La fiscal María Antonia de la Rúa imputó ayer a siete gremialistas por los incidentes del 4 de noviembre pasado registrados en la zona del Polo Sanitario de la ciudad de Córdoba, disturbios durante cuales se registraron agresiones a familiares de pacientes, trabajadores de los hospitales y periodistas.

Entre los imputados figura el secretario de Salud del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Marcelo Soria, a quien se le atribuye el delito de “amenazas”. Además, otros tres delegados del SEP fueron imputados, aunque por “lesiones en agresión”. Ellos son Raúl Alejandro González y José Luis Seguel (empleados del Hospital de Niños), y Emilio Néstor Martín (camillero del Hospital Rawson).

Asimismo, fueron imputados con el cargo de “lesiones leves” Carlos Rodríguez (la fiscalía no aclaró en dónde trabaja); José Marcelo Durán (Hospital de Niños), y Sebastián Moreno (delegado del Hospital Rawson). Hasta el momento, sólo el imputado Rodríguez designó un abogado defensor, mientras se aguarda que el resto lo haga en las próximas horas. Probablemente la semana próxima la fiscal De la Rúa comience a tomar declaraciones indagatorias.

Los incidentes se produjeron en el marco de la protesta vivida en el sector de la salud pública a lo largo de ocho semanas consecutivas, conflicto que actualmente está alcanzado por la conciliación obligatoria dictada por el secretario de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno.

La UTS advierte. En ese sentido, ayer comenzó la ronda de negociaciones entre la Provincia y los gremios de la salud para destrabar el conflicto motivado por diversos reclamos salariales. Tras una reunión mantenida con los negociadores oficiales, el titular de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Carlos Altamirano, advirtió que si el Gobierno no realiza una “oferta salarial, el conflicto no se resuelve”.

A la salida de la primera audiencia de conciliación, Altamirano indicó que durante “tres horas de debate intenso” la UTS planteó todos los puntos que tenía previsto discutir. “El tema salarial fue lo prioritario. No fue una reunión de amigos. Fue un tire y afloje”, dijo el profesional, dando a entender el tono del encuentro.

De la Sota, el negociador

El gobernador electo José Manuel de la Sota se definió a sí mismo como “un negociador” y dijo que justamente negociando con la Nación espera encontrar las soluciones a la demora en el envío de fondos nacionales.

“Yo soy un hombre de diálogo. Donde haya una mesa de diálogo ahí voy a estar sentado defendiendo el interés de los cordobeses”, recalcó ayer tras la reunión que mantuvo con el gobernador Juan Schiaretti​ y el intendente electo, Ramón Mestre.

“Vamos a encontrar soluciones”, sostuvo al término del encuentro, diferenciándose de la postura de Schiaretti, quien en los últimos días deslizó la posibilidad de acudir a la Justicia para reclamar los fondos que la Anses le adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

“Mi estilo es negociar. Todavía no he tenido un encuentro con la presidenta (Cristina Fernández). Entiendo que está en lo que estamos todos, armando el gabinete”, señaló De la Sota, con tono comprensivo. “Posiblemente (la reunión) será después del 10 de diciembre”, agregó