“No tendría que existir ningún tipo de premio económico porque configura un acto de discriminación y diferencia, y porque se trata de una Ley que debería cumplirse”, aseguró Eduardo Del Águila, coordinador de proyectos de la Fundación IPNA en diálogo con Info Región.

Según el Sistema de protección integral de las personas con discapacidad (Ley 22.431), tanto los organismos del Estado como las empresas privadas que brindan servicios públicos deben cubrir un cuatro por ciento de su planta de personal con personas que padezcan algún tipo de imposibilidad, ya sea psíquica o motriz. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, la inserción laboral no se cumple ya que apenas un 25 por ciento de esta población se encuentra activa.

Es por eso que desde el Ministerio de Trabajo bonaerense impulsan el programa Preba Público a fin de incentivar económicamente a los municipios, a través de subsidios, para que contraten en sus plantas permanentes a personal con discapacidad, algo que por estos días aún no se cumple en toda la administración pública.

Si bien desde las fundaciones que amparan a niños y adultos con discapacidades elogiaron la medida, criticaron que deban otorgarse este tipo de incentivos para que las empresas cumplan con la Ley. “No debería tener que darse subsidios para cumplir con una ley de la Constitución Nacional porque tanto desde los municipios como desde las empresas privadas todavía no cumplen con el cuatro por ciento de personas con discapacidad en los puestos laborales”, indica a Info Región Eduardo Del Águila, coordinador de proyectos de la Fundación IPNA, que se encarga de promover los derechos de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Es que, según estas entidades, el incentivo configura un “acto de discriminación” y no hace más que dar cuenta de una Ley que no se cumple en el país.

Se trata la Ley Nacional 22.431 que, en su artículo 8 dictamina que “El Estado nacional y sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.

No obstante, con la implementación del Preba Público ya son varios los municipios que, en la región, comenzaron a contemplar la problemática.

“Desde el municipio, y en conjunto con empresas privadas y el área de Discapacidad, estamos trabajando para que todas las personas que se acerquen a la Secretaría de empleo tengan su puesto de trabajo. Desde el Ministerio están dando incentivos y nosotros nos sumamos a esa medida”, asegura a este medio Sergio González, director de Empleo de Lanús. En tanto, indicó que trabajan en la “concientización respecto de los beneficios de tomar a personas con discapacidad” que, al no tener desarrolladas ciertas capacidades, potencian otras.

Sin embargo, desde la Unión de Trabajadores Discapacitados (UTRADI) de Lanús aseguraron que “ningún municipio cumple con el cuatro por ciento de empleados con discapacidad”. “Esto da cuenta de una enorme discriminación que no cambia, sobre todo porque en las empresas privadas se emplean a personas con discapacidad”, indica Norma Draus en referencia a varias compañías que incluyen el cumplimiento de dicha normativa entre sus principales políticas.

“Es una vergüenza que se tengan que dar subsidios a los municipios para que se cumpla la Ley. Creo que es más necesario que se tomen otras medidas, no sólo a nivel laboral sino en todos los aspectos para que se garanticen todos los derechos como ciudadanos de las personas con discapacidad”, resaltó y también hizo referencia a la necesidad de adaptar la infraestructura de las ciudades a las necesidades de quienes padecen problemas motrices, a través de la construcción de rampas y otras obras públicas.

Por otra parte, desde la Secretaría de Políticas Sociales del área de Discapacidad de Esteban Echeverría garantizaron que “se está trabajando en conjunto con las áreas de empleo para promover la contratación de personas con discapacidad, pero asimismo se lleva adelante todo un seguimiento para ver las condiciones y posibilidades de las personas para tomar un empleo”.

Lo cierto es que desde los municipios consultados por Info Región no pudieron especificar si en sus respectivos casos el cuatro por ciento de su personal es cubierto por personas con discapacidad.

Según la última Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENDI), realizada en 2004, en Argentina el 7,1 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, ya sea motriz o mental. En números absolutos se trata de 2.176.123 personas. Un 41 por ciento de ese grupo se encuentra en edad laboral, de 18 a 65 años, en tanto que un 75 por ciento de esta última franja de población no tiene empleo.