El último encuentro tuvo lugar la noche del jueves en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado. Allí se reunió un grupo numeroso -alrededor de una cincuentena de asistentes- en donde se pudo ver a representantes de las comunidades originarias, dirigentes sindicales, militantes sociales y políticos y conocidas figuras del ámbito cultural.

En la oportunidad se trasuntó un gran malestar contra la cerrada postura mendocina de no ceder un mínimo caudal de agua permanente en el cauce del Atuel. También fueron objeto de severas críticas de los concurrentes las políticas del gobierno pampeano por su pasividad ante la prepotencia cuyana y la ausencia de medidas más decididas tendientes a poner en el tema del corte del río en la agenda política.

Una posición que logró consenso y aprobación entre los asistentes es el inicio de una campaña de movilizaciones entre las que no se descartan medidas de acción directa a fin de atraer la atención de la prensa regional y nacional. De esta forma se busca aumentar la presión contra el gobierno mendocino, pues entienden que está en una situación muy cómoda frente a la tibieza de los reclamos del gobierno pampeano y su permanente apuesta al "diálogo" cuando éste nunca rindió frutos en la larga historia de desencuentros entre las dos provincias.

Si bien los organizadores y participantes de estos encuentros no han querido hacer públicas las reuniones y el tenor de que lo que en ellas se discute, en el pequeño medio santarroseño ya han trascendido y sus ecos hasta se han manifestado en la propia Mendoza. En aquella provincia algunos medios de comunicación han estado informando en los últimos días acerca de ese malestar que se está canalizando, por ahora, en voz baja.

En la provincia de Mendoza se está discutiendo actualmente en la Legislatura la habilitación del tratamiento del Tratado del Atuel firmado entre los gobernadores de las dos jurisdicciones en agosto de 2008. El tema le costó el puesto al titular del Departamento General de Irrigación, Eduardo Frigerio, quien está afrontando un juicio político acusado de "cajonear" el informe para evitar su ingreso a la Legislatura cuyana y, por ende, impedir la puesta en marcha de las acciones contempladas en el texto. El espíritu del acuerdo es realizar obras para evitar pérdidas y compartir los caudales recuperados.