Un proyecto realizado por varios legisladores provinciales apunta a dar apoyo a las administraciones con problemas por demandas.
Los legisladores Nelly Meana, Carlos Sánchez, Iván Lazzeri y Gabriela Buyayisqui (ACD) presentaron una modificación a la Ley Nº 2535, que dispuso que los embargos judiciales sobre los fondos de coparticipación, regalías y los montos que perciban en concepto de tasas y servicios cada uno de los municipios, pueden ser afectados en tal concepto hasta el 10 por ciento de dichos ingresos.
Dado que su articulado estableció su plazo de vigencia hasta 31 de diciembre de 2010, la reforma procura garantizar el pleno funcionamiento financiero de los municipios rionegrinos al extender el plazo por otros cinco años.
Los autores evalúan en la fundamentación la necesidad de dar continuidad a la norma “en el entendimiento de que en la actualidad se mantienen las condiciones fácticas que determinaron la sanción” de la ley mencionada.
Fuentes legislativas estimaron que la propuesta será analizada en el ámbito de la Cámara Baja rionegrina en un corto plazo de tiempo y que tendrá el acompañamiento de los intendentes, así como de diputados que revisten en otras fuerzas políticas.

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