A un mes de la implementación de las cámaras de seguridad en la capital provincial, la evaluación es positiva para la Policía de Misiones, que logró esclarecer varios hechos delictivos.

El nuevo desafío que encara el sistema es la capacitación de los agentes en el interior, a donde llegará en los próximos meses, y la sanción de una ley provincial para reglamentar el sistema de video vigilancia.

En Posadas hay unas 60 cámaras y el Programa Provincial tiene previsto la instalación en Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Aristóbulo del Valle, San Vicente y Puerto Rico, “que son ciudades que hoy necesitan está tecnología por su gran crecimiento demográfico”, indicó el Comisario General Benjamín Roa.

Desde su puesta en marcha, el pasado 23 de junio, el sistema fue captando delincuentes ingresando a distintas casas del centro, detectó a jóvenes tomando cocaína en la vía pública -lo que alertó a los efectivos de toxicomanía- o detener a ladrones realizando arrebatos en la vía pública.

“Solo este fin de semana hubo cuatro hechos que fueron detectados por las cámaras de seguridad y que permitió realizar allanamientos para esclarecer distintos robos y hechos de delitos contra la propiedad. Pero más allá de las cámaras es el trabajo conjunto entre la patrulla urbana, el comando radioeléctrico y la ayuda de los vecinos que alertan de una situación. El uso de la tecnología es un respaldo más con el que cuenta la policía”, afirmó Roa.

Para el comisario las cámaras no son la solución definitiva a los problemas de inseguridad que sufre la capital provincial. “El uso de la tecnología es un respaldo para la fuerza y permite una acción más rápida porque da datos precisos de los sospechosos, es como trabajar sincronizadamente porque al dar el aviso todo el sistema entra en alerta para tratar de dar con los sospechosos, más cuando se trata de un delito contra la propiedad, pero no es la solución definitiva”, alertó.

El sistema de video vigilancia esta compuesto por 60 cámaras autodomo, equipos alemanes de Sistemas de Seguridad Urbana Bosch, que tienen un zoom de 200 metros aproximadamente de día y noche y grabación en base de datos de 24 horas. En la primera etapa se ubicaron 60 cámaras en distintos puntos neurálgicos del centro posadeño, la costanera y las avenidas Uruguay, Quaranta, Santa Catalina, acceso oeste, Ruta 213 y Ruta 12. El sistema provincial se rige por la adhesión que realizó la provincia a la Ley 25326 (Hábeas Data) y ahora la Cámara de Diputados deberá sancionar una ley provincial de seguridad para dar un marco normativo al uso de tecnología en toda la provincia.

“Todas la captura de imágenes se rige por el sistema de Habeas Data, que resguarda los datos de las personas que se ven en las cámaras. No hay una ley nacional de video vigilancia, por lo que cada provincia, debe sancionar una ley provincial de vídeo vigilancia, que ese es el próximo paso que debe dar el sistema”, indico el comisario Juan Ramón Cáseres, quien es licenciado en comunicación y Director de Comunicaciones de la Policía.

“La experiencia que viene adquiriendo la policía con el uso de la cámaras y su utilización tienen que estar reglamentada en base a un reglamento orgánico y funcional para un mejor uso de estas tecnologías. Más allá de lo que prevé el código penal es un medio útil para hacer prevención y poder iniciar un proceso judicial. Todas las imágenes son indicio que tiene la justicia para abrir un proceso judicial”, agregó Roa.

Las imágenes captadas quedan guardadas por seis meses y están a disposición de la justicia, que puede o no utilizarla. “Cada juez determina si las quiere usar o no. Al juez le sirve como indicio para que el juez tenga la primera información, pero no reemplaza a una prueba o a una declaración de un testigo, es un elemento más en la investigación”, aclaró Roa.

Actualmente están funcionando 65 cámaras en Posadas y se prevé una segunda etapa que será destinada a los barrios periféricos con el fin de evitar lo que en la fuerza se conoce como ‘el corrimiento del delito’.

“En principio y se pensó en cubrir en la zona comercial, que hoy se muestra satisfecha con las cámaras, pero más allá de eso existen otros puntos de la ciudad, que hoy ya creció demográficamente, y que estamos trabajando en el análisis de los distintos puntos, para en un segunda etapa instalar más cámaras en los barrios periféricos de la ciudad. Se van a necesitar unas 100 cámaras más para cubrir toda la zona sur y Garupá, para tener una visión completa de la ciudad y sus barrios periféricos”, adelantó Roa.

