Más de 40 imputados serán juzgados de manera conjunta luego de que la Justicia Federal decidiera unificar las causas penales "Arsenal II" y "Jefatura II", en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante la última dictadura militar.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), mediante un decreto firmado por el juez Gabriel Eduardo Casas, hizo lugar a lo solicitado por Laura Figueroa, representante legal de los querellantes.

Según el tribunal, "la acumulación que se dispone permitirá compatibilizar de la mejor manera el posible interés de todos los imputados en una pronta definición de sus respectivas situaciones procesales, en dos causas que por sus características reúnen las condiciones de megacausas".

Los principales planteos esgrimidos por la abogada de la querella fueron la similitud de los delitos que derivaron en los argumentos para formular las acusaciones y la imperiosa necesidad de agilizar los tiempos procesales.

"Algunos familiares de las víctimas ya tienen más de 80 años, pero mantienen la voluntad de venir a declarar", resaltó Figueroa, al justificar su pedido.

Según la querellante, "si no se unifican ambas causas, lo mismo tendría que investigarse el circuito criminal, preguntándose desde dónde partió y dónde concluyó".

También resaltó que "el transcurso del tiempo torna conveniente la unificación porque los familiares de las víctimas y los testigos ya están viejos y los abogados cansados de tantos años de lucha".

Según Figueroa, "el circuito Jefetura-Arsenal fue reconocido por el imputado Albornoz y a nadie se le puede escapar la responsabilidad del Ejército y la Policía frente a las víctimas que permanecieron detenidas" en esos lugares.

La abogada describió en su petición que "el exterminio masivo representa el `Auschwitz tucumano`" y resaltó que "con los recientes hallazgos de restos óseos se tuvo la confirmación de lo que era sabido por todos: la muerte de las víctimas".

"El homicidio ya está probado y ahora resta demostrar el exterminio masivo, el genocidio", agregó Figueroa.

"El debate oral y público constituye una herramienta para conocer en profundidad la suerte corrida por las víctimas de crímenes de lesa humanidad", consideró la abogada.

"Este juicio es importante porque en Tucumán muchas veces no se sabe o no se entiende lo que ocurrió en la Jefatura de Policía y en el Arsenal Miguel Azcuénaga", añadió.

Por su parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal manifestaron su posición favorable a la unificación de las causas.

"Estamos en presencia de los extremos jurídico-procesales para la unificación toda vez que las causas se encuentran en el mismo estado procesal", indicaron.

De todos modos, aclararon que "al tratarse de una unificación de causas que cuentan con una pluralidad de hechos y de imputados, deberán adoptarse pautas consensuadas entre las partes y ordenadas por el Tribunal a efectos de la realización del juicio".

En ese sentido, el defensor del imputado Fernando Torres sostuvo que su cliente "se encuentra imputado en una sola de las causas que se pretenden acumular" y solicitó al Tribunal que garantice la defensa en juicio y el debido proceso legal.

Las causas en números

En la causa "Arsenales II" hay 22 imputados y 97 víctimas. En tanto que en el expediente caratulado "Jefatura II" hay otra veintena de acusados y un centenar de víctimas. Según explicaron a EL SIGLO desde la agrupación HIJOS, entre ambas causas hay 41 imputados (entre ellos el sacerdote José Eloy Mijalchik y el escribano Juan Carlos Benedicto, actualmente prófugo), 235 víctimas y más de 200 testigos.

La referente de HIJOS en Tucumán, Carolina Frangoulis, dijo que, en primer lugar, celebran "el hecho de que la Justicia Federal haya convocado a una audiencia para escuchar el pedido de la querella y de los organismos de derechos humanos antes de adoptar esta decisión tan importante".

A propósito, sostuvo que "la unificación de estas dos causas nos deja muy conformes porque consideramos que esta medida le dará celeridad a la resolución de las mismas, que estaban paralizadas".

Además, consideró que con la resolución de la Justicia "quedará más a la vista cómo funcionó el circuito represivo, a partir de la documentación que aporta el testigo Clemente en la causa Jefatura, donde habla de cómo los desaparecidos eran trasladados entre ambos centros clandestinos de detenciones y otros que funcionaron en la provincia".

Por otro lado, Frangoulis dijo que "es oportuno recordar que, así como genocidas se van muriendo por la edad, las madres y abuelas también, sumado al hecho de que hay muchos testigos que tras 35 años de lucha ya están cansados de esperar. Por eso es importante esta unificación, que permitirá una mayor celeridad para la resolución de las causas", argumentó.

La representante de HIJOS estimó que "este juicio tendrá una duración de aproximadamente un año, debido a la complejidad y a la cantidad de testigos. Por eso, lo único que nos queda pedir es que empiece el juicio entre agosto y septiembre de este año, de manera tal que el proceso finalice a fines del año que viene", subrayó.

Por su parte, Sara Mrad, titular de Madres de Plaza de Mayo en Tucumán, dijo a este diario que para los organismos de derechos humanos "es una decisión muy importante esta de unificar las causas porque aceleraría el tiempo de la Justicia y quedará demostrado cómo fue armado del sistema represivo".

Agregó que "es una medida trascendental la que adoptó la Justicia, porque hay que pensar en que muchos de estos represores están muriendo sin ser condenados y también muchos testigos que ya no están debido a que envejecieron con el paso del tiempo". Según Mrad, "estas dos megacausas demuestran claramente cómo fueron las relaciones entre las fuerzas represivas y los civiles que colaboraron con la dictadura. Cuando parcelan las causas y se juzgan por separado es más difícil demostrar cómo fue el mecanismo represivo en toda su dimensión", recalcó.