El radicalismo quiere obligar, a través de una ley, al gobernador Francisco Pérez a que haga juicio a la Nación por los fondos que le descuenta a la Provincia de coparticipación para financiar a la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social). Según las estimaciones que hacen los radicales, Mendoza habrá dejado de percibir a fin de año 2.800 millones de pesos, una cifra equivalente a lo que se estima terminará siendo el déficit de Mendoza en 2012. El oficialismo, en tanto, prepara un dictamen técnico para enfrentar la embestida de la UCR.

Pese al receso de dos semanas que se tomarán los legisladores, el senador Juan Carlos Jaliff presentará el martes el proyecto de ley para que la Provincia inicie la demanda a la Casa Rosada ante la Corte nacional. "Nuestros argumentos apuntan al artículo 26 del anexo del decreto Nº 2.054/10 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se descuenta de los fondos de la masa coparticipable de las provincias el 15% con destino al régimen previsional", sostuvo el legislador y ex vicegobernador en diálogo con Los Andes. "Creemos que es inconstitucional", agregó.

La Constitución Nacional, en su artículo 75, sostiene que la asignación de recursos coparticipados por tiempo determinado o la modificación de dicha asignación requieren de una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de ambas cámaras. Es decir que, para poder aplicar la retención que hace la Nación a las provincias, debió existir antes una ley sancionada por el Congreso y no un decreto firmado por la Presidenta.

Lo que ocurrió en realidad es que históricamente esos descuentos a las provincias (que tienen su origen en los pactos fiscales firmados en los ´90) fueron ratificados en los diferentes presupuestos. Pero como en 2011 el Congreso no aprobó el proyecto de presupuesto oficial y Cristina prorrogó por decreto la pauta de gastos de 2010, no existió norma que avalara la retención.

"Pero no sólo eso -siguió Jaliff- sino que el decreto está mal hecho porque prorroga una ley que ya no está vigente, ya que existe una posterior y tampoco fue refrendado por la Legislatura local", afirmó. "Por lo tanto la Provincia tiene todos los elementos para hacer un juicio por inconstitucionalidad", explicó.

El fundamento político que tienen los radicales para hacer esta movida (que ya intentaron el año pasado a través de un proyecto de resolución que no tuvo los respaldos necesarios para ser aprobado) es el dinero que le sacan a la Provincia en épocas de déficit para Mendoza y superávit para la Anses.

El proyecto advierte entre sus argumentos que esta "retención indebida" a Mendoza le significó en 2011 no recibir por recursos coparticipables por 1.305 millones de pesos y en 2012, hasta el 31 de mayo, la suma es de 607 millones de pesos.

A fin de año, la Provincia no habrá percibido una cantidad cercana a los 2.800 millones de pesos. De esta cifra le corresponden por coparticipación a los municipios de Mendoza el 18,8%, suma que asciende a 526 millones de pesos. "De continuar esta situación de retención indebida, los mendocinos seguiremos perdiendo, a valores de hoy, una cifra aproximada a los 1.500 millones de pesos anuales, hasta diciembre de 2015", afirma el texto de la ley entre sus fundamentos.

Por estas horas, la Provincia busca formas para financiar el déficit pero se ha encontrado con obstáculos para conseguir el dinero.

La iniciativa de Jaliff cuenta con el respaldo de todo el radicalismo. "Lo que queremos es dejar de andar mendigando recursos y recuperar los nuestros", afirmó el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo.

Pero, más allá del ruido que puede hacer un proyecto de este tipo, los radicales hacen números en la Legislatura y se entusiasman con que sea aprobado. "Nadie tiene mayoría absoluta", sumó Cornejo. En la Cámara alta, el radicalismo cree que el PD avalará la iniciativa y confía en la venia de algunos bloques minoritarios como el PJ disidente. En Diputados, la situación para la UCR es más fácil, porque junto con los demócratas alcanzan la mayoría necesaria.

¿Cómo espera el oficialismo esta ofensiva de la UCR? "No conocemos el proyecto y vamos a evaluarlo cuando sea presentado", respondió escuetamente el vicegobernador Carlos Ciurca. Sin embargo, el Gobierno ya sabe del tema y prepara en la Legislatura un dictamen técnico que le sirva para refutar los argumentos radicales. Según confió un funcionario, el Gobernador no quiere dar una imagen a la opinión pública de que no quiere demandar a la Nación para no enfrentarse con la Presidenta.