La noticia de la afectación del predio al ProCreAr sorprendió en la tarde-noche del martes. Todavía sin precisiones al respecto, desde el Departamento Ejecutivo evitaron ayer hacer referencia al asunto. El decreto de la Presidenta de la Nación no sólo resultó contrario a la intención de municipalizar los terrenos, sino también de ordenanzas locales.
En concreto, el decreto 902 es el que crea el fondo fiduciario público que se denominó «Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar». En el formato informático que se publica en el sitio oficial www.boletinoficial.gov.ar no aparece el anexo que detalla los predios que quedan afectados a la variante del programa destinada a aquellos eventuales beneficiarios que no cuenten con terrenos propios, y entre los cuales aparecen no sólo los terrenos del ex Batallón de Ingenieros de Combate 101 (ubicados entre calle Rivadavia y las barrancas del Paraná, entre calle Necochea y Cochabamba) sino también extensiones inmuebles ubicadas en barrio Somisa.
“La custodia de los bienes incluidos en el anexo permanecerá a cargo de sus reparticiones de origen, las que deberán garantizar el resguardo, la integridad y la disponibilidad de los inmuebles, hasta tanto el Organismo Nacional de Administración de Bienes, a solicitud del Comité Ejecutivo, disponga su transferencia directa al Fondo, previa delimitación definitiva de los predios a partir de un estudio técnico, catastral y dominial a cargo del Organismo Nacional de Administración de Bienes y su tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación”, detalla el texto del decreto.
Sin voces locales
Lo decidido a través del decreto viene a contradecir rotundamente algo que no sólo la actual gestión de Passaglia viene impulsando, sino que estuvo siempre presente en la agenda de los anteriores gobiernos locales: la recuperación y el traspaso de los terrenos al patrimonio municipal, para su empleo como espacios verdes.
EL NORTE intentó ayer tener la palabra oficial de parte de algún referente del Departamento Ejecutivo Municipal, pero evidentemente se trata de un tema en que el Gobierno local prefiere moverse con extrema cautela. Por el momento, no hay funcionarios locales dispuestos a pronunciarse respecto del tema, ni siquiera a detallar el alcance y las implicancias de lo decretado en Nación.
En este sentido, cabe recordar que hacia mediados de enero pasado, luego de una audiencia entre el intendente Passaglia, funcionarios locales y el ministro de Defensa de la Nación Arturo Puricelli, se anunció la eventual (y “próxima” según se dijo en aquel momento) suscripción de un convenio por el cual el Ejército Argentino transferiría al municipio de San Nicolás la posesión de los inmuebles.
Incluso hacia principios de febrero (y ante las especulaciones que se barajaban tras el anuncio del “inminente” convenio), el propio Intendente salió a aclarar que “la decisión del Departamento Ejecutivo de San Nicolás es que [el predio del ex Batallón] tiene que ser destinado exclusivamente a espacios recreativos”. También había adelantado que la Municipalidad llamaría a un concurso nacional de ideas para el desarrollo urbanístico de las hectáreas en cuestión.
En el Concejo
La aclaración del Intendente no era ociosa ni antojadiza. Se orientaba en línea con lo establecido por normativa aprobada (y en vigencia) en años anteriores por el Concejo Deliberante de San Nicolás. Del año 2002, en tiempos de la gestión de Pedro Novau al frente del municipio, es la Ordenanza 4.967, que declaraba el interés patrimonial municipal del predio “por su valor histórico, paisajístico arquitectónico y urbano”.
La misma ordenanza establecía la “obligación de proteger y poner en valor las áreas mencionadas, desarrollar un proyecto sustentable, económica y financieramente mediante convenios con organismos públicos, nacionales y de la Provincia de Buenos Aires, entidades privadas, concesionarios de los servicios públicos y con la activa participación ciudadana”.
El artículo sexto de la normativa local prohibía “toda alteración o modificación edilicia, de suelo, forestación o de la fauna del predio mencionado sin previa autorización municipal, debido al particular interés histórico, social y ambiental que posee el lugar”.
Un año más tarde, el propio Concejo Deliberante ratificaba un acuerdo suscrito entre el entonces intendente Novau y y el Comandante del Segundo Cuerpo del Ejército «Teniente General Juan Carlos Sánchez», el general de brigada Hernán Olmos, en representación del Estado Mayor General del Ejército.
Por lo pronto, el Concejo Deliberante celebra hoy una nueva sesión ordinaria. Probablemente alguno de los concejales actuales podrá hacer referencia a estas (e incluso otras) normativas locales, barridas ahora por el reciente decreto presidencial. Ante el silencio que prefirió ayer el Ejecutivo, quizá su portavoz pueda ser hoy alguno de los concejales del oficialismo. Por el lado de la oposición local, ayer ya hubo alguna voz baja insinuando extraoficialmente que “no va a pasar nada con todo esto”. Incluso subrayaron la necesidad de analizar el asunto desde la óptica del desarrollo urbanístico. Desde este punto de vista, otra opinión que deberá sumarse a la del Ejecutivo y la del Concejo Deliberante, es la del Instituto de Planeamiento Urbano (IPU).-
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