El bloque oficialista Tucumán Crece impulsa un proyecto de ley que establece la suspensión automática del acusado hasta tanto finalice el proceso, en caso de que la comisión de Juicio Político de la Legislatura le corra traslado de la demanda al Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento.

Este órgano, integrado por representantes de los tres poderes del Estado provincial, es el que define si corresponde la remoción del funcionario o magistrado. Pero desde la reforma constitucional de 2006, ese instituto no ha podido ser puesto en funcionamiento debido a amparos dictados a favor de los denunciados. Con las reformas normativas que impulsan, los legisladores del Partido Justicialista esperan poner en marcha por fin el Jury.

El viernes pasado, el oficialismo de la comisión de Asuntos Constitucionales le dio dictamen favorable a esta iniciativa, que forma parte de un “combo” de modificaciones propuestas por el peronista Marcelo Caponio para el Poder Judicial. No obstante, la oposición prepara un dictamen de minoría que se contraponga a la que promueve el oficialismo parlamentario.

La Constitución provincial establece en el artículo 47 que corresponde a la Legislatura analizar los procesos de remoción contra funcionarios y magistrados. Si los dos tercios de los miembros de la comisión de Juicio Político lo disponen (en la actualidad, de los 12 integrantes, nueve son oficialistas y tres, opositores), el expediente pasa al Jurado de Enjuiciamiento, órgano que define si cabe la destitución. Si la demanda prospera en esa instancia, los 37 legisladores que no actuaron durante el juicio político se constituyen en un tribunal que define el caso.

Caponio explicó que, con las nuevas modificaciones propuestas para la Ley de Jury de Enjuiciamiento (ya había sido retocada en 2014), se trata de “corregir errores formales” referidos a, por ejemplo, las recusaciones de los miembros del Jurado.

“Se equiparan las razones a lo previsto para los miembros de la comisión de Juicio Político”, señaló el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. Agregó que la eventual suspensión de magistrados y funcionarios acusados ante el Jury “responde al sentido republicano del contralor adecuado y equilibrado entre los poderes del Estado”.“Está probado que el actual sistema de enjuiciamientos contra autoridades (del PE) y magistrados no tiene aplicación alguna. Con los antecedentes que existen, no se puede avanzar en el juzgamiento del desempeño de esos funcionarios”, aseveró el peronista.

El radical José Canelada, afín a la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos), anticipó que su espacio “de ninguna manera” va a apoyar el proyecto del Partido Justicialista.

“En el contexto legal que atraviesa el oficialismo, acorralado por diversas decisiones judiciales adversas, resulta muy sospechosa (esta modificación)”, indicó Canelada. El parlamentario insistió en que el objetivo es la “persecución política” de los magistrados.