En Oberá esperan contar con el sistema a fin de año

OBERÁ. Antes de fin de año estarían instaladas 20 cámaras de seguridad en diferentes puntos del centro y la periferia de esta localidad.

De esta forma, se optimizaría la vigilancia en las denominadas “zonas calientes” de la ciudad, según opinó el intendente Ewaldo Rindfleisch. Dicho sistema está inscripto en el Plan Provincial de Seguridad.

La ubicación de las cámaras fue consensuada por las autoridades municipales y de la Unidad Regional II de Policía, en tanto que actualmente la comuna se halla preparando la infraestructura necesaria para la colocación de las mismas.

“En principio, habrá cámaras en el centro y en diferentes sectores de los barrios más complicados por la inseguridad. Ahora estamos recorriendo los lugares asignados para ver qué estructuras haría falta para colocarlas y que presten el mejor servicio”, detalló el alcalde.

Las cámaras de seguridad serán colocadas en las rotondas de acceso a la ciudad, puntos del centro y algunos barrios, como ser Caballeriza, Villa Marttos, Cien Hectáreas y Barrio Norte, algunos de los puntos más afectados por hechos de inseguridad.

Según explicó Rindfleisch, las cámaras “serán monitoriadas por un sistema instalado en dependencias de la Unidad Regional II”.

“"A la vez, se podrían sumar las cámaras de seguridad que ya están funcionando en el ámbito privado, por lo que podríamos contar con unas 40 en total en toda la ciudad”, destacó.Sobre los beneficios del sistema, opinó que “es una instancia más, pero con esto no se resuelve del todo el problema de la inseguridad. Debemos reforzar el personal y el equipamiento que posee la Policía, contar con más seccionales y trabajar en prevención del delito”.

Para detener la inseguridad en Eldorado

ELDORADO. Más de 20 de cámaras de seguridad se empezarían a instalar en los próximos días en diversos puntos de esta ciudad. El trabajo lo lleva adelante la provincia a través del personal técnico de la Policía. Se pretende que a partir de este proceso, otras entidades o el municipio tengan interés de solicitar más de estos equipos.

El trabajo de planificación para la ubicación de los mismos ya fueron desarrolladas, el recorrido tendrá desde el kilómetro dos (zona oeste) hasta el kilómetro 13 (zona este) por la avenida San Martín.

El microcentro de la ciudad sería la zona donde habría mayor disposición de estas videocámaras, ya que allí se encuentra el sector comercial y bancario más importante. Y el resto en las bocas calles de mayor transitabilidad, caso como Ruta Nacional 12 y Transito Pesado, intersección con la avenida Formosa, e Hipólito Irigoyen.

El servicio estaría listo antes de fin de año. La Policía será la encargada del monitoreo de las cámaras, durante las 24 horas. Durante 30 días las imágenes serán archivadas, “es una práctica y efectiva este sistema de seguridad”, indicó el Comisario Principal Alejo Bermúdez.

Detalló que los lugares para la instalación serán en las avenidas San Martín y América, Córdoba y Rivadavia, “deberá tener una visibilidad de 200 metros aproximadamente, cuando mejor iluminación, mejor será la nitidez de las imágenes”, dijo el comisario.

Además “se buscará evitar las arboledas y edificios que dificulten la visualización. Mencionó que se ha cursado invitación a la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (Caciel) y a la municipalidad, “bueno ellos evaluaran si entienden que necesiten más cámaras, pero tendrán que comprarlas”, aclaró Bermúdez. Indicó que estos videos de seguridad serán enviados por la provincia.

Muchos propietarios de los comercios ubicados en el microcentro esta de acuerdo con esta implementación, “es una gran ayuda que esclarecer varios hechos, porque en los últimos meses hemos tenidos varios robos, o nos han perjudicado rompiendo los vidrios o puertas” dijo Gustavo comerciantes de la zona céntrica.

La implementación podría frenar la ola de delitos que se inició hace unas semanas, incluso muchos vecinos elevaron sus quejas debido a la falta de mayor iluminación en el Centro de la ciudad. En tanto que las puestas de los elementos en las rutas, servirán justamente para lograr detectar a los vehículos que egresan o ingresan, “en muchos casos, se han escapado delincuentes por esos cruces, y con esto será de gran aporte”, indicaron.

