Una cárcel nefasta, inmunda y derruida. Un pabellón en el aislamiento supremo y un régimen vergonzoso que mantenía a los presos políticos absolutamente ausentes del mundo exterior.

Ése fue el escenario que diseñó la plana mayor del Tercer Cuerpo para que cumplieran condena los presos políticos detenidos antes del Golpe.

Se calcula que fueron más de 1.800 las personas que debieron soportar el régimen comandado por Juan Bautista Sasiaiñ. Los varones ocuparon casi toda la planta alta del segundo centro de la cárcel, mientras las mujeres fueron confinadas al llamado pabellón 14, de tres niveles, al fondo del edificio.

De esa cárcel oscura, en la que los “bailes” eran cosa de todos los días, donde los golpes eran parte del reglamento interno, donde la tortura no cesaba ni siquiera mientras dormían; de esa cárcel maldita fueron trasladando en pequeños grupos a militantes doblegados y maltrechos. No los esperaba la libertad ni la Justicia. Los esperaba una ráfaga de plomo por la espalda.

Fueron ocho traslados pavorosos, y ocho falaces comunicados del Ejército, informando inexistentes intentos de fuga que siempre terminaban con los “subversivos” abatidos.

A esas muertes se sumaron otras dos más, ocurridas en los patios internos. Raúl “Paco” Bauducco, fusilado de un balazo en la mejilla ante la mirada de cientos de presos –políticos y comunes–. Raúl Mourkazel, estaqueado salvajemente durante 12 horas, desnudo, a la intemperie, a quien le arrojaban agua en pleno 14 de julio y le ponían piedras bajo su espalda.

La única señal de compasión que tuvo el sistema con estos 31 muertos, fue el hecho de que sus cuerpos no desaparecieron; fueron entregados a sus familiares en su momento, y hoy descansan en un lugar digno.

Juicio. Hoy, a las 11, comenzará un juicio que llegó 34 años tarde. Justicia incompleta, imperfecta, tardía y desdibujada; pero humana Justicia al fin. Será imposible no conmoverse al ver al ex presidente que levantó los pulgares mientras Daniel Passarella abrazaba la Copa del Mundo. Será difícil no volver a encoger las mejillas ante la carraspeante voz de Luciano Menéndez, que ayer llegó en avión desde Tucumán, donde está a punto de ser, otra vez, condenado.

Será el comienzo de un nuevo juicio, el tercero, quizá el más importante de esta historia. Y es de esperar que durante este proceso se conozcan varios detalles acerca de las complicidades civiles que también hicieron posible toda esta barbarie.

Ley de fuga, un método de mentiras

Eran demasiadas las muertes. Y era difícil sostener aquel “no están” en relación a los desaparecidos. Además hacía falta demostrar que la supuesta “guerra” se estaba librando en las calles, y que el Ejército estaba allí para “defender” a la sociedad de la subversión apátrida.

Si bien la metodología del Terrorismo de Estado prefería el secuestro y desaparición, también para sus ejecutores fue necesario entregar –cada tanto– escenas de sangre y pequeñas “victorias” en esta simulada guerra.

De allí los “fusilamientos”, que tomaban por víctimas a presos “legales”, informando mendazmente que durante un traslado habían intentado fugarse, asistidos por apoyo exterior. En todas estas fugas fallidas, coincidía el hecho de que se producían bajas en el “bando subversivo”, y ninguna entre las fuerzas del orden.

Las explicaciones mendaces parecieron dar buen resultado. La “guerra” se estaba ganando, y por eso el método continuó, entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976. En total fueron 31 muertos. Cuerpos que fueron a parar a la morgue, y que al menos tuvieron el privilegio de no terminar en una fosa común.

Una causa que aún quema

Con el juzgamiento a los ex represores –militares, policías y un civil– no concluye el abordaje de la barbarie de la represión que tuvo lugar en torno a la Penitenciaría de San Martín.

Así como a Jorge Rafael Videla se lo sienta frente al Tribunal por el hecho de que estaban a su disposición los presos políticos, también se da la realidad de que esos mismos presos estaban a cargo de la Justicia Federal. “Si traen a Videla, también deberían traer a los responsables de la Justicia”, razonan los familiares.

Ese razonamiento se convirtió a mediados de 2008 en una solicitud de ampliación al requerimiento de instrucción que formulara la fiscal Graciela López de Filoñuk.

La presentación fue realizada por los abogados Rubén Arroyo y Miguel Ceballos, “sorprendidos al advertir que se ha omitido iniciar acción penal contra sujetos que habrían tenido participación”.

Por esta solicitud es que Videla fue traído al estrado. Sin embargo el pedido fue más allá al reclamar por la “ausencia total de magistrados y funcionarios judiciales a cuya disposición se encontraban los presos asesinados, que no intentaron si quiera la más elemental diligencia para que se investigaran causas y responsables de sus muertes”. Agregan que “tampoco denunciaron las condiciones infrahumanas de detención”.

La solicitud tenía nombres y apellidos y apuntaba directamente a los ex jueces federales Miguel Ángel Puga y Eudoro Vázquez Cuestas, a los ex defensores oficiales Luis Molina, Antonio Cornejo y Ricardo Haro, y al ex procurador fiscal, Alí Fuad Alí.

Semejante presentación generó una verdadera corrida dentro de Tribunales Federales. Casi todos los fiscales se la sacaron de encima, y no extrañó que en plena feria de verano de 2009, el juez Alejandro Sánchez Freytes sobreseyera a todos por prescripción.

Luego la medida sería anulada por la Cámara Nacional de Casación Penal, adjudicándola al Juzgado Federal de La Rioja, ya que no había juez en Córdoba capaz de tomar un expediente que parecía quemar.