Para la jueza la asignación de los fondos públicos para la entidad privada no constituye una "donación ni un subsidio" porque fue realizado por el ministerio de Economía a expreso pedido de la comisión directiva, equiparable a tantas que el gobierno hace, destacando que el dinero no es "para los jueces" sino para la entidad, por lo que no son los jueces y funcionarios y no le cabe una "recusación masiva".

Fundamentó su postura que con igual criterio el otorgamiento del aumento del 18% por parte del Poder Ejecutivo Provincial en sus sueldos, también hubiera habilitado recusaciones, lo que constituiría una "aberración jurídica".

Asimismo mantiene que el pedido de "regalo" de dinero para su sede no está reñido con la ética y que también los jueces y funcionarios tienen derecho a una "sede digna".