El vicedirector general de la cancillería israelí, Daniel Carmon, afirmó: "Tenemos derecho a la justicia y el deber de recordar". El 17 de marzo de 1992 a las 14:45 hs. un coche bomba estalló en las puertas del edificio diplomático ubicado en Arroyo 910, casi en la esquina de Suipacha, en el atentado terrorista más brutal sucedido en la Argentina hasta que dos años después se atacó la sede de la AMIA.

En ese momento no sólo colapsó el edificio de la embajada, sino también un geriátrico, un convento y una iglesia, que estaban a pocos metros. Aunque siempre se creyó que los muertos habían sido 29 personas, lo cierto es que sólo pudieron identificar 22 cadáveres.

La investigación para esclarecer la masacre estuvo a cargo desde el comienzo por la Corte Suprema de Justicia -por tratarse de una sede diplomática- y las diligencias incluyeron una cuestionada pericia en la que se hablaba de una "implosión". En aquel momento la agrupación proiraní Hezbollah se adjudicó el ataque, la misma agrupación terrorista responsabilizada por el ataque a la sede de la AMIA, donde el 18 de julio de 1994 cayeron muertas 85 personas.

En mayo de 2006 la Corte Suprema declaró que el caso iba a continuar abierto, situación que alivió a los familiares de las víctimas, aunque no hubo avances concretos. El único sospechoso que fue buscado por la Justicia fue Imad Mughniyeh, también con pedido de captura por la AMIA, pero murió en un atentado en el 2008 en Siria.

Este viernes tuvo lugar la ceremonia oficial de la que participaron el vicepresidente Amado Boudou; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak; así como al vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, entre otros.

En su discurso, el vicedirector general de la cancillería israelí, Daniel Carmon, quien se desempeñaba como cónsul al momento del ataque terrorista, señaló: "Llegamos aquí sabiendo nuestros derechos y deberes. Tenemos derecho a la justicia y el deber de recordar".

"Irán es responsable directo por lo que nos pasó aquí. Es un país donde la libertad no es un principio universal, sino que es vulnerado. Es un país gobernado por dirigentes que niegan el Holocausto y declaran la necesidad de acabar con el estado judío. (...) Es sin duda una amenaza para el mundo global entero. Amenaza que necesita una respuesta inmediata", reclamó.

Luego, el ministro israelí Yossi Peled indicó: "Es nuestro derecho y nuestra obligación defendernos a cualquier precio. Pero cuando debamos actuar, deberemos hacerlo de un modo sensato".

Más tarde, tomó la palabra Boudou, quien consideró que "es el momento de poder mirarnos a los ojos, tomarnos de las manos y saber que podemos trabajar juntos y reconocernos iguales en nuestras diferencias". El vicepresidente sostuvo que "la violencia no debe ni puede resolver ningún conflicto en ningún sentido".

"Nuestra Presidente lleva a cada uno de los foros internacionales la lucha, la palabra y la acción contra el terrorismo internacional y su financiamiento", agregó Boudou, al tiempo que afirmó que el atentado de 1992 "fue contra los 40 millones de argentinos".

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, consideró que el atentado dejó en el pueblo argentino una "profunda herida que nunca cicatrizara y más aún si no somos capaces de lograr Memoria, Verdad y Justicia".

"Pero hoy lamentablemente sólo podemos hablar de Memoria. No de Verdad, porque no la hemos encontrado. Tampoco de Justicia, porque los responsables de aquella aberración aún no han sido hallados, juzgados ni encarcelados", señaló.

Por su parte la Presidente decretó la reglamentación de la Ley 26.690 que establece un resarcimiento económico a damnificados por este atentado, tanto víctimas fatales como heridos. Mientras que la Legislatura porteña colocó una placa recordatoria en Arroyo 910.