Esta situación, sumada al nuevo régimen de importaciones hace que se lentezcan los intercambios comerciales, ya que desde el primer día de este mes, los importadores argentinos están obligados a recibir autorización oficial para cada una de las compras al exterior que quieran realizar.

Al respecto, ayer por la tarde se desarrolló en el CCIR una charla sobre las modificaciones vigentes, a cargo de Fernando Botta, socio del Estudio Aduanero Rafaela.

Desde la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela se intentó despejar las dudas sobre los aspectos más salientes a analizar para el comercio, que debe detallarse por producto.

“Este régimen de información anticipada no cambia la situación productiva. Comparte la plataforma de las licencias no automáticas, que se estaban aplicando en nuestro país. La particularidad es que requiere de la autorización de los organismos que adhirieron al régimen ; y a partir de eso podemos girar las compras y girar los fondos hacia el exterior”, sostiene el despachante de aduana, sobre el sistema que tiene mucho que ver con la secretaría de comercio exterior.

“Las importaciones temporales no están afectadas por este régimen, sino que se aplica a las empresas con importaciones definitivas, por lo cual se debe anticipar la información. Se agrega un trámite previo a la compra o emisión de pedido, con un plazo de hasta 15 días para su definición”. Según Botta lo que cambia es el análisis que hace el Estado de la normativa y las posiciones arancelarias, hay un cambio en la tramitación previa.

Actualmente la política nacional mantiene un sistema de mayores controles sobre las exportaciones, con una base sistemática que viene desde 2006, con lo cual se continúan incorporando fases a un mismo proceso.

“La anticipación de información para el régimen exportador, termina en la ventanilla única electrónica, que desde la AFIP se plantea como un beneficio, lo cual será cierto cuando esté implementada por completo. Hoy en una primera etapa agrega un trámite y burocratiza el proceso, por eso es difícil verlo desde el sector privado como un beneficio”.

Esta anticipación de datos para importar es algo utilizado en todo el mundo, que aquí se debe dar a través de una declaración jurada, con un plazo de 72 horas para su autorización en AFIP, hasta diez días corridos, para el control de riesgo; para luego, a través de la Secreataría de Comercio Interior cumplir con un análisis de tiempo, plazo de embarque de la mercadería y movimientos de divisas. Lo cual funciona a la inversa de lo que se da en el agro, cuando se intenta exportar.

“Soy un convencido que se deben ejercer, en el ámbito del comercio exterior, determinados controles, pero se tendrían que analizar los métodos para poder arribar a la conclusión sobre la afección productiva que esto puede tener”, señala el despachante sobre el proceso que conlleva la importación, que en el largo tiempo que demanda conseguir el intercambio es donde radica actualmente el mayor inconveniente.

Existe con esto una afección directa a los procesos de importación que también se hacen desde la ciudad, por la anexión de tiempos a los plazos originales. En la ciudad, el total del padrón de importadores es muy amplio, generándose la entrada de productos o materias primas por la aduana local en una mínima mayoría, así como por otras del territorio nacional.

Vuelve de esta manera a plantearse la necesidad de generar un polo de servicios para el comercio exterior más amplio, que una vez superada esta etapa de transición en la tramitación, pueda conseguir el anhelo del Puerto Seco, un proyecto que quedó en la nada, ante la falta de coincidencia Ejecutiva, así como empresarial local.