NEUQUÉN (AN).- La Justicia Federal inició a través de la fiscalía 20 instrucciones sumarias, en lo que va del año, a personas que cortaron la ruta 22 entre las localidades de Neuquén y Cutral Co. Entre los imputados está la abogada representante de los trabajadores de Cerámica Stefani lo que disparó el repudió generalizado por parte de los organismos de Derechos Humanos. La fiscal federal Cristina Beute advirtió que la causa está en etapa embrionaria y que no se trata de una persecución.

La modalidad que tienen los trabajadores de cortar rutas deriva en una acción penal que la inicia la policía con la conformación de un sumario de prevención por el cual se le da intervención a la Justicia Federal que determinar la iniciación de la instrucción sumaria.

Durante el primer semestre la fiscal Cristina Beute inició a requerimiento del Juzgado Federal 20 causas a personas involucradas durante los cortes de ruta. Son 19 trabajadores, varios de Cerámica Stefani, y la representante legal de los obreros Natalia Ormazábal. La letrada fue sumariada por la policía de Cutral Co el 4 de febrero y el pasado 7 de junio fue notificada por la fiscalía.

La instrucción sumaria generó el rechazo de los organismos de Derechos Humanos que ayer solicitaron el urgente sobreseimiento de Ormazábal.

"Entendemos que esta causa penal contra una de las abogadas de los obreros es un ataque significativo hacia la lucha ceramista y hacia el derecho de defensa de los obreros. Es un intento de disciplinar a los abogados que defienden a los trabajadores que luchan y de cercenar los derechos de los propios obreros. Mientras tanto la denuncia que se realizó en la misma Fiscalía contra los dueños de Cerámica Stefani por evasión de impuestos, no avanzó y la fiscal se declaró incompetente para investigar, enviándola a Buenos Aires", señalaron los organismos de Derechos Humanos en un comunicado conjunto dado a conocer en una conferencia de prensa donde estuvo presente la letrada imputada. Beute aclaró que "nosotros citamos a la persona involucrada para hacerle saber que hay una causa formada en su contra por la cual está imputada. A partir de que el imputado toma conocimiento tiene el derecho de ejercer su defensa y dar todas las justificaciones que hacen que su conducta no sea delictiva. Me sorprendió la reacción porque durante el año hemos tenido un montón de trámites de este tipo que son de rutina. Acá no hay una actuación persecutoria ni discriminatoria", dijo.