Imputan a los jefes de la Policía Rural del Este

Están acusados por fraude a la administración pública. Es por el manejo irregular en servicios extraordinarios.
La Justicia imputó de fraude contra la administración pública a los jefes de la Policía Rural de la zona Este. Es por haber manejado en forma irregular y poco trasparente los fondos que una petrolera multinacional les había dado para que le brindaran servicios extraordinarios de seguridad. Después de que los efectivos cuestionados fueron removidos del cargo, el compromiso asumido con la compañía debió ser cumplido por los subalternos y el interventor de la unidad.

La fiscalía quiere saber ahora qué rol cumplió el enviado de la compañía que había cerrado el trato con los policías y pagó por los servicios no prestados.

El caso salió a la luz después de una investigación realizada por Diario UNO, en donde se daba cuenta de las maniobras poco claras que se efectuaban desde la sede del Espino, de San Martín, de la Policía Rural y de las que ya tenía algunas sospechas el director de la Policía de Mendoza, Juan Carlos Caleri.

Esta semana, Juan Manuel Bancalari, abogado a cargo de la Primera Fiscalía de Instrucción, confirmó que el subcomisario Javier Maturano y el oficial inspector Gastón González, quienes eran los responsables de esa unidad, “fueron imputados por el delito de fraude contra la administración pública”. Los efectivos están señalados por manejar discrecionalmente los $20.000 que se les habían entregado para reparar una camioneta y dos motos, que finalmente no fueron arregladas, y por cobrar el servicio extraordinario de seis policías, cuando en realidad sólo dos o tres cubrían esa necesidad.

Las maniobras investigadas comenzaron a producirse a principios de julio pasado, cuando la sismográfica multinacional Global Geophisical, cumpliendo estudios encomendados por la compañía estadounidense Petrolera Apache, alquiló un galpón ubicado sobre la ruta 7, en San Martín, como futura base operativa para efectuar un relevamiento del subsuelo de la zona.

La empresa necesitaba que seis efectivos –cuatro en horas nocturnas y dos en las diurnas– equipados con una camioneta 4x4 y dos motos recorrieran el área de trabajo constantemente.

El subcomisario Maturano y su segundo en el mando, el oficial inspector González, dijeron que la unidad podía cumplir con lo encomendado y se realizó un acuerdo en donde la compañía debía pagar, a cambio de la movilidad requerida, la reparación completa del motor de una Ford Ranger que ya había cumplido su vida útil, la de dos motos y los servicios extraordinarios de los seis policías, lo que significaba unos $900 por semana por efectivo.

El acuerdo fue visado por el comisario general Ernesto González, jefe provincial de la Rural, y el jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri. Pese a esto, los $20.000 para la reparación de las tres movilidades fueron entregados directamente a los jefes de la base del Espino. Incluso las primeras semanas de los servicios extraordinarios fueron abonados por al empresa directamente a los efectivos y no siguiendo los pasos normales de depósito.

A mediados de julio, la compañía se trasladó a Tunuyán para efectuar estudios en la región y allí fueron los policías del Este.

Pero debieron hacerlo con móviles desvencijados, ya que nunca se completó el arreglo de la camioneta y las motos.

Pagaban por seis y sólo iban dos

La empresa también pagó religiosamente los servicios extraordinarios de seis efectivos, pese a que desde el Este sólo le mandaban a dos, tres o, con suerte, cuatro.

“Aquellos policías a los que se les liquidaron $900 por semana sin haber trabajado debían entregarles ese dinero a los jefes de la unidad, quienes decían que era para pagarle al mecánico que arregló la camioneta Ranger”, confirmó después una fuente del caso.

Cuando la situación fue ventilada en exclusiva por UNO, el 9 de setiembre, la dirección de la Policía de Mendoza y la Inspección General de Justicia tomaron una determinación: separaron a los jefes del Este y suspendieron por diez días al comisario general González por no haber informado en tiempo y forma la situación.

La Fiscalía de Instrucción de Juan Manuel Bancalari, pese recibir una denuncia por el caso, actuó de oficio luego para establecer si había delito y determinar responsabilidades.

Bancalari y el juzgado de turno decidieron ahora imputar al subcomisario Maturano y al oficial González. No se descarta que la acusación se amplíe a otras personas en el futuro cercano. Incluso se espera que se presente a declarar la persona de la compañía que contrató y autorizó los pagos, quien hasta el viernes no había respondido a las citaciones.

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