El presidente del bloque de Unión Pro, Federico Tonelli, habló ayer, a requisitoria de La Mañana, acerca de la multa impuesta al ex intendente Mariano Grau y a algunos de sus funcionarios por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, suma que ronda el millón de pesos por presuntas irregularidades en el gasto del ejercicio 2008.

Según el edil, "ésta es una secuela de lo que hemos venido reclamando, porque las cosas se tienen que hacer correctamente, no es gratuito que exista un reglamento de contabilidad o un presupuesto".

"La administración de fondos públicos debe ser mucho más exigente que con los recursos privados, ¡esto es elemental! Su manejo discrecional trajo consecuencias demasiado graves para el bolsillo privado de quienes tengan que pagarlo, pero pone de manifiesto el nivel de irregularidades con que se han manejado en 25 de Mayo hasta el momento", sentenció.

Tonelli recordó que "este cargo corresponde al ejercicio 2008, cuyo fallo salió luego de todos los descargos que marca el Tribunal de Cuentas en el 2010. Nosotros tenemos copia autenticada del fallo y el importe que afecta al ex intendente Mariano Grau es de 9.800.000 pesos.

Son cargos de fondos públicos que fueron manejados de manera irregular, donde no habría comprobantes de cómo se gastaron y que la Ley presume que fueron administrados en forma privada y no se puede admitir una situación semejante. En consecuencia se les impone la multa para que los recursos sean restituidos desde su bolsillo".

A su vez, indicó que "el monto impuesto es en solidaridad con otros funcionarios de su gobierno, pero el que más responsabilidad tiene es Mariano Grau".

"Las leyes están para ser respetadas"

El concejal precisó que "esta rendición fue aquella en la cual (Héctor) Ambrosino pidió cerrar el debate y no nos dejaron hablar. Evidentemente uno empieza a vislumbrar que había muchas cosas que debían acallar, fue por eso que surgió aquella sesión tan enojosa donde tuvimos que votar en contra porque advertíamos un desmanejo de los fondos públicos. Ahora tenemos el análisis de personal técnico especializado, de contadores que evaluaron minuciosamente la documentación llegando a la conclusión que las irregularidades son gravosas".

Tonelli diferenció las multas aplicadas en períodos anteriores con la actual: "anteriormente se pagaron 20.000 pesos, porque los cargos eran menores, fue un año más prolijo. Pero en esta oportunidad hay muchas irregularidades que tienen que ver con beneficios. Todo lo que no pudieron acreditar es lo que ellos manifiestan que le dieron a indigentes e instituciones. No han pagado hasta el momento sumas importantes, porque no han existido cargos de tal magnitud. Lo que pasará en esta ocasión no lo sabemos, porque ellos tienen 90 días para ir al Poder Judicial, pero ahí no se revisan los números ni comprobantes de pago, sólo se atienden nulidades o notificaciones, es decir, todos los recaudos legales que tienden a garantizar la viabilidad del fallo".

"El cargo está impuesto y tiene firmeza administrativa", afirmó; subrayando que "en términos fiscales significa que no se han presentado los recursos de defensa o revisión".

Tonelli manifestó que "hay cargos para el ex presidente del Concejo Deliberante, Mario Núñez, y eventualmente puede haber para otros concejales. Cuando uno vota una cuestión que es contraria al derecho, aparecen las consecuencias. ¡El respeto por la norma debe regir en todos los ámbitos!".

"Lo importante es aprender que las leyes están para ser respetadas, los reglamentos tienen como finalidad garantizar el buen uso de los fondos públicos y cualquier persona que tenga vocación de servicio debe apegarse al cumplimiento irrestricto de las normas, y si no lo hace las consecuencias aparecen tarde o temprano", acotó.

Resaltó el edil de Unión Pro que "los cargos para Mariano Grau corren igual, por más que no sea más el Intendente de 25 de Mayo. Lo único que no se aplica es la virtual inhabilidad que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades, la cual sostiene que los funcionarios que deban cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas no pueden ejercer la función pública. Esta cuestión sí podría alcanzar a los funcionarios que aún están en el cargo.

Hasta que no lo paguen deberían renunciar o analizar cada situación, porque quien tiene una sentencia firme y consentida, no puede seguir en la actividad pública".