La decisión de la FIA de ir a la justicia ordinaria fue en respuesta a una presentación realizada en marzo del año pasado por el presidente de la comisión vecinal, Sergio Guiñazú, y otro dirigente, Antonio Arrarás. Ambos advirtieron sobre las anomalías observadas en la obra pública de mejoramiento del barrio, dispuesta por el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y ejecutada por Inarco, la empresa que construye el megaestadio.

Los trabajos, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, forman parte del Promeba y, de acuerdo a los denunciantes, tras comparar lo realizado con el pliego licitatorio, se constataron serios incumplimientos que nunca fueron corregidos a pesar de las promesas oficiales.

Las quejas de la comisión vecinal apuntaron fundamentalmente a la deficiente construcción de los cordones cuneta, las veredas, el asfalto y el alumbrado público. También a la inexistencia de la compactación del suelo tanto en veredas como en calles y la falta de nivelación, entre otras irregularidades. Para ello entregaron como prueba 164 fotografías.

El camino elegido por Carola es consecuencia de las conclusiones a la que arribó la pericia técnica contratada por la FIA, que coincidió con las observaciones de los vecinos, ya que no se cuestionaron las casas, sino los trabajos anexos. La denuncia, trascendió, no habla de delitos ni de personas específicas, sino que describe las presuntas irregularidades y detalla quiénes fueron los responsables de la ejecución y control de las obras.

En un principio trascendió que entre los "apuntados", además de la empresa constructora, figurarían funcionarios del IPAV, aunque anoche una fuente calificada relativizó éste último dato. "Los que aparecen mencionados son los inspectores de las obras, pero no pertenecen al Instituto de Vivienda porque los servicios habían sido tercerizados. Si no, de entrada nomás, podía haberle caído un incumplimiento de los deberes de funcionario público", indicó la fuente.

Guiñazú y compañía no sólo advirtieron de las anomalías a la Fiscalía de Investigaciones, sino que llegaron a pedir la paralización de las tareas y hasta le enviaron una nota al gobernador Oscar Mario Jorge, quien derivó el problema al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Desde allí, aseguraron oportunamente los vecinos, no surgieron soluciones. Incluso desde el Concejo Deliberante, cuando el Frepam tenía mayoría, salió un escrito dirigido al Poder Ejecutivo.

En el texto que Guiñazú y Arrarás habían entregado a la FIA dejaron constancia de que la comisión vecinal debía cumplir un rol de contralor, como figuraba en el pliego licitatorio. Además, remarcaron las deficiencias que presentaba el salón de usos múltiples, donde la falta de nivel del piso provocó que el agua de lluvia escurriera hacia los baños.

En algún momento, desde el Promeba se refutó por escrito cada una de las objeciones vecinales. Fue a través de una nota del coordinador ejecutivo del programa, aunque no llevaba ninguna firme. El coordinador era Miguel de Elorriaga, por entonces general general del IPAV y actual secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa.