El poder sin autolimitación o el período de máxima expresión de la discrecionalidad en el nombramiento de magistrados. El impacto de los criterios del amiguismo y el parentesco en el fuero penal. La Justicia en estado de emergencia.

"Merced, favor" es la tercera acepción de "amistad", según el Diccionario de la Real Academia Española. Inmediatamente después, el mismo catálogo define a ese sustantivo como "afinidad, conexión entre cosas" y "pacto amistoso entre dos o más personas". Todos estos significados están contenidos en la amistad, palabra que Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal de la X Nominación, pronunció para definir la relación que desde chico lo une con Edmundo Jesús Jiménez, el ministro de Gobierno y Justicia que promovió su designación en el cargo.

El fiscal intentaba desembarazarse así del sambenito de amigo del Poder Ejecutivo -PE- (y, por extensión, del ministro de Economía, Jorge Jiménez) que le había colgado la familia Marchese antes y después de conocer su decisión de pedir el sobreseimiento de Gustavo Jiménez, hijo del titular de Economía, y conductor del auto que mató a Silvia Jantzon de Marchese y a Domingo Marchese el 21 de diciembre de 2006.

La amistad públicamente reconocida (y no desmentida en la Casa de Gobierno) retrotrajo las cosas del presente al pasado en que el ministro político ponía magistrados -los fiscales también lo son- en los Tribunales como si de un solitario juego de jenga se tratase. Aquel período de máxima discrecionalidad e injerencia en las designaciones comenzó el 22 de diciembre de 2003, cuando José Alperovich se estrenaba en el rol de mandatario con medidas como la supresión del limitado Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) creado en 1992.

Este órgano integrado por miembros del estamento académico, judicial y profesional sustanciaba sólo concursos de antecedentes (no de oposición) con el objeto de proponer ternas no vinculantes al PE según las necesidades de la Justicia. No era el colmo de la selección imparcial -ni mucho menos-, pero su nacimiento fue celebrado como una significativa autolimitación del poder político en su potestad para nombrar jueces. Y como un gesto de grandeza de la gestión de Ramón Bautista Ortega, cuyos Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, y Secretaría de Gobierno estaban a cargo del después diputado José Ricardo Falú (hoy defensor del hijo del ministro de Economía) y de un Edmundo Jiménez entonces 20 años más joven.

Pero aquella concesión se extinguió cuando el ex secretario orteguista, convertido ya en eterno ministro del alperovichismo (tiene un récord absoluto de permanencia en ese cargo-fusible), impulsó el regreso a la designación ajustada pura y exclusivamente a la discreción -o al dedo- del gobernador. Reversa esta que el PE justificó con la teórica intención de mejorar la calidad institucional de la Justicia, como surge de los considerandos del Decreto 24/1: "se tiene en cuenta la delicada función judicial en la que se basa la real garantía de convivencia de los ciudadanos dentro de un sano realismo, y que se nutre con la energía moral, que es la que dota a dicha función de legitimidad y sin la cual (esta) sería un mero ejercicio de la fuerza... El PE quiere contar con todos los elementos necesarios para elegir a los mejores, mediante la correcta valoración de sus aptitudes morales; su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y valores democráticos que los hagan merecedores de tan importante función...".

En la práctica, la selección de magistrados quedó reducida a una propuesta del Gobierno sometida a la opinión de la ciudadanía previa remisión del pliego a la Legislatura -con mayoría alperovichista-. "Los próximos magistrados serán amigos del poder", pronosticó el ex fiscal anticorrupción, ex diputado nacional y ex legislador, Esteban Jerez, antes de que el sistema comenzase a funcionar. El titular de la cartera política le contestó: "no hay más transparencia que poner a los candidatos a consideración de la población; aquí no se oculta nada, todos pueden opinar".

De modo que Jiménez comenzó 2004 con vía libre para colocar a sus candidatos en la Justicia, porque era él -con la excepción de alguna intervención concreta de Antonio Estofán, ex fiscal de Estado, amigo personal del gobernador y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán- quien se ocupaba de esa fanea, como entre risas pícaras admitió el 20 de octubre de ese año a un cronista de LA GACETA, a raíz de una polémica proposición de 14 abogados para cubrir igual número de vacantes judiciales, 10 de las cuales pertenecían al fuero penal. Dicha controversia obedecía a que la mayoría de los propuestos carecía de antecedentes: el caso testigo era el del letrado Fernando Rivera (yerno del ex senador mirandista José Carbonell, y entonces secretario de la Fiscalía de Instrucción de la III Nominación de Concepción -en el presente, se desempeña como secretario de la Sala V de la Cámara en lo Penal de la Capital-), a quien el PE quería nombrar defensor de Menores pese a que en su título expedido por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino constaba que había recibido 12 aplazos durante el cursado de la carrera de Procuración.

Veinte magistrados

Guillermo Herrera integró la primera cohorte de magistrados designados en virtud del mecanismo previsto en el Decreto 24/1. En un sólo acto, el PE cubrió la vacante de la Fiscalía X y siete más: Elena del Tránsito Grellet fue a la Cámara Penal de Concepción; Roberto Paz, a la Defensoría Oficial en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la IV Nominación; Adriana del Carmen Giannoni, a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la VIII Nominación; Juan Francisco Pisa, al Juzgado de Instrucción de la III Nominación; Raúl Fermoselle, al Juzgado de Instrucción de la I Nominación de Concepción; Víctor Manuel Rougés, al Juzgado Correccional de la II Nominación; y Juan Carlos Peral, al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la III Nominación. "Hacía falta llenar las distintas vacancias en el área penal; ahora ese fuero va a funcionar mucho mejor", anunció el ministro de Gobierno al término del juramento celebrado en mayo de 2004.

En efecto, fue la Justicia Penal la que recibió el mayor impacto de las designaciones regidas por la discrecionalidad. A los ya nombrados, con posterioridad se agregaron Marta Cavallotti de Parache (Sala VI de la Cámara Penal); Mario Reinaldo Velázquez (Juzgado de Instrucción y de Menores del Centro Judicial Monteros y magistrado delegado de la Corte en esa sede); Edgardo Sánchez (Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación de Concepción); Mirta del Valle Lenis de Vera (era defensora oficial y asumió como jueza de Instrucción de la V Nominación); Carlos Sale (asumió en la Fiscalía de Instrucción de IV Nominación y el año pasado ascendió a fiscal de Cámara); María Raquel Asís (Cámara Penal de Concepción); Nora Raquel Wexler de Álvarez (Juzgado de Menores de la II Nominación); Mónica García Targa (Fiscalía de Instrucción de la I Nominación de Monteros); Arnoldo Suasnábar (