El proyecto de autoría de la Diputada Cecilia Porta de Salas (PSOL) establece que, quién entregue o permita el uso de celulares deberá ser sancionado. Prevé que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Gobierno y Justicia.

En sus fundamentos la legisladora pone de manifiesto, que en las crónicas periodísticas se observa que la inseguridad puede nacer de los propios centros de detención, y que en oportunidades se conoció que los detenidos cuentan con el acceso a teléfonos celulares.

“No se explica esta situación si existiera eficiente control policial, y esto determina que desde estas 'operaciones virtuales', se podrían perpetrar variados delitos, entre otros, secuestros virtuales o también se podrían organizar robos junto a bandas extramuros”.

"Por eso proponemos la prohibición del uso de la telefonía celular dentro de las dependencias mencionadas por parte los individuos que estén en calidad de demorados, detenidos y/o condenados. De acuerdo a la doctrina y la ley, los detenidos siguen siendo 'personas sujetos de derecho' y no queremos alterar ese derecho”, plantea el proyecto. En este contexto realizó la observación de que los privados de libertad tienen derecho a una llamada que dispone la comisaria o el penal donde este alojado.

Así se aclaró que “el derecho de un privado de libertad de realizar una llamada no se vulnera, siempre y cuando sea de un teléfono fijo, ya que la sociedad puede aceptar o rechazar la comunicación, esto ante la enunciación que la misma proviene de un establecimiento carcelario, en cambio desde un teléfono celular las personas carecen de la opción, quedando totalmente expuestas”.

Asimismo también hace mención a la Ley de Ejecución de la pena privativa de Libertad, Nº 24.660 la cual determina en uno de sus artículos que las infracciones o falta grave incluye entre otros puntos: Tener dinero u otros valores que lo remplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contar la vida, la salud o la integridad propia o de terceros.

“Como vemos, el hecho de la prohibición está vedado por la ley al referirse a "elementos electrónicos", aunque existe como una enunciación general. Por eso impulsamos esta ley que sea taxativa y prevea sanciones concretas a quienes permitan que un preso tenga acceso a un teléfono celular” concluyó.