Las quejas de los comerciantes siguen latente con respecto a la falta de limpiezas en los baldíos, que se encuentran a pocos metros de la avenida San Martín, en donde los delincuentes suelen utilizarlos como zona de aguantaderos.

Tecnología y policías en las calles no garantizan seguridad

En el país reclaman que con las cámaras no alcanza. Que se requiere de una decisión política firme para erradicar la pobreza y la exclusión y mejorar el acceso a la educación

BUENOS AIRES periodismo social (especial para El Territorio). Un trabajo conjunto de la Red de Periodismo Social que integra el diario El Territorio permite mostrar un panorama de la realidad en diferentes provincias del país en materia de seguridad. Se pone de manifiesto la diversidad creciente del delito que exige la intervención policial y pone a prueba su capacidad de acción.

En Córdoba, un informe de la Voz del Interior evidencia que hay más policías en las calles, pero se registran más delitos que en otras provincias.

Córdoba es una de las provincias con más policías por habitantes. Posee 611 uniformados cada 100 mil habitantes, duplica largamente la tasa sugerida como piso por la Organización de la Naciones Unidas de 280. Además, la fuerza controla 91 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Córdoba que le permiten detener 1.200 delincuentes por mes.

A pesar de toda este “poder de combate”, tiene una tasa de delito por encima de la media nacional, según datos de 2008 del Ministerio de Justicia de la Nación. Ese año los delitos contra las personas fueron de 1.065 hechos cada 100 mil habitantes, un 29 por ciento más que la media nacional. La tasa de delitos contra la integridad sexual fue 41 por ciento más alta y el índice de robos, de un tercio más que en el país.

Abigeato y trata de personas

En Santa Cruz, el diario La Opinión Austral detalla que la Policía combate delitos desde el abigeato hasta el tráfico y Trata de Personas.

La Policía lleva a cabo distintas estrategias con distintos organismos de seguridad y gubernamentales para combatir las diferentes formas de delitos que se presentan en su extenso territorio con una superficie de 243.943 Km².

Con puestos de control camineros en los ingresos a las ciudades y con la instalación de cámaras de video-vigilancia la Policía santacruceña busca optimizar sus herramientas para combatir la delincuencia.

En los últimos años el Estado provincial y los municipios han tomado la iniciativa de instalar cámaras en las principales calles céntricas, luego de confeccionar el denominado mapa del delito.

Desde la Policía aseguran que los delitos por lesiones son los que más se registran en la provincia, luego le siguen los hurtos y robos, y muy atrás los asaltos violentos. Reconocen que los delitos son cometidos por personas locales como de otras provincias.

La lucha contra el tráfico y Trata de Personas aumentó en los últimos años, se realizan procedimientos en locales nocturnos en forma conjunta con organismos provinciales (Secretaría de Trabajo y Municipio) y nacionales (Ministerio de Trabajo, Migraciones y AFIP), donde se han localizados a mujeres extrajeras que permanecían ilegalmente en el país. Se han recuperado a mujeres que se encontraban cautivas.

Dimensión social del delito

Especialistas consultados sostienen que la inversión en policías y otros recursos no aseguran un descenso de los índices de delito. Y argumentaron que hay que trabajar también sobre el desempleo, la distribución de los ingresos y la exclusión social. Avanzar en materia de seguridad también es ampliar el acceso al trabajo, a la vivienda digna y la educación.

El diario El Tribuno de Salta llamó la atención sobre la baja instrucción de los internos en las cárceles. En Salta, sólo 108 presos sobre un total de 2.000 tienen el secundario completo. La cifra puede ilustrar sobre la situación social de la población acusada o penada por cometer delitos.

El subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ángel Sarmiento, calculó que el 80 por ciento de las personas privadas de la libertad es de clase baja o media baja.

De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadísticas, los robos y hurtos casi se duplicaron en menos de una década. En 2001 se registraron 16.720 delitos contra la propiedad y en 2009 fueron 32.363.

Según el censo 2010, la provincia tiene 1.215.207 habitantes y la población creció un 12 por ciento desde 2001.

En lo que va de 2011 se iniciaron 9.200 causas judiciales por robos y hurtos sólo en Salta Capital y municipios cercanos.

