A más de dos meses de la paralización de los trabajos que se desarrollaban en las avenidas Constitución y Carlos Pellegrini, el futuro de la mega obra financiada por Nación resulta una verdadera incertidumbre. En ese contexto, vecinos y comerciantes de la zona continúan padeciendo los inconvenientes de una arteria de circulación importante para la ciudad. La continuidad todavía no tiene plazos.

El secretario de Gobierno, Néstor Luciani, informó a este medio que esta semana representantes del Ejecutivo local se reunirán con funcionarios de Vialidad Nacional para intentar determinar "los pasos a seguir".

En ese marco, el Municipio todavía no avanzó en hacer efectiva la promesa de reducir algunas tasas a quienes resultan afectados por el incumplimiento en el cronograma de obra. Si bien esa medida cuenta con el aval del Concejo Deliberante, el Ejecutivo aún no envió el proyecto para ser aprobado por los concejales y los últimos tributos llegaron a los contribuyentes sin modificaciones.

Al momento de abandonar las tareas, la empresa constructora (perteneciente al grupo Petersen) había avanzado en dos frentes. Uno desde la calle Florencio Sánchez hasta la rotonda Ana de Matos. El otro, el tramo comprendido por las calles Gamboa y Belgrano. En el primer caso, el tránsito se encuentra directamente interrumpido y por la traza de la ex ruta 7 corren distintas zanjas de grandes dimensiones proyectadas como desagües que, de terminarse la obra, correrán debajo de la cinta asfáltica.

En el lugar varios comercios sufren una merma considerable en el número de clientes, especialmente aquellos que se ubican a mitad de cuadra, ya que ni siquiera cuentan con accesos vehiculares desde calles que corren perpendicular a la avenida Pellegrini.

En el caso de una gomería, por ejemplo, sus propietarios decidieron trasladar el comercio a otra zona ya que la apertura de las mencionadas zanjas imposibilitó el flujo vehicular y por su ubicación se torna imposible inventar algún acceso lateral.

En el otro extremo de la ex ruta 7 el panorama no es mucho mejor. En ese sector, los vecinos decidieron habilitar la circulación, aunque el tránsito de autos se ha visto considerablemente reducido y prácticamente se limita a aquellos automovilistas que deben acercarse a algún inmueble o comercio ubicado en la zona. La precariedad del paso se agrava especialmente los días de lluvia, cuando la calle se convierte en un verdadero lodazal que los autos atraviesan zigzagueantes. En cuanto a la actividad comercial, algunos comercios lograron habilitar ingresos por calles laterales a Constitución y descomprimir en algo los inconvenientes económicos, mientras que otros esperan, con cierta resignación, la continuidad de la obra. "Los pocos clientes que tenemos siguen viniendo por cierta solidaridad, pero es un verdadero inconveniente llegar acá y estamos mal", explicó el propietario de una verdulería.

En cuanto a los pasos a seguir, comerciantes y vecinos se debaten entre la resignación y la acción. Mientras algunos esperan sin demasiada esperanza la reanudación de los trabajos, otros insisten en motivar acciones que permitan concretar la culminación de la obra, especialmente luego de cumplirse los plazos recibidos en una reunión con Vialidad Nacional, donde se prometió que a mediados de junio iban a reactivarse las tareas. En ese último grupo se estudian acciones judiciales, tanto por daños y perjuicio, como un posible recurso de amparo a través del cual la Justicia obligue al gobierno nacional a continuar con el proyecto. A su vez, no descartan movilizarse hasta alguna dependencia oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

El plan de obras establecido por la empresa Petersen, Thiele y Cruz estipulaba que a esta altura del año la remodelación de la ex ruta 7 debía extenderse desde la rotonda Ana de Matos hasta la calle Alem. En el frente de obra abierto en el otro extremo, para el mismo período se proyectaba el avance desde la altura de la calle San Martín hasta Dean Funes.

PAPELES

Prácticamente desde su inicio, la obra llevó un ritmo menor al proyectado. Por esa razón, para los vecinos de la zona los interrogantes no tardaron en llegar. A eso se sumó una inicial falta de comunicación sobre los plazos establecidos.

En ese contexto fueron varias las comunicaciones y resoluciones aprobadas por el Concejo Deliberante. La primera data de enero y fue presentada por el bloque Frente Para la Victoria-Partido Justicialista con la intención de solicitar a la gestión de Luciani una mayor intervención en el diálogo con los vecinos afectados.

En marzo, por iniciativa de la bancada Unión Celeste y Blanco, el Concejo aprobó una resolución dirigida al gobierno nacional a los fines de que "informe sobre el cronograma actualizado de la obra y arbitre los medios necesarios para gestionar un resarcimiento económico a los comerciantes afectados". En ese proyecto ya se destacaba que el proyecto de remodelación de la ex ruta 7, en su paso por la ciudad, se encontraba retrazado.

En los últimos meses el Departamento Ejecutivo también envío varios escritos a organismos estatales vinculados a la obra. En abril, por ejemplo, Luciani acercó una nota al ministro de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, al constatar una disminución de la obra del 80 por ciento: "Tal situación está produciendo un problema de significante gravedad para los vecinos afectados directamente por la traza, dado que a lo largo de la misma se encuentra gran cantidad de comercios, a los cuales se los ha afectado en tiempos y plazos no previstos", expresaba el intendente.