"Es imprescindible una ley que exija al sector celulósico-papelero reconvertir sus procesos"

La especialista sostuvo que si no hay una legislación actualizada que obligue a las industrias a incorporar las mejores tecnologías disponibles, "éstas van a mantener sus niveles de contaminación sin que se les pueda decir nada". Sobre el conflicto con Uruguay por la pastera Botnia dijo que en Argentina se cuenta con grupos técnicos "muy bien equipados para realizar los monitoreos", y advirtió que los mismos "deberían ser cruzados y complementarios"
La experta María Cristina Area, directora del Programa de Investigación de Celulosa y Papel de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), sostuvo que es "imprescindible" que Argentina cuente con una ley actualizada que exija a las fábricas de celulosa y papel que "reviertan sus procesos, incorporando las mejores tecnologías disponibles" para reducir al mínimo posible el impacto sobre el ambiente.

"En el 2007 y 2008 se avanzó mucho en el marco del Programa de Reconversión Industrial para la Industria de Celulosa y Papel (Pricepa) con fábricas que cumplieron con rigurosidad todos sus acuerdos, como Alto Paraná y Papel Misionero, pero fue un compromiso voluntario. Por lo tanto, hubo otras fábricas que, al no existir una ley que les exigiera reconvertir sus procesos, no inverteron en esto y mantuvieron sus niveles de contaminación sin que se les pueda decir nada", remarcó la especialista.

Area, en diálogo con Argentina Forestal.com, analizó la situación post fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el conflicto binacional Argentina-Uruguay, a partir de la instalación en la localidad charrúa de Fray Bentos de la pastera Botnia y los supuestos de contaminación, y se refirió a cómo deberían encaminarse los monitoreos conjuntos (binacionales) exigidos por el organismo internacional, así como también a las materias pendientes en Argentina.

"Antes de la instalación de la planta ya se tendrían que haber tomado muestras de agua del río Uruguay, y así contar con una línea de base, para luego poder hacer controles que permitan establecer si con el funcionamiento de Botnia hay un mayor impacto sobre la contaminación del río", sostuvo, y enfatizó "porque ahora no tenemos base de comparación".

De todas maneras, para cumplir con el fallo internacional, la especialista consideró que "en Argentina hay varios grupos técnicos muy bien equipados" para realizar los monitoreos y complementar, "así como triangular datos con los de Uruguay", y agregó que "esto es inevitable hacerlo para garantizar que la fábrica siga funcionando y que el río no se contamine".

Por otra parte, la especialista volvió a sostener que Botnia "fue construida con la mejor tecnología disponible en su momento". Explicó que esto es "algo que evoluciona constantemente", ante lo cual ejemplificó que "hoy día no puede suceder que un pueblo esté cerca de una fábrica y esté sufriendo por el olor que emita la misma". Sentenció que "esta es una cuestión que en la actualidad no se puede tolerar", y volvió a recalcar la falta de legislación adecuada en Argentina para controlar las distintas emisiones de este tipo de industrias.

"El país tiene que avanzar hacia esta reconversión, hay que apoyar a las empresas y darle a las fábricas de celulosa existentes las facilidades para que puedan ir instalando estas nuevas tecnologías" que permitan mitigar la emisión de efluentes líquidos y gaseosos, enfatizó la experta que, además, es directora del Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinadora de la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Celulosa y Papel (Riadicyp).

El fallo de La Haya sugiere un monitoreo "conjunto" de la planta de Botnia. ¿Considera que esto es viable?

Sí, esto es absolutamente viable, y es lo que se debería haber hecho desde un primer momento. Hay varios grupos técnicos en Argentina que están muy bien equipados y tienen las posibilidades de realizar los monitoreos. Además, se pueden complementar, dado que son muchos los parámetros a estudiar, se triangulan los datos de las muestras obtenidas de los dos lados del río Uruguay, e inclusive se pueden hacer triangulaciones dentro de la Argentina con dos o tres grupos de investigación que repitan los parámetros para asegurar los valores. Esta es una manera de hacer control que, además de ser necesaria, es inevitable para poder garantizar que la fábrica siga funcionando y que el río no se contamine.

Es necesario que Argentina cuente con una legislación actualizada para esta industria…

Es imprescindible. En el 2007 y 2008 se avanzó mucho en el marco del Pricepa con fábricas que cumplieron todos sus acuerdos, pero era un compromiso voluntario. Por lo tanto, había otras fábricas que se mantenían que en que si no había una ley que les exigiera reconvertir sus procesos, no invertirían en eso.

