Un equipo de abogados y especialistas trabaja en la reforma del Código Procesal Penal y al Código Procesal Civil de Misiones con un objetivo prioritario: tener una justicia más ágil en todos los ámbitos. Coordinados por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago y por Cecilia Brito, a cargo del equipo legislativo, decenas de abogados, jueces y fiscales, apuran los cambios en el texto normativo que no se actualizaba desde hace por lo menos dos décadas.

Los cambios más sustanciales van todos en el mismo camino. Achicar plazos, evitar dilaciones inconducentes y equilibrar la balanza entre “poderosos” y “débiles”, sobre todo en casos laborales o de familia.

“Son normas que superan los 20 años y ya contienen muchos parches”, precisa Santiago. “Hay dos objetivos en las reformas. La primera es la celeridad procesal para que lo más rápido posible se alcance una sentencia. Debemos eliminar la burocracia tribunalicia. Simplificar plazos y criterios y aportar a la economía judicial”, coincide Brito. Santiago, quien conoce ambos lados del mostrador y tiene amplia experiencia en tribunales internacionales por su trabajo como abogado de la Entidad Binacional Yacyretá, sostiene que el “objetivo central, achicar los plazos, que no se demore más por cuestiones instrumentales. Hoy hay causas que llegan a diez años por apelaciones inconducentes”.

“El recurso extraordinario no es una tercera instancia, es justamente extraordinario. Cuando se abusa, resulta en una lesión de derechos o arbitrariedades”, insiste.

Una de las reformas más trascendentales es que la investigación judicial no dure más de dos años y después de finalizada, que no pasen más de seis meses entre elevar a juicio e iniciarlo. En el fuero Civil se plantea que la caducidad de una causa no pueda ser apelada, porque “actualmente el recurso da lugar a chicanas”:

“El objetivo es proteger el derecho del imputado, pero sobre todo, el de la víctima. Asimismo, el derecho de la comunidad como bien social a tener un final, poner certidumbre a sus derechos”, explica Santiago.

En el fuero laboral también habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, en una causa de despido sin causa, se pasará de un proceso ordinario a uno sumarísimo, expeditivo y abreviado. La ley ampara al patrón para despedir a un empleado, pero una demanda demora años hasta que pueda cobrar una indemnización. La idea en la que se trabaja es que se puntualicen criterios y valores y la sentencia sea casi automática.

Se introducirá una audiencia de conciliación previa para eliminar pruebas inconducentes y que cada parte plantee su demanda o respuestas y desde entonces, se pasará a la decisión del juez.

En lo Laboral también hay coincidencia en darle más facultades a los jueces, que ahora deben recurrir al auxilio de sus colegas del fuero penal. “Queremos que el juez laboral tenga el poder para allanar las empresas por ejemplo para detectar trabajo en negro o explotación de cualquier tipo, higiene y seguridad. Hoy debe allanar un juez penal, pero es el laboral el que realmente conoce el tema. A veces se pierden pruebas clave o hasta vidas por las demoras en hacer un allanamiento”, asegura Santiago. También se le dará al magistrado la posibilidad de consultar especialistas contables o peritos que se dediquen a ese fuero.

En el caso del fuero Civil y también el Laboral, otro cambio será la obligación de inmediata ejecución del crédito, para evitar el vaciamiento de empresas o el largo peregrinar de trabajadores para cobrar una indemnización. “Debemos poner equilibrio entre partes que no tienen la misma fuerza”, sentenció Santiago.

En el fuero penal, se buscará mejorar el sistema de investigación y fortalecer el rol del fiscal. “El juez conduce el proceso para dar garantías a todos”, opina Santiago.

En el mismo camino, se robustecerá el papel de la Policía Científica y Judicial, especialmente para preservar escenas de crímenes.

“El plazo de investigación no debe exceder dos años y elevar a juicio en no más de seis meses”, acota el ministro.

“Se plantean audiencias preliminares con recursos y o pruebas antes de ir a juicio, sin perjuicio que durante el debate se incorporen nuevos elementos”.

Fortalecer al fiscal

En el fuero penal hay coincidencias en reforzar el rol del fiscal pero se debate el del juez. Hay algunos que se inclinan por un sistema acusatorio, con el juez apartado de la investigación que quedará en manos del fiscal, y otros que apuntan a un sistema mixto, sobre todo, aplicable en el corto plazo.

Esa es la línea de pensamiento de Santiago. “Que el juez conduzca el proceso, pero con más distancia. Decide el juez, por ejemplo un allanamiento, y hasta puede decir no. Pero es el fiscal el que se encarga, para evitar así que sea juez y parte en un proceso. Debemos pasar a un sistema con más flexibilidad, aunque no del todo acusatorio”.

Para Santiago, en paralelo a las reformas que se analizan, “los mismos abogados deben asumir la responsabilidad social de no dilatar procesos” que en muchos casos no benefician a sus clientes, sino a ellos mismos.

“Debemos terminar con eso de que toda prueba es conducente. Hay que reducir a una sola admisión de la prueba conducente, si no, se estiran los juicios presentando pruebas que no llevan ni aportan nada. El juez debe poder decidir qué pruebas acepta o no en una audiencia previa”.

“Destaco la madurez de la gente que está trabajando en las reformas. Los aportes generan una autocrítica incluso para algunas cosas de la gestión judicial”; admite el ministro del STJ.

Desde el sexto piso de la Legislatura provincial, Cecilia Brito coordina el equipo de asesores que analiza y propone reformas que luego deberán ser aprobadas por los diputados. “La ventaja es que cuando el proyecto llegue al recinto, el legislador sabrá que no es un proyecto de un sector, sino consensuado por jueces, fiscales y abogados”, indica la funcionaria.