Es que Inspección Laboral, tras los últimos incidentes acaecidos en Fiscalía, puso manos a la obra para chequear la seguridad de los edificios que alquila el Poder Judicial gastando más de 3 millones de pesos al año.

Días atrás, Castellanos había ordenado una inspección de rutina en las instalaciones de los citados juzgados, ubicados sobre avenida Güemes entre Rivadavia y Salta, por ser uno de los edificios más cuestionados en lo que respecta a seguridad de los trabajadores. Previamente, una inspección similar se había realizado en el edificio de Fiscalías Penales, sobre calle Junín entre República y San Martín.

En la mañana del pasado martes 16, inspectores del organismo se presentaron para realizar la inspección en las instalaciones de avenida Güemes. En el lugar, los inspectores anotaron las varias deficiencias del edificio en cuestión - puntualmente de la planta baja -, donde según el acta labrada posteriormente no se cuenta con extinguidores, hay mampostería deteriorada y elementos eléctricos que no cumplen con las normas de seguridad laborales.

Terminado el recorrido por la planta baja, los inspectores subieron al primer piso - donde funciona el Juzgado de Menores - pero no pudieron realizar ninguna clase de revisión. Esto se debió a que el numerario consigna de apellido Sánchez, encargado de la seguridad en el mencionado piso, no dejó pasar a los inspectores invocando presuntas órdenes directas del juez de Menores, Rodrigo Morabito.

Ante esta situación, los inspectores agregaron en el acta de inspección la respectiva “obstrucción a la autoridad de aplicación” producida por la negativa del policía.

Previa de palabras cruzadas

Este episodio con su respectiva obstrucción sería el corolario de una tensa disputa entre el secretario Taddeo y el director de Inspección Laboral. Según información a la que pudo acceder El Esquiú.com, el director de inspecciones de la provincia en reiteradas ocasiones ha llevado a cabo controles edilicios que no han caído para nada bien en los pasillos de la Corte de Justicia.

Sin ir más allá, en un despacho remitido a Castellanos por el abogado Taddeo, se expresa que los inspectores desplegaron - en las Fiscalías Penales - una actitud “arbitraria y agraviante” ya que no habrían requerido “permiso” a la Corte de Justicia, considerando una ofensa las inspecciones que se pretende realizar en los edificios.

En este sentido, en su respuesta escrita, Castellanos le explicó a Taddeo que los agentes inspectores no necesitan autorización para desempeñar sus tareas y le remarcó que durante todo el procedimiento los revisores estuvieron acompañados por la secretaria de Fiscalía General, Milagros Santillán, quien también rubricó el acta labrada por los inspectores. Siguiendo el escrito, Castellanos le aseguró a Taddeo que “al margen de la sensibilidad demostrada por la Corte ante las inspecciones realizadas”, no se dudará en defender el derecho a la seguridad de los trabajadores inspeccionando las dependencias del Poder Judicial.

Yendo más allá, ambos funcionarios aseguraron resguardar para los organismos que representan la posibilidad de accionar legalmente para dejar en claro los términos de la disputa. Taddeo por un lado asegura que el Poder Judicial puede iniciar acciones penales por los delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Castellanos, por su parte, enfatiza que el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de accionar por calumnias e injurias.

Así las cosas, el director de Inspección Laboral seguiría adelante con su tarea de inspeccionar las edificaciones de la Justicia, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se gasta en las mismas y las profundas deficiencias estructurales y de seguridad.