Por unanimidad resultaron aprobadas ayer la ley que creo el régimen de promoción de empleo local (REPEL) y la de adhesión de la Provincia a la ley nacional 26.530, que estableció excepciones al cumplimiento de la leyes de responsabilidad fiscal y de administración de los recursos públicos. En tanto, con la solitaria oposición del radical Gabriel Pluis, se sancionó una modificación a la ley de regularización de deudas y liquidación del Fondo Residual.

Además, y en atención a lo que dispone el artículo 116 de la Constitución provincial, se procedió a sortear la integración de las Salas Acusadora y Juzgadora de Juicio Político. La primera sesión ordinaria del año comenzó con un considerable retraso, ya que los legisladores ocuparon sus bancas recién las 17, tres horas después del horario previsto para el inicio del encuentro parlamentario de ayer.

En atención a la gran cantidad de asuntos ingresados desde la última ordinaria del año pasado, que se realizó el 29 de octubre del año pasado, que no habían tomado aún estadio parlamentario, el Orden del Día acordado durante la mañana de ayer resultó extenso en cuanto a la cantidad de proyectos a tratar sobre tablas. Pero, a decir verdad, de los 87 asuntos incorporados la gran mayoría se correspondían con ratificaciones de Resoluciones de Presidencia y de Acuerdos rubricados por el Poder Ejecutivo con distintas dependencias del Estado nacional, lo que posibilitó que el tratamiento de la totalidad de proyectos demandara poco más de 3 horas.

Crédito fiscal por contratación de trabajadores fueguinos

En la misma sintonía que el Concejo Deliberante de Río Grande y para dar respuesta a los reclamos surgidos desde diversos sectores de la comunidad tras la aprobación de la ley nacional que estableció nuevas ventajas comparativas, en materia impositiva, para la fabricación de determinados productos electrónicos en la Provincia, el Parlamento sancionó un régimen de promoción de empleo local.

La iniciativa del MPF, que resultó acompañada por la totalidad del cuerpo, establece que las empresas de producción, servicios y comerciales que contraten trabajadores que cuenten con mas de 4 años de residencia en la provincia se verán beneficiadas con un crédito fiscal de 500 pesos por trabajador incorporado al amparo de este régimen. Claro que para ello, estas contrataciones deberán aumentar, como mínimo, en un 10% la planta de personal ya existente y darse en el marco, exclusivamente, del contrato laboral por tiempo indeterminado.

El beneficio tendrá una duración de 4 años, pero deberá renovarse anualmente. Como condición de sostenimiento del beneficio las empresas no podrán realizar despidos sin causa. En caso de detectarse incumplimiento a alguno de los requisitos normativas, además de la pérdida del beneficio las empresas serán sancionadas con multa de entre el 10 y el 300% del monto del crédito fiscal que hubieren recibido.

Los legisladores Frate (MPF); Velásquez (MO) y Marinello (ARI) pusieron de relieve las bondades que este régimen puede tener para mitigar la falta de empleo de muchos jóvenes fueguinos, por lo que reclamaron un compromiso cierto de parte del sector empresario respecto de la herramienta aprobada ayer. El arista López precisó, para evitar malas interpretaciones, que esta ley no pretendía generar una discriminación respecto de otros argentinos que viven en la provincia o que en el futuro se trasladen a la misma en busca de mejores condiciones de vida, sino establecer un régimen voluntario de contratación de mano de obra local mediante un mecanismo de incentivo fiscal.

Flexibilización de la responsabilidad fiscal

Sin que mediara debate alguno también se aprobó, por unanimidad, la adhesión de la provincia a la ley nacional 26.530. Esta normativa nacional, sancionada en octubre de 2009, estableció una serie de excepciones a los principios de disciplina en el gasto público contemplados en la ley de responsabilidad fiscal para lo ejercicios presupuestarios 2009 y 2010 de la Nación y las Provincias. De manera tal, durante este año no habrá limitación alguna para el incremento del gasto público primario ni para ejecutar presupuestos deficitarios.

Inmuebles por deuda

Para salvar, según señaló el legislador del FPV Ricardo Wilder, un olvido en el que se incurrió al momento de aprobar la ley 783 –que estableció un régimen de regularización de deudas y de liquidación del Fondo Residual–, el Parlamento dispuso incorporar una modificación a la norma sancionada en septiembre de 2009, para posibilitar que las obligaciones pendientes de pago con el cuestionado organismo puedan ser cancelados con bienes inmuebles, aún cuando estos se encuentren hipotecados a favor del Fondo Residual o el BTF. El nuevo artículo, estipula que en caso del bien entregado cancele la totalidad de la obligación, se practicará una bonificación del 10% sobre el monto adeudado.

Un mecanismo de cancelación de deudas similar a este estaba contemplado en la ley 551. A diferencia de aquél, que había establecido un mecanismo para la valuación de los inmuebles ofrecidos, éste deja en manos del Poder Ejecutivo esa definición.

De acusadores y juzgadores

En cumplimiento de lo que ordena la Constitución, el Parlamento procedió a integrar, por sorteo, las Salas Acusadora y Juzgadora de Juicio Político. El azar dispuso que sobre los oficialistas Elida Deheza, Osvaldo López y Manuel Raimbault; los Frentistas Ricardo Burlan y Ricardo Wilder; la mopofista Mónica Urquiza y Luis Velásquez del Movimiento Obrero recaiga la responsabilidad de analizar las denuncias presentadas y en su caso acusar a los funcionarios alcanzados por el instituto de Juicio Político.

En tanto que Verónica De María, Marcelo Fernández y Fabio Marinello (bloque oficialista); Ana Lía Collavino y Adrián Fernández (FPV), Roberto Frate y Damián Löffler (MPF) y Gabriel Pluis deban desempeñar el rol de Juez en aquellos Juicios Políticos que se sustancien a lo largo del año.

Fideicomiso Austral

La ratificación legislativa del acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego que la Gobernadora rubricara el pasado 15 de marzo con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, no fue dada en la sesión de ayer, por cuanto se dispuso que el llamado Fideicomiso Austral fuera girado a comisión para su estudio.

La decisión no parece tener demasiado sustento técnico, por cuanto la Legislatura debe limitarse a aprobar o desechar el decreto de ratificación del acuerdo, ya que no existe posibilidad de que el instrumento sea objeto de modificación alguna. De más está decir que tampoco aparece como factible un rechazo a este acuerdo por el cual la Nación dispuso ceder a la provincia el 50% de las regalías hidrocarburíferas originadas en yacimientos "costa afuera" ubicados más allá de la jurisdicción provincial, para financiar obras de infraestructura hospitalaria, energética, sanitaria, vial y portuaria.