En los barrios, la gente pide incrementar la presencia policial como solución inmediata. La provincia cuenta con más de 8 mil policías. El Gobierno salteño anunció a principios de mes la incorporación de 100 cámaras de seguridad. Los equipos se sumarán a 30 que ya funcionan en la Capital.

En Mendoza resaltan la participación activa de la sociedad en la prevención del delito.

La apertura de la fuerza hacia la comunidad se dio por un proceso de reestruccturación de la Policía y la provincia cuenta con diversas líneas de teléfono que atienden a la alarma de los vecinos.

El diario mendocino Los Andes recordó que a principios del 2000 tuvo lugar la reforma policial en Mendoza. El asesinato del joven bonaerense Sebastián Bordón en San Rafael salpicó groseramente a la Policía y ese caso de gatillo fácil fue la gota que colmó el vaso y lo que le dio carácter de urgente a la mencionada reestructuración.

Se cambió toda la cúpula policial, derivó en la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad que incluyó la obligatoriedad de que los ministros al frente de esa cartera sean civiles y no miembros de la fuerza (en actividad o retirados).

Se crearon dependencias como la de Relaciones con la Comunidad, orientadas a interactuar con los vecinos. De esta dependencia surgió la idea de la creación de los foros vecinales y el sistema de alarmas comunitarias que hoy se ve en distintos barrios mendocinos y que tiene su base en la solidaridad de los habitantes de los barrios.

La Rioja espera las cámaras

En La Rioja se intentará proyectar una vigilancia en el micro y macro centro con la incorporación de cámaras de seguridad, que se incorporarán en lugares estratégicos, informaron del diario Nueva Rioja.

Las autoridades se encuentran analizando esta medida, para gestionar la compra de los equipos.

Más allá de los resonantes robos que se produjeron en las últimas semanas, la policía riojana sostuvo que según sus registros los delitos van en disminución.

En cuanto a robos y hurtos, que son los casos que esperan controlar con las cámaras, se dan más en la Capital, sobre todo, con arrebatos de carteras y celulares. En este aspecto, la Policía está diagramando una nueva forma de cubrir cada uno de los puntos en conflicto por estos tipos de delito.

Opinión

La sombra del delito

Hoy la sociedad percibe el crecimiento del delito a la propiedad como un problema serio.

Ahora bien, el delito está presente como un concepto genérico, con múltiples manifestaciones que revelan, entre otras cosas, su relación con la desigualdad económica y social. En ese sentido, las dificultades de integración social, tales como desempleo, inestabilidad y precariedad laboral, pobreza, indigencia, educación básica incompleta y relaciones inestables en el ámbito familiar y social entrecruzan el delito. Por ello, no es de extrañar que, a pesar del aumento en el gasto de seguridad y la incorporación de la tecnología, ningún gobierno es capaz de garantizar la seguridad, y por lo tanto sería necesario redefinir el papel del Estado en esta materia. Además, el contexto actual incluye la producción y ostentación de riqueza para unos, y la atascada movilidad social y endurecimiento de la pobreza para otros, propios de la exclusión social. Y la situación es todavía más grave si se cae en la cuenta del flagelo que significa el alcohol y las drogas, donde la lucha contra el tráfico de drogas retrocede frente a la supremacía de las campañas contra los delitos menores. Estos componentes se muestran como algo tangible y real, sin que sea posible distinguir cuál impacta más de manera clara, como consecuencia de la escasez de investigaciones y de estadísticas confiables donde confluyen estas temáticas. La lógica del delito se multiplica sin un piso institucional firme. Entonces, ¿cuáles deberían ser las políticas de Estado para disminuir el delito?

En este sentido, las políticas de Estado deben ser sistémicas porque están basadas en la integración de los componentes sociales, económicos y de seguridad, sin desconocer la configuración y dinámica regional dentro del propio espacio social, con la debida precaución y coordinación, sin relajar los controles públicos o postergar la seguridad preventiva. Así pues, la clave de todo el proceso consiste en diseñar políticas económicas con integración social, acompañadas por el fortalecimiento del Estado, variable indispensable que contribuye a evitar la proliferación del delito. Sin una voluntad política clara acompañada de eficiencia policial, judicial y carcelaria, las acciones que garantizan la seguridad son insuficientes.