Fueron más de tres horas de una reunión de trabajo que iniciada a las 9:30 de ayer pasó por varios ejes, aunque uno de los centrales fue el de las multas a diferentes empresas, lo que redundaría en un proyecto de ordenanza que tomaría estado parlamentario durante la sesión de mañana, si es que el Ejecutivo elabora a tiempo el texto para ser presentado sobre tablas desde alguna de las bancas.

Di Pierro había anticipado el lunes que serían clausuradas todas las empresas que se encuentren llevando adelante obras para la SCPL y “que estén dejando el desastre que están dejando, por ejemplo en avenida Portugal, una obra de hace un año, de un colector que por un problema que las empresas tienen con la Provincia, nos están dejando toda la avenida destruida” citando también el caso de la empresa Forever Pipe, que se encuentra realizando encamisado de caños para la SCPL: “rompe el asfalto, no lo repara y nadie controla nada; ni la Cooperativa, ni la Provincia.”

ROMPE-PAGA

Según José Gaspar, jefe de la bancada UCR en el Concejo, el proyecto de tinte sancionatorio no solo abarcará a las contratistas de la SCPL sino también a aquellas firmas contratadas por organismos provinciales que tienen a cargo obras en la vía pública y que abren varios frentes, dejando abandonados algunos por varios meses hasta que la retoman, u otras empresas que tercerizan servicios para Telefónica o Camuzzi, por ejemplo.

El concejal expuso que la legislación vigente no imprime multas sustanciosas a las faltas de responsabilidades de las empresas por rotura de calles, y que las sanciones comunes encuadradas en la ordenanza tributaria anual --recientemente modificada-- implican multas muy superiores a las que concretamente abonan las empresas de este tipo por la situación en la que dejan las calles. Más aun, extraoficialmente se asume que una empresa que dejó inconclusa una obra paga sanciones que no superan los $3.000 en todo el año.

Bajo tales parámetros, en el encuentro del que también participó el secretario de Obras y Servicios Públicos Abel Boyero, se elaborará un proyecto de ordenanza marco que contenga fuertes penalizaciones a las faltas de este tipo. Además, los ediles solicitaron que también se tome en cuenta en el marco legal a las empresas radicadas en otras ciudades que desarrollan obras contratadas por prestatarias, como Telefónica o Camuzzi.

Se baraja la posibilidad de que tales firmas deban pedir autorización a la Municipalidad para el inicio de obras, que estará anclada a una garantía monetaria reintegrable al finalizar las tareas de modo satisfactorio.

LOS BOLICHES

Di Pierro también compartió con los concejales otros ejes de trabajo que demandarán ordenanzas a futuro, como la posible regulación de los horarios de “boliches”. Sin embargo una de las conclusiones de mayor impacto de las arribadas ayer es la intimación a la SCPL para que amplíe la información vinculada con la auditoría.

Como se recordará, semanas antes la institución había oficializado tanto al Ejecutivo como al Deliberante los resultados de la investigación operativa y financiera de los últimos tres ejercicios, aunque solo trascendió un informe final, sin datos minuciosos, respecto de la compleja situación de la SCPL o sus responsables.

El poder político de la ciudad, que es además concedente de los principales servicios que sustentan a la cooperativa, quiere conocer en detalle la información contenida en los once cuadernillos que conforman tal auditoría, donde figurarían la información y los nombres “reservados”.

Mientras la entidad guarda bajo siete lleves tales documentos bajo pretexto de que podrían ser pruebas documentales en caso de juicios --sobre todo por los tres despidos surgidos como consecuencia de la investigación--, el Ejecutivo reiteró ayer en forma verbal la requisitoria y definió una intimación respectiva, que también será emulada por el Concejo.