La sospecha de intereses inmobiliarios sobre estas tierras que podrían ser utilizadas en complejos de cabañas o de intereses privados en la venta de madera, son dos de las puntas de conflicto, donde al menos hasta ahora el gobierno provincial históricamente no ha podido o no ha querido poner un freno y hacer valer la necesaria protección para los bosques nativos.

La mayoría de los consultados coinciden en que no hace falta trabajar para endurecer las políticas proteccionistas en torno a la Ley de Bosques, sino que simplemente alcanzaría con aplicarla en toda su extensión.

Entonces la pregunta sería ¿quién está fallando en la cadena de controles del Estado, para que los bosques terminen en manos equivocadas o siendo objetos de especulaciones inmobiliarias como la que se señala tras el incendio?

Todo parece indicar que más allá de la protección de los bosques debería existir un avance de la provincia sobre la protección de las tierras que contienen a estos bosques, muchos de los cuales hoy están en manos de los municipios cordilleranos y sobre los cuales ya varias administraciones municipales han avanzado sin piedad y rifado al mejor postor.

Por caso vale citar lo sucedido con las tierras de El Hoyo sobre las cuales se autorizó la extracción de madera y que terminaron en manos de Enrique Korn gracias a una serie de maniobras que quedaron plasmadas en una investigación del Concejo Deliberante. Estas tierras son municipales, por lo que el Instituto Autárquico de Colonización no puede intervenir en su protección, dejando la potestad de otorgarlas, venderlas o negociarlas, al municipio de turno.

Así fue que las tierras terminaron en medio de un litigio entre el mencionado letrado, que había actuado como representante legal del municipio y pobladores originarios y vecinos que ven con hastío que las tierras se terminan dilapidando en manos del poder.

Necesidad de cambios

Al ser consultado acerca del caso de El Hoyo, que siguió junto al ex concejal Pol Huisman encargado de la investigación en el concejo de esa localidad, el diputado del Frente para la Victoria Anselmo Montes le dijo ayer a El Diario que “la investigación está concluida y realmente al leer el expediente uno ve la cantidad de irregularidades que se cuentan en esta causa y el compromiso que asumimos tiene que ver con como logramos desde la Legislatura, o a través de una ONG, alguien se haga cargo de este informe para constituir un expediente legal y poder accionar en favor del Estado y evitar de que se concluya con esta metodología de hacerse de bosques y de tierras que existe porque hay un vacío jurídico”.

En ese marco destacó que “esto significaría poder sentar un precedente para terminar con esto de que el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo. Convengamos en que se sigue dando acá esto de que la gente humilde es abordada por gente conocedora de la cuestión legal que se aprovecha de la ignorancia de la gente para avanza sobre las propiedades de la gente y sobre los derechos que tienen los pobladores”.

Consultado acerca de si existe la posibilidad de que la investigación realizada pueda llega a ser tratada a nivel provincial, Montes explicó que “estamos hablando con algunos abogados que están vinculados con este tipo de cuestiones que tienen que ver con el Estado y estamos buscando la brecha por la cual podamos presentar este caso, teniendo en cuenta que hoy la Fiscalía de Estado va a defender los derechos de los Chubutenses, creemos que esta podría ser una manera de sentar este necesario precedente jurídico para concluir con los negocios con los bosques nativos y las tierras de nuestros antepasados”.

Incendios sospechosos

Asimismo consultado acerca del trabajo que propondrá en la Legislatura para cambiar estas realidades, dijo Montes que “vamos a trabajar para llenar ese vacío jurídico que hoy tenemos en la legislatura, lo que tenemos que evitar es que todo esto nos vuelva a pasar en Chubut, es como lo que ha sucedido en El Hoyo y en Lago Puelo esta semana de los incendios y si bien no era el momento de hacer planteos, lo que escuchamos de los pobladores es que hay muchas cosas que se podrían haber evitado”.

Asimismo sobre el incendio de El Hoyo aseguró que “es reiterativo, porque es la segunda vez que nos pasa lo mismo, año tras año vemos que los incendios se repiten y que la gente nos dice que se tendrían que haber hecho cosas que no se hicieron. Una de esas cosas es saber que cuando hay vacío jurídico hay que llenarlo para que no exista posibilidad de que alguien se aproveche de esto y termine perjudicando a la gente”.

Sobre las posibles soluciones que habría que buscar para proteger las tierras y los bosques, analizó que “en principio hay que hacer cumplir la ley de Bosques que no se está cumpliendo. Yo creo que el IAC –Instituto Autárquico de Colonización- ha sido hasta ahora una inmobiliaria, y yo creo que tenemos que empezar a tener una representación con un directorio que permita la participación de la gente para poder tener mayores controles”.

Finalmente destacó que “el Estado tiene que tener controles, porque cuando desaparecen los controles aparecen los vivos estafando a la gente y esto se tiene que terminar de una vez por todas”.

Un caso testigo que podría llegar a la Fiscalía de Estado

La investigación realizada por el ex concejal Pol Huisman en la cordillera sobre la venta de tierras a Enrique Korn, dejó en claro que se realizaron maniobras irregulares en esta venta y que el precio que se pagó por las mismas era irrisorio para el real valor que estos territorios poblados por pueblos originarios y con bosques nativos.

Sin embargo el cambio de gobierno trajo aparejado un cambio en el municipio y también en el Concejo Deliberante de El Hoyo donde al parecer esta investigación ya no tendría eco para ser retomada y que pueda llegar a una conclusión en cuanto a la recuperación de esas tierras para el Estado.

Es por ello que desde la comisión investigadora en conjunto con diputados del FPV se evalúa el poder llevar la investigación a la Fiscalía de Estado para que desde este organismo del Estado provincial se puedan retomar las conclusiones del informe realizado en el Concejo y lograr que haya una sentencia clara en cuanto a las responsabilidades de este caso.

De poder retomar esta investigación el Estado provincial se cree que habrá más posibilidades de recuperar las tierras y sus bosques y frenar el mayor negocio privado realizado en tal sentido en los últimos tiempos.