Lucía Topolansky tuvo una semana agitada. La senadora y primera dama de Uruguay asistió a las maratónicas sesiones en el Parlamento para aprobar una ley que evita la prescripción de los crímenes de la última dictadura militar. En su primera entrevista con un medio gráfico luego del debate, Topolansky dialogó con PERFIL. “Es muy importante no transformar la justicia en revancha, y también hay que encontrar los caminos para llegar a la verdad”, reflexionó la ex guerrillera del movimiento Tupamaros.

Topolansky reconoce la importancia de no mezclar su historia personal, la de su marido y la de toda una generación de dirigentes políticos que participaron de la lucha armada en los setenta con la administración de justicia en la actualidad. “Pepe ha dicho que algunas cosas se resolverán cuando los protagonistas de aquellos tiempos estemos todos muertos”, admitió.

“El tema es altamente delicado y las heridas que dejan los procesos de dictadura son muy difíciles de saldar. Todos conformamos nuestra opinión según nuestra peripecia personal, y de algún modo cada uno, desde el lugar que le tocó vivir, tiene razón”, agregó la dirigente uruguaya.

El Frente Amplio venía trabajando en este proyecto desde mayo, cuando el oficialismo fracasó en anular la Ley de Caducidad –una norma por la que el Estado renunciaba a juzgar los delitos cometidos durante la represión ilegal– luego de que Mujica se opusiera a la iniciativa de su propio bloque parlamentario. El mandatario argumentó entonces que no quería “pasar por arriba” de dos plebiscitos populares que avalaron la ley en 1989 y 2009.

Durante meses, la izquierda uruguaya se debatió cómo remediar ese intento fallido. “Además de inconstitucional, la Ley de Caducidad es infame, y no creo que haya nadie, incluyendo a sectores de la oposición, que quiera mantenerla. El problema está en cómo hacer para dejarla sin efecto”, subrayó Topolansky. Es que, según expertos constitucionalistas, la anulación de la Caducidad como había sido planteada en mayo hubiera dejado enormes vacíos legales y generado una avalancha de recursos de amparo.

La solución que halló el gobierno fue el proyecto aprobado esta semana y promulgado ayer por Mujica. En respuesta, un grupo de uniformados retirados sostuvo que “afecta los derechos humanos y adquiridos de los militares”.

La nueva ley declara de lesa humanidad los crímenes de la dictadura y restablece al Estado su pretensión punitiva. De otra forma, esos delitos hubieran vencido para siempre el 1º de noviembre. El efecto práctico que tendrá la ley será la reactivación de expedientes sobre denuncias de familiares de víctimas que habían quedado congelados. Aunque aún es prematura, la norma podría abrir las puertas a un proceso de juicios a los represores similar al de la Argentina.

Pero el Frente Amplio tuvo que pagar un costo por las discusiones internas en torno a la lucha contra la impunidad. Varios referentes frentistas, entre los que incluso se contó a la hermana melliza y compañera de militancia de Topolansky, criticaron la ambigüedad de Mujica frente a la Ley de Caducidad. Para triunfar en el Congreso esta semana, el oficialismo tuvo que encuadrar a legisladores que en mayo habían expresado disidencias.

—¿Cree que las fricciones internas en el Frente Amplio constituyen un riesgo?

—El Frente Amplio es un frente, no un partido. Desde su nacimiento ha practicado la unidad en la diversidad, y ésa es su riqueza. Por ser un grupo político democrático genera polémicas constantemente, y hace cuarenta años que, con más trabajo o menos, el Frente logra salir de ellas. ¿Cuánto más podrá caminar así? Eso va a depender de la madurez política de todos los sectores. Somos conscientes de que separados perdemos. Por otro lado, todos los que se han ido del Frente quedaron fuera de la vida política.

—¿Usted sería candidata a presidenta si las bases del Frente Amplio se lo piden?

—Lo que sucede con las bases en el Frente es que pertenecen a los sectores que integran la Mesa Política y ya no son tan independientes como cuando surgieron. Por lo tanto, cualquier candidatura que se promueva siempre tendrá detrás a un sector. Yo soy miembro del sector más grande del Frente y hay compañeros míos que están en las bases, así que no podría darse un pedido “puro” de ellas. Además, la elección de candidaturas en el Frente Amplio se hace en un congreso y luego en elecciones internas. En otro orden de cosas, la responsabilidad de ser candidata no está en mi horizonte personal.

—¿Coincide con la idea de que Uruguay y los países latinoamericanos están “blindados” frente a la crisis económica?

—No sé si la palabra es blindados, porque en un mundo globalizado es muy difícil asegurar eso. Lo que sí creo es que los países de la región están en buenas condiciones para desenvolverse en medio de una tormenta global. Pero algo van a sentir, aunque no sea el efecto de otros momentos de nuestras economías. Muchos de nuestros países venden commodities y existe una cierta variabilidad de precios. A la vez, los problemas del dólar impactan en nuestras monedas. Pero indudablemente estamos mejor que en otras épocas.