VIEDMA (AV)- El vínculo entre el gobierno de Río Negro y el Grosso Group sobre la posible explotación minera entró en un terreno confuso, según las respuestas exigidas por la oposición a un pedido de informes.

La Secretaría de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas dijo que no existe un convenio o acuerdo firmado que involucre la explotación minera metalífera o uranífera en el territorio provincial. Así lo hizo saber a través de un escrito ante un requerimiento de la legisladora Magdalena Odarda (ARI), a partir de que el año pasado la provincia hizo el respectivo anuncio sin dar mayores precisiones.

Su titular, Gabriel Savini, remitió una copia del convenio marco de prospección recordando que prevé el desarrollo de proyectos mineros que contemplen la prospección, exploración y explotación de minerales polimetálicos y energéticos.

En relación con la ejecución de la etapa de exploración, se informó que dado que a la actualidad los trabajos se encuentran en la etapa denominada en el arte minero como prospección, la cual tiene justamente por objeto determinar la posibilidad de la existencia de minerales en zonas de escasa información geológico-minera, aún no se ha determinado el plan de exploración.

Se agrega que concluida la etapa de prospección, se dará lugar al diseño de la fase de exploración, sobre la cual "de realizarse algún descubrimiento de interés, se ha previsto, dadas las condiciones generales de la geología regional, que se utilizarían perforaciones con el sistema de aire reversa", indica la respuesta.

El secretario Savini aclaró que la empresa subsidiaria de Grosso Group Management Ltd. - Minera Cielo Azul SA- ha realizado las correspondientes declaraciones juradas ambientales de lo reglamentado por la normativa vigente, las cuales han sido presentadas oportunamente al Codema, obteniendo las necesarias autorizaciones ambientales.

Informó que para la realización de todas las actividades de prospección, la empresa cuenta con el expreso acuerdo de los habitantes de la zona, firmado en los respectivos Juzgados de Paz, a solicitud del Codema en respeto de los fallos del Superior Tribunal de Justicia sobre la observancia de los derechos de los pobladores.