En primer lugar, se consideró necesario realizar una innovación en la organización del Estado, de manera que las distintas competencias ordenadas a garantizar en transito seguro fueran ejercidas por órganos verdaderamente especializados.

De acuerdo con esto, el Ministerio apoyó la sanción de la Ley Nº 8935 mediante la cual se creó la Agencia Provincial de

Seguridad Vial que responde a los propósitos de fortalecer las políticas sobre esta problemática.

En este sentido, Felipe Álvarez sostuvo que se reforzó la coordinación de las acciones en materia de control, infraestructura, concientización y educación en toda la provincia para incrementar su efectividad. Además, se fortaleció la cooperación con los municipios en materia de seguridad vial.

Del mismo modo, a través de la Ley Nº 9046 sobre un proyecto del Ministerio de Gobierno, se puso en funcionamiento la Unidad Especial de Control y Seguridad Vial para todo el territorio provincial. La creación de esta Unidad propone concentrar la organización e implementación de las tareas de control en esta nueva área.

Los roles de este espacio los desarrolla en algunos casos como responsable primario de las acciones que se desarrollan en todo el territorio provincial y en otros casos actúa como colaborador de los inspectores municipales de transito.

En segundo lugar, teniendo en cuenta la creciente participación de motocicletas y ciclomotores en los accidentes ocurridos en la provincia se promovió una medida de doble efecto. Por una parte, se agravaron las sanciones previstas en el régimen nacional al que adhiere la provincia.

En este marco, se autorizó la adopción de medidas precautorias adicionales para las infracciones contempladas en la normativa y se prohíbe el suministro de combustible a motocicletas y ciclomotores cuando alguno de sus ocupantes careciera de casco reglamentario.

Por otra parte, se dispuso la inversión de recursos presupuestarios para la adquisición de cascos normalizados y su posterior venta a conductores de motocicletas a precios subsidiados, poniendo en funcionamiento el programa “Cascos Para Todos” en toda la provincia.

En tercer lugar, los operativos de fiscalización del tránsito vehicular se incrementaron decididamente en todo el territorio, afectando una importante cantidad de personal, incluyendo a miembros de la Guardia Urbana.

En cuarto lugar, buscando ampliar la información y formación de los habitantes de la provincia, se firmaron convenios con todos los medios de prensa comprometiéndolos en la difusión de campañas y en la publicación de la normativa vigente en materia de seguridad vial.

Asimismo se dictaron charlas educativas en colegios primarios y secundarios a través de la Guardia Urbana y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Otro aspecto importante tenido en cuenta para el desarrollo de las acciones fue el firme crecimiento del parque automotor y el fenómeno de irresponsabilidad que muchos conductores exhiben cotidianamente.

Sobre estas acciones es que se obtuvieron resultados positivos registrando una disminución en la cantidad de accidentes. La reducción observada desde que comenzaron a incrementarse la frecuencia de los operativos fue del 6,53% en la Capital y 11,77% en el interior provincial.