La situación que atraviesan distintas personas de escasos recursos que debieron ser sometidas a una operación de trasplante de órganos, obliga en este caso al Estado a atender sus necesidades. Se posibilitará el acceso a beneficios que permitan su igualdad ante la sociedad, dado que en la actualidad no existen antecedentes sobre un marco regulatorio en la materia.

Ese vacío viene a ser suplido con este proyecto de ley, atento a que se propone que la autoridad de aplicación dentro de la órbita del Ministerio de Salud, lleva adelante programas dando cobertura de los controles, prácticas y estudios que se requieran en relación al trasplante y la provisión de medicamentos necesarios para la recuperación y mantenimiento del trasplante.

Respecto del ámbito laboral y de la seguridad social, como punto inicial se planeta que el trasplante no constituirá impedimento para ingresar o continuar en una relación laboral. A la vez que se promueve e incentiva el empleo a personas trasplantadas, su capacitación y formación. También se tiene en cuenta el otorgamiento de una pensión para estas personas, que se encuentren desempleadas, no cuenten con ninguna pensión, jubilación, retiro o beneficio por parte del Estado nacional, provincial o municipal.

La gratuidad del transporte público es otro elemento que prevé incorporar este proyecto de ley, para asegurarles la concurrencia a los establecimientos médicos, para controles y/o tratamientos de rehabilitación.

Otro beneficio es que sea alcanzado por un régimen de ingreso por medio de becas a los establecimientos educacionales del nivel terciario o universitario a efectos de permitir la incorporación a los planes de estudios de los trasplantados. Se añade la preferencia para el otorgamiento de una vivienda dentro de los planes habitacionales de la Provincia.