Para eso hay que incorporar un artículo específico a la ley 3.487 del estatuto general y básico para el personal de la administración pública provincial.

Cides presentó una inquietud para que se incorpore al inciso "d" del artículo 11 de la mencionada ley el texto que establece: que "todo supuesto de acoso laboral se reputara un caso especial de injuria laboral".

El texto de Cides considera acoso laboral a "todo proceso –directo o indirecto– de hostigamiento, intimidación y/o persecución de naturaleza física o psicológica, realizado en el marco de una relación laboral, no impedido por el principal, persistiendo en el tiempo, por parte de uno o más sujetos, en perjuicio de uno o más trabajadores dependientes que –al margen de la producción de otros daños que podrán ser objeto de indemnización y sanción por aplicación de otras normas– conduzca a perturbar o alterar injustificadamente el desempeño de los últimos y que, en última instancia, rebele aptitud para obligarlos a abandonar el trabajo".