El intendente Daniel Giacomino no debió imaginar un peor escenario que el que transita para concluir su mandato. Con una ciudad paralizada producto de un gremio en pie de guerra frente a un conflicto en plena ebullición; con una nueva imputación que suma a su expediente como funcionario público; y con un gobierno entrante que no le pierde pisada, el jefe comunal debió suspender su licencia y retornar al frente del Ejecutivo municipal. Como candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Giacomino tenía previsto ausentarse desde ayer y por 10 días para hacer campaña con el resto de los postulantes de la lista. Sin embargo, los acontecimientos suscitados en las últimas horas lo obligaron a revertir esa situación y a enfrentar la acusación por “abuso de autoridad” que le hizo el fiscal Anticorrupción, Gustavo Hidalgo. La resolución trascendió públicamente ayer y surge ante el rechazo del Ejecutivo municipal del expediente con las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la licitación del sistema prepago del transporte urbano de pasajeros. También fue imputada también Andrea Larisa Dieguez, a cargo de la Oficialía Mayor, a quien a quien -según la denuncia formulada por los vocales del órgano de control- el jefe comunal le habría ordenado no dar lugar a las objeciones planteadas. Sin embargo, el abogado del intendente, José Buteler, dijo ayer a una radio local que “por la conversación que tuve con el intendente, él no ha cometido ningún delito y lo que está en juego es algo que sucedió hace ya varios meses”. Desde el municipio, y a través de un comunicado, consideraron que el problema que se discute “no tiene referencia al acto de adjudicación del sistema de prepago para el transporte urbano” y que surge a raíz de una mala interpretación de los plazos.

“La intervención de la fiscalía y el llamamiento a indagatoria del intendente, es consecuencia de una denuncia del Tribunal de Cuentas, que consiste solamente en un problema de interpretación de los plazos y términos en que ese organismo debía evacuar la vista que le fue corrida”, señala el comunicado.

Desde el equipo del Gobierno electo consideraron “una derivación lógica” esa imputación en función a “presunciones que en su momento tuvimos de un posible ilícito”. Cabe recordar que el radicalismo ya había cuestionado la decisión de Giacomino de licitar el servicio en beneficio de la unión transitoria de empresas (UTE) Siemens y Metronec, asegurando que el porcentaje del 8,4% violaba lo establecido en el pliego y superaba ampliamente lo establecido en otras provincias con mejor servicio de transporte.

El viceintendente electo Marcelo Cossar no tuvo reparos a la hora de tildar de “irregular” el contrato firmado entre el municipio con la empresa Siemens. Tampoco ahorró palabras destinadas al intendente a quien calificó de insensato. Pidió que “en un acto de sensatez que hasta el momento no tiene, el intendente debería rescindir el contrato”. Y adelantó que de no hacerlo será el primero que revise el próximo gobierno “porque no vamos a permitir que sobre actos irregulares se generen derechos, es un contrato que nunca debió llevarse adelante porque perjudica al municipio”. No obstante, cabe recordar que el municipio puso en marcha ayer la entrega de las primeras 600 mil tarjetas sin contacto.