado otra maniobra irregular con la venta de terrenos en Fernández Oro. La situación fue comprobada por las autoridades del municipio que no sólo se comunicaron con la Justicia sino que advirtieron a la comunidad que “el loteo social Fernández Oro, de propiedad de la Municipalidad, no se encuentra a la venta al público”.