Según inmobiliarios consultados, quienes prefirieron preservar la identidad para no ser víctimas de persecuciones renovadoras, dijeron que no se dio cumplimiento a la normativa vigente.

Catastro tendría que haber obtenido información de precios vigentes en toda la provincia, consultar fuentes vinculadas al mercado inmobiliario: publicaciones en secciones y suplementos especiales de los diarios de mayor circulación en Misiones; publicaciones especializadas en sitios de Internet; informes oficiales de organismos públicos provinciales y municipales. También tendrían que haber recabado datos de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Subsecretaría de Tierras y Colonización, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Municipalidad de Posadas, entre otros. Estos puntos específicos y concretos que marca la ley nunca se habrían cumplido.

Lo cierto es que ahora los inmuebles han sido “adecuados” en su Valuación Fiscal y esto recae directamente en el Impuesto Inmobiliario. Ejemplo: una persona que vive en el centro y pagaba 1000 pesos de la alícuota, ahora deberá pagar 8 mil pesos aproximadamente.