El ministro de Infraestructura, Julio de Vido, y su equipo mantuvieron reuniones con las grandes constructoras del país vecino, como Camargo Correa y Odebrecht . Hoy habrá un encuentro con Hyundai. Apoyo de industriales paulistas.
La comitiva oficial en Brasil, que encabezó el titular de Planificación Julio de Vido, quien acompañado por el secretario de Obras Publicas, José López, el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Bortolozzi, y el embajador Luis María Kreckler, mantuvo reuniones por la mañana con los titulares de grandes empresas constructoras Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Odebrecht y Oas.
"Les mostramos el proyecto, les explicamos la importancia regional que la propia Dilma Rousseff destacó en diálogo con la presidenta Cristina Fernández y les pedimos creatividad a la hora de elaborar la estructura de financiamiento para competir en la licitación", explicó López a los medios que, como Tiempo Argentino, estuvieron presentes en San Pablo. El pliego para entrar en la licitación pública, que se realizará el 12 de diciembre, cuesta 500 mil pesos y ya fue adquirido por Pescarmona, Oas y Camargo Correa, pero se descarta que en los próximos días se van a sumar nuevos nombres paulistas. Como explicaron De Vido y López en la tarde de ayer en la sede de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), no es casualidad que el recorrido mundial se haya comenzado en Brasil, ya que existe una relación estrecha por la cual cuando uno de los países presenta un excedente en su generación de energía le envía al otro en momentos que la necesita, cuestión que gracias a las obras de transporte que se realizaron en los últimos años es posible desde cualquier región de la Argentina.
Los funcionarios argentinos explicaron que los oferentes tendrán como piso para cubrir el 50% del costo de la obra. En caso de que el ganador de la licitación efectivamente no cubra el total, aunque informalmente ya hay empresas chinas que apuntan a ese escenario, el Estado financiará el faltante a través de emisiones de valores representativos de deuda del llamado Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y con contribuciones del Tesoro Nacional. Otra característica del negocio es que las empresas argentinas tienen reservada una participación del 30 por ciento.
Una vez que finalice la obra, la empresa (o el consorcio que se conforme) que haya ganado la licitación operará y mantendrá la represa por 15 años, con un contrato que le asegura que el ciento por ciento de la energía que produzca será adquirida a un precio preestablecido, mecanismo que también servirá como garantía de repago de las obras.
Las dos centrales modificarán el nivel de calidad de la provsión de energía y su costo. Los 1740 MW que generarán ambas represas hoy se cubren con energía térmica, que precisa la importación de 1,2 millones de litros de gasoil por año, que cuestan unos U$S 1150 millones, mientras que, una vez en funcionamiento, el mantenimiento de la represa sólo precisará de U$S 50 millones, lo que determina un ahorro para el país de U$S 1100 millones.
Esta iniciativa se da en un contexto de búsqueda de cambio de la matriz energética del país para llevar el peso de la energía hidroeléctrica a un 41 % del total, al mismo tiempo que se reduciría la utilización de energía térmica a la mitad. El plan para 2020 considera una potencia de la nueva energía de 10.267 MW, distribuidos así: 5332 MW generados por hidroeléctricas, 2830 por ciclos combinados, 1370 por métodos renovables y 735 por centrales nucleares.







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