Por lo tanto, mientras que no esté vigente una ley que obligue a estas fábricas a revertir sus procesos, ellas van a mantener sus niveles de contaminación sin que se les pueda decir nada.

El proyecto contemplaba metas de largo plazo y de corto plazo. Algunos aspectos de reconversión y otros de mejoras tecnológicas. Lo que era reconversión planteaba cambios radicales en el sistema de blanqueo, aquellas fábricas que blanqueaban con cloro, hipoclorito de sodio, tenían que cambiar sus procesos a Libre de Cloro Elemental o Libre de Cloro Total.

Otras fábricas debían realizar mejoras, como el tema de los olores, o reducción de los combustibles fósiles.

Para todo esto, la ley fijaba un plazo para realizar estos cambios.

Pero realmente varias fueron las fábricas que asumieron el compromiso de invertir en mejorar sus procesos en el marco del Pricepa y lo estaban cumpliendo con rigurosidad, entre ellas, estaban las dos misioneras: Alto Paraná SA y Papel Misionero. También firmó Celulosa Argentina y otros quedaron a la firma.

Usted trabajó en el Pricepa con la SAYDS. ¿Qué resultó del programa con las empresas?

Si. Nosotros desarrollamos el Plan de Reconversión de la Industria de Pulpa y Papel de Argentina y también un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos sobre la Industria de Pulpa y Papel que fijaba los parámetros que se debieran cumplir basándose en las mejores técnicas disponibles de la industria europea principalmente.

Pero este proyecto nunca avanzó, si bien fue aprobado por todas las comisiones correspondientes de Diputados, nunca se llegó a presentar, ya que el Ejecutivo Nacional consideró que sería inoportuno, dado que el conflicto había sido presentado ante la Corte Internacional de La Haya, etcétera.

Después, cuando se fue Romina Picolotti, se desarticuló un poco el Pricepa y se enfrió un poco el tema.

A partir del fallo, todos están esperando que se reactive el tema. El trabajo realizado con el proyecto de ley fue muy bueno, se consensuó con muchos sectores, en forma activa participó la AFCP y el grupo técnico de la SAYDS que son muy capaces. Esperamos que resurja.

Evolución tecnológica constante

De acuerdo a lo manifestado por la directora del Programa de Investigación de Celulosa y Papel de la Universidad Nacional de Misiones, María Cristina Area, las tecnologías dentro del sector celulósico-papelero están en constante evolución para recudir al mínimo posible los impactos ambientales de este tipo de industrias.

De esta manera, sostuvo que no sólo se trata de las mayores tecnologías disponibles, sino también "de los parámetros propios que surgen según el entorno en el que se instalan, por ejemplo no es lo mismo si la planta va a verter sus efluentes sobre un río caudaloso, o si lo hará sobre un lago o arroyo".

En cuanto a la industria de celulosa en general, ¿se puede ratificar que las tecnologías hoy disponibles disminuyen al mínimo el impacto sobre el ambiente? ¿Es posible que una planta como la de Botnia, con el proceso adecuado en su tecnología (Libre de Cloro Elemental) y un control eficiente evite la contaminación?

Sí, las tecnologías existen y están instaladas, incluso hay tecnologías mucho más exigentes que las actualmente tiene Botnia, porque en general, en las legislaciones internacionales, el nivel de parámetros de emisión que se permite a la fábrica no depende solamente de un país, como sucede -por ejemplo- en la Unión Europea, sino que también depende del curso de agua donde la fábrica está vertiendo o verterá sus efluentes. No es lo mismo que los efluentes líquidos sean eliminados en un lago, que en un arroyo, un río común o un curso hídrico caudaloso. Estos medios acuáticos tienen una capacidad natural de solucionar esta contaminación que se está produciendo. Un río caudaloso como el Paraná tiene mayor capacidad de absorber fábricas en su cuenca, que lo que podría ser un lago.

Para los casos de aquellas fábricas que arrojan sus efluentes sobre un lago, se diseñaron tecnologías de membranas que filtran totalmente el efluente y sacan agua potable. Existe la tecnología, y existen fábricas en Europa que las tienen instaladas. Esto de las membranas es cada vez más usual, pero es muy caro. Por ello, hay que ver en cada caso si tiene algún sentido instalarla, porque si el río en el que una industria está vertiendo los efluentes tiene una capacidad de depuración natural, que a los pocos metros ya desaparece todo el efecto de lo que la fábrica está eliminando, entonces no tiene ningún sentido hacer una inversión tan grande. Son aspectos que se tienen que evaluar y que la legislación también tiene que tener en cuenta.

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