El conflicto se declaró el jueves pasado en Tacanas, a unos 80 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y a 10 kilómetros de San Pedro Colalao, donde según los denunciantes, la policía apoyó al terrateniente, de apellido Torino.

En la base de Tacana Chica, del pueblo Tolombón, nación diaguita del valle de Choromoro, se llevó a cabo el sábado pasado, a las 15.20, la asamblea permanente decisiva que busca de lograr el respeto de los derechos establecidos en la posesión ancestral de los territorios.

La asamblea deliberó en el lugar donde se consumaron los atropellos, a 15 kilómetros territorio adentro de la Base Tacana, en una superficie de 180 por 50 metros donde se tiene previsto cultivar maíz, poroto, entre otros productos.

En esta convocatoria se contó con la participación de los miembros del INAI, Ángela Jaramillo, directora de Afirmación de los Derechos Indígenas, acompañada por Eduardo Carrizo, representante del pueblo Diaguita en Salta del Consejo de Participación Indígena (CPI).

También estuvo el equipo técnico de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaria de Medio Ambiente, formado por Miguel Casimiro, Mercedes Velárdez, Nancy Chocobar, así como autoridades y delegados de base de Tacana Chica, Tacana Grande, Hualinchay, Rearte, Gonzalo y Potrero.

Según relatos obtenidos en la reunión, un operativo con más de cien policías provinciales de la Brigada de Infantería, uniformados y de civil, ingresó en el territorio ancestral de la comunidad Tolombón Base de Tacanas.

Su objeto era despojar a la familia de Julián Camacho y a su esposa Carmen Lera. Los peones de Torino destruyeron el cerco comunal con motosierras, destruyeron los alambrados, como así también los sembradíos.

La cantidad de policía que había. Vinieron en un colectivo, catorce autos, dos camionetas, todos con escudos y garrotes", dijo la delegada de base de Tacana, Gladys Camacho.

Añadió que "antes de cruzar el río había un grupo de cinco y, más allá, quince policías; más allá, a diez metros, había otro grupo bastante grande, más o menos de veinticinco policías. Estaban dispersos en caso de que haya un ataque en el lugar del conflicto.

La aparición de la policía el jueves fue por una orden de desalojo de una jueza de San Miguel de Tucumán, en la que se ve una clara violación a los derechos adquiridos de pueblos originarios reflejados en el artículo 75, inciso 17, en convenios internacionales y, en especial, la Ley 26.160, que prohíbe todo tipo de desalojos de pueblos indígenas en el territorio argentino.

Después de arduos debates e intercambios de opiniones y posturas sobre la situación de conflicto que atraviesan los miembros de la comunidad, especialmente la familia Camacho.

Se acordó dejar asentados en acta los hechos ocurridos y las amenazas constantes de las que son víctimas Martín Camacho y Gladys Camacho, Sergio Gustavo Córdoba, Diego Armando Córdoba y Emilce Daiana Enrique, de 14 años, que son privados de recolectar leña de sus territorios, entre otras prohibiciones que imponen el terrateniente Torino y sus trabajadores a los comuneros de Tacana.

Los comuneros de Tacana aseguraron que continuarán resistiendo los atropellos, porque hay derechos que los asisten para el resguardo del territorio ancestral, en el que habitaron los abuelos y los antepasados de cada uno de los pueblos originarios.

Por este motivo, se decidió defender la posesión de estas tierras para el cultivo familiar. En los días venideros se procederá a sembrar las tierras que pretenden usurpar los Torino.