En medio de una embestida de sectores de la oposición que promueven iniciativas propias sobre el tema, el gobierno provincial giró ayer al Senado el anunciado proyecto de ley para regular las tareas de exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos como petróleo, gas y carbón en territorio bonaerense.

El envío del proyecto, que lleva la firma del gobernador Daniel Scioli, había sido anunciado a principios del mes de marzo pero no había sido remitido a la Legislatura hasta ayer. Ahora, será girado al menos a dos comisiones de la Cámara alta, donde se iniciará el debate en torno a un tema que ya promete generar una fuerte polémica.

Entre sus artículos, la norma que ingresó por la Cámara de Senadores faculta a la Provincia a constituir "una empresa estatal, para el logro de los objetivos propuestos en esta Ley" que podrá realizar actividades "de naturaleza operativa y comercial, en el campo de la exploración; explotación; comercialización y distribución de hidrocarburos minerales afines, tendientes a satisfacer el Interés General".

La iniciativa oficial tiene como eje central la regulación sobre las concesiones que se otorgarán a las empresas privadas que desarrollen esas tareas. En ese sentido, establece que los permisos de explotación de esos recursos se otorgarán por un plazo de 25 años aunque podrían renovarse por otros 20.

Y dispone que las empresas que acepten financiar las tareas de exploración, las más costosas de todo el proceso, tendrán prioridad en el marco de la licitación para la exploración. Para eso, crea un Registro Provincial de Empresas Hidrocaburíferas en el que deberán inscribirse las firmas interesadas en participar de esos concursos.

También crea un ente autárquico para que trabaje en la aplicación de la norma. El Organismo Provincial de Hidrocarburos y Minerales Afines (tal su nombre) estará integrado por representantes de los ministerios de Infraestructura, Producción y la Jefatura de Gabinete y de las direcciones de Minería y de Energía.

Además de limitar la cantidad de permisos que pueden obtener las empresas o personas físicas, la iniciativa del gobierno provincial también establece la obligatoriedad del pago de un canon anual como contraprestación económica por la explotación de esos recursos naturales no renovables.

En paralelo, determina que se deberá abonar una alícuota "fija o variable" de acuerdo al nivel de producción que alcance durante la vigencia del permiso y creo un Fondo Provincial de Regalías para concentrar esos pagos. En ese marco, dispone que un porcentaje de esas regalías será girado a los municipios en los que se desarrollen esas tareas de explotación.

El envío a la Legislatura del proyecto de ley de Hidrocarburos estuvo precedido por una polémica desatada en las últimas semanas, luego de que desde la oposición se adelantara la presentación de un proyecto propio, lo que despertó la reacción de integrantes del gabinete provincial que tildaron esa iniciativa como "picardías legislativas" hechas con "oportunismo".