El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Luis Naidenoff junto al titular del Bloque de Diputados partidario, Martín Hernández, salieron a cuestionar con firmeza la decisión política del gobierno de instalar en la provincia un reactor nuclear por la violación de la Constitución provincial y por la ausencia de garantías para los formoseños.

“Se encuentran en juego postulados legales y constitucionales claros en relación a esta cuestión, y con la instalación del reactor se estarían violando, el Art. 38, Inc. 3) de la Constitución Provincial y el Art. 13 de la ley 1060”, coincidieron.

“El atajo jurídico con el que se pretende salvar la inconstitucionalidad, vinculado a la salvedad del desarrollo industrial es cuestionable, puesto que lo fundamental aquí es que la instalación del reactor nuclear CAREM en nuestra provincia, provocará, por efecto de su normal funcionamiento, desechos radiactivos que serán almacenados en piletones de contención, con un importante poder radioactivo cuya duración supera en cientos y miles de años, sin que nadie, y menos este gobierno esté en condiciones de garantizar, que durante este tiempo se produzca un daño radioactivo irreversible”, advirtieron.

“El Art. 38 de la Constitución es muy claro en tal sentido al establecer “la absoluta prohibición de almacenar uranio o sus desechos”. Y el mismo criterio utiliza la ley 1060 en su art. 13 donde también establece “la prohibición de almacenamiento de sustancias radioactivas de sus desechos”, remarcó Naidenoff.

PROTECCION

“La regla de nuestra Constitución en su Art. 38 es la protección del ambiente para garantizar a los formoseños el derecho a vivir en un medio saludable. No puede imaginarse por ello que con la sola mención del desarrollo industrial se de paso a cualquier actividad nuclear, y menos cuando se prevea el almacenamiento de desechos radiactivos con enorme potencialidad dañosa para la vida humana”, enfatizó.

“Ahora bien, como con todos los temas en los cuales el gobierno toma la decisión de avanzar, lo hace con independencia de los postulados constitucionales, alentamos e impulsamos una consulta popular en la que los formoseños nos expresemos con firmeza sobre esta cuestión”, adelantó el dirigente.

Para Naidenoff, “hay que abrir un amplio debate sobre este delicado y fundamental tema. Hay que hacer audiencias públicas y el gobierno debe convocar a una consulta popular. Esta no es una decisión menor. Acá está en juego el bien jurídico que protege nuestra Constitución, y que es precisamente cuidarnos de la peligrosidad de los desechos radioactivos, por su potencial daño no solo al ambiente, sino fundamentalmente a la vida humana”.

En tal sentido apeló al Art. 4º de la Constitución provincial que establece justamente que la soberanía reside en el pueblo de la provincia, quien delibera y gobierna a través de sus representantes y autoridades establecidas en esta Constitución, y por medio del plebiscito, el referéndum y la consulta popular. “Este gobierno no puede hablar de garantía a nadie, porque no ha garantizado las mínimas condiciones de control en los servicios básicos, no garantiza el control en la corrección de la construcción de rutas y viviendas, no pudo o no quiso controlar las instalaciones de transformadores con líquidos refrigerantes prohibidos con efectos cancerígenos, no garantiza la factibilidad de sus faraónicas obras, como la del puerto que nunca sirvió para nada, y ahora pretenden que confiemos en que los desechos radioactivos se protegerán por cientos y miles de años”, reprochó.

JUSTICIA

Por otra parte, Naidenoff y Hernández adelantaron que ya se encuentran estudiando hacer presentaciones ante la Justicia provincial para poner freno a esta iniciativa. “El espíritu protectorio de nuestra Constitución no deja margen de dudas, además también está la ley provincial del ambiente 1060, que establece la misma prohibición”, argumentaron.