Antes que venza el plazo que la invalide, ingresó a la Legislatura de la provincia una presentación que reclama la inhabilitación de Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos.
La presentación fue realizada por Juan M. Torres, presidente del Centro Vecinal Valle del Nogalito, de San Isidro de Lules, contra el actual Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse.
En el extenso escrito Torres acusa al actual funcionario de "obstrucción de justicia", en razón de haber actuado como Secretario de Derechos Humanos para impedir una medida de desalojo dictada por la jueza Lemir Saravia, en el juicio Maria Agustina Carro y otros, contra Víctor Cruz, en apoyo de una supuesta comunidad aborigen.
Según indica en la presentación, en la zona, ubicada al Oeste de Lules, cerca de la Quebrada de Lules, nunca existió comunidad indígena alguna, hasta que en el año 2003 "un reducido grupo consiguió la personería jurídica en el INAI - Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Desde ese momento comenzaron a reclamar la propiedad de las tierras que originariamente constituían la estancia El Nogalito, que en el año 1849 fue adquirida por Mateo Cruz. Se produjeron, indica el escrito, ocupaciones ilegales, agresiones, quema de viviendas y de vehículos y amenazas a los actuales ocupantes, todos ellos, dice, descendientes de Cruz."
En el año 2008, agrega, luego de un largo litigio, la justicia dispuso el desalojo de uno de esos usurpadores y cuando se estaba por cumplir la medida Posse intervino para frenar la orden judicial, invocando su condición de Secretario de Derechos Humanos.
Para Torres la intervención de Posse fue "una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y una evidente obstrucción de justicia".
El expediente fue girado en la mañana de ayer a Posse para que efectúe su descargo dentro de los tres hábiles y una vez que regresen las actuaciones la Comisión de Peticiones y Acuerdos que preside el legislador José Orellana se reunirá para analizar el tema y elegir al nuevo Defensor del Pueblo.

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