Fue confirmada extraoficialmente, aunque el municipio no recibió ninguna notificación formal. En sesión, concejales pidieron ayer al Ejecutivo que informe a la brevedad sobre la situación.
La noticia generó incertidumbre entre los concejales porque, según el pliego de licitación del transporte público, cualquier venta o transferencia de la concesión que obtuvo Indalo requiere de la aprobación tanto del Deliberante como del municipio (ver Escenario).
Tras conocerse por medios de prensa la venta, Palladino explicó que “no tenemos ninguna información oficial y lo que sabemos lo sabemos de los pasillos de estos últimos días”. Añadió que, en caso de que se confirme, “si la venta incluye al contrato, tiene que pasar por el Concejo Deliberante; y si siguen siendo Indalo, no hay modificaciones porque la empresa es la misma”.
El funcionario se refirió también al color amarillo de las unidades que adquirió Indalo días atrás, idéntico al de los colectivos que usa Autobuses Santa Fe. “No lo sabíamos de antes porque nunca vimos los colores, incluso creíamos que iban a ser blancos”, aseguró.
Por la tarde, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que presentó a último momento el bloque del UNE-FPN y se incorporó sobre tablas. El único artículo de la norma expresa que los ediles requieren al Ejecutivo municipal que “informe a la brevedad si la empresa concesionaria del servicio público de transporte de pasajeros ha cedido, vendido o transferido el contrato de concesión del servicio o si la misma ha cambiado de dueños, socios o propietarios o si ha vendido parte del paquete accionario”.
En los fundamentos de la comunicación, se recuerda “que cualquier venta o cesión del contrato o cambio de titularidad de la empresa concesionaria debe ser aprobado previamente por el Concejo Deliberante”.
Formalidad
Durante el tratamiento del punto, el presidente del Concejo, Gastón Contardi, recalcó que formalmente el oficialismo desconoce si la venta se concretó y ratificó que, en caso de haberse producido, “tenemos que llevar la tranquilidad de que la ciudad de Neuquén no se va a quedar sin transporte público de pasajeros”. El concejal señaló que, antes de determinar los pasos a seguir, se necesitan conocer los detalles de la transacción. Agregó que, por eso, desde el oficialismo resolvieron respaldar el pedido de informes al Ejecutivo.
Por su parte, la edil Mercedes Lamarca, de Libres del Sur, calificó el trascendido de “gravísimo” y opinó que, “si efectivamente se produjo la venta, estaríamos ante un incumplimiento del contrato”.
Escenario
La discusión que viene
"Creemos que hay un error de interpretación y que esa ordenanza no requiere los dos tercios”, afirmó Farizano tras la aprobación por mayoría simple del Deliberante sobre la ajudicación del servicio a la empresa. A los pocos días, a través del Decreto 1136/11, definió la concesión por diez años. Le siguieron semanas de discusiones, interpretaciones de la letra chica y presentaciones judiciales. Finalmente, la Justicia avaló el decreto y se firmó el contrato.
A pocas semanas de aquel conflicto, la situación parece comenzar a correr nuevamente horas de discusiones y cruces por el cumplimiento o no de la letra chica del contrato de concesión. Es que, ante la confirmación extraoficial de la venta, todo se centra en el Artículo 50 del pliego licitatorio. “El contrato no podrá ser cedido o tranferido por el concesionario a terceros sin el consentimiento expreso de la Municipalidad y del Concejo Deliberante, y no antes de haber transcurrido la mitad de la vigencia del plazo original de la concesión, ni cedido el capital social de forma tal que importe una virtual cesión o transferencia de la concesión”, se asegura. Pese a que en el contrato final el Artículo 50 quedó reducido, el Municipio aseguró ayer a través de un comunicado que “el supuesto proceso de venta debe ser notificado al Ejecutivo y aprobado por el Concejo Deliberante, de acuerdo a lo estipulado por el contrato de concesión”.
Con el correr de las horas y la confirmación oficial de la venta, la discusión se centrará en si la empresa cumplió lo pactado y la certera posibilidad del municipio de hacer caer el contrato.

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