El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedó ayer formalmente acusado en el polémico caso Ciccone, por irregularidades en el otorgamiento de una moratoria excepcional a esa imprenta.

La medida, dispuesta por el fiscal Jorge Di Lello , se fundamenta en que el funcionario primero reclamó deudas fiscales por 247 millones de pesos a la ex Ciccone y luego le facilitó un beneficioso plan de pago a 20 años.

Hasta ayer, Boudou era el único funcionario de alto rango imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y por favorecer a esa empresa, que hoy imprime los billetes de 100 pesos. Sugestivamente, Echegaray, que tuvo un papel clave durante el trámite judicial de la quiebra de Ciccone, estuvo ayer en el acto por el pago del Boden 2012, en el que fue mencionado cordialmente por la Presidenta en su discurso; en cambio, Boudou no concurrió.

El fiscal Di Lello requirió que se avance sobre Echegaray, sobre Rafael Resnick Brenner (ex jefe de asesores del jefe de la AFIP) y sobre Alejandro Vandenbroele, director de la nueva Ciccone. Todos ellos habían sido denunciados a fines de junio por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, un mediático letrado que también denunció a Boudou por enriquecimiento ilícito en esta misma causa.

Cuando estalló el escándalo, a comienzos de año, Boudou se defendió en solitario, sin el apoyo de sus colegas del gabinete. Hasta que el 9 de marzo último Echegaray dio una conferencia de prensa donde pareció respaldarlo. Pero al pasar en su conferencia de prensa dejó en claro que Ciccone accedió a un beneficioso plan de pagos para saldar sus deudas fiscales y hasta a una quita, luego de la opinión que le pidió al vicepresidente por escrito.

Por solicitud de Echegaray, Boudou firmó una nota en la que recomendaba dar asistencia a Ciccone para pagar sus deudas, con el argumento de que el Gobierno quería evitar que quedaran trabajadores en la calle. Hoy ese papel es una de las pruebas de cargo contra el vicepresidente.

El sordo enfrentamiento entre ambos funcionarios fue el comentario de esos meses, hasta que finalmente ayer ambos quedaron en la misma situación: imputados en el caso de la ex Ciccone.

Lo que hizo Di Lello es considerar que la denuncia original de Sánchez Kalbermatten, que por cuestiones del sorteo había recaído en el juzgado de Sergio Torres, debía ser tramitada junto con la causa principal en la que está imputado Boudou, en el juzgado de Ariel Lijo. Así, la suerte de ambos funcionarios quedó unificada en el mismo expediente.

Di Lello pidió que el juez envíe a la AFIP una orden de presentación para que le manden el expediente de la ex Ciccone, todos sus anexos y todo lo relacionado con la moratoria que había solicitado la imprenta, cuando la AFIP le reclamaba 247 millones de pesos de deuda fiscal.

Sospechas

También el fiscal le pidió al juez Lijo que le reclamara a la AFIP todos los informes relacionados con otorgamientos de moratorias a empresas que tuvieran en trámite un concurso preventivo desde 2006. El fiscal quiere saber cuáles fueron los plazos de pago otorgados a esas empresas, qué tasa de interés fijó el fisco y si existieron quitas sobre los saldos adeudados y sobre el capital que se debía. La sospecha es que los beneficios impositivos que recibió la nueva Ciccone no los tuvo ninguna otra compañía en la Argentina,

Fuentes de la AFIP dijeron ayer a LA NACION que las empresas con deuda concursal que recibieron planes de pago fueron 1364 y que no hubo ninguna quita. Explicaron que no se condonaron intereses ni multas, por lo que no es una moratoria, que sí está prohibida por la ley.

Pero la AFIP -según la denuncia- sí otorgó una quita de la deuda que mantenía y un plan de pagos en 20 cuotas anuales, sin intereses, sólo por el capital adeudado. Aunque luego de las publicaciones de LA NACION eso fue corregido.

Se abrió en la AFIP el expediente que pidió ahora Di Lello, en el cual Resnick Brenner se pronunció en dos dictámenes a favor de otorgarle el beneficio a la empresa. En ese momento Echegaray le pidió opinión a Boudou, quien terminó avalando las facilidades de pagos otorgadas a la imprenta. El 18 de noviembre de 2010, Echegaray dio el visto bueno al plan de pagos, hasta que, en febrero de 2012, advirtió que no incluía los 140 millones de pesos de intereses atrasados de la ex Ciccone.

Anoche en la AFIP defendían la actuación de Echegaray, quien hoy dará una conferencia de prensa con gráficos y documentos para explicar la postura del organismo. Dijeron en el ente recaudador que "antes del plan de pagos la ex Ciccone tenía 152 juicios de ejecución y ahora el fiscal lleva recaudados 7 millones del total de los 247 que reclama y que el plan de pagos está vigente".

Por estos hechos Di Lello amplió el requerimiento de instrucción contra Echegaray, y Lijo comenzará a investigarlo junto con quien fue uno de sus colaboradores más directos.

EL ROL DEL RECAUDADOR

JULIO DE 2010

Pedido inusual

En julio de 2010, la AFIP se presenta en el expediente judicial para reclamar la quiebra de Ciccone. Echegaray, en persona, se reúne con el juez Cosentino para pedírselo.

SEPTIEMBRE DE 2010

Giro en el aire

Con los allegados de Boudou interesados en la empresa, la AFIP concede ante una consulta del juez el levantamiento de la quiebra. Cosentino lo considera "llamativo" en su fallo.

DICIEMBRE DE 2010

La moratoria especial

Luego de consultar por escrito a Boudou, la AFIP le da una moratoria excepcional a la ex Ciccone. Más tarde se descubrieron presuntas irregularidades en el trámite.

POCAS PRUEBAS CONTRA EL ESTUDIO RIGHI

El juez Ariel Lijo, que investiga una denuncia del vicepresidente Amado Boudou contra familiares del ex procurador Esteban Righi, estudia sobreseer a los acusados. Esto es así en vista de que no se reunieron pruebas de que las abogadas del estudio se hubieran reunido con Boudou para ofrecerle "aceitar" la relación con jueces federales. El fiscal Jorge Di Lello estaría de acuerdo con esta idea. Paralelamente se investiga otra denuncia de Boudou contra Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Valores, a quien acusó de extorsionarlo. Ese caso también quedaría en nada, dado que no se reunieron pruebas para sostener una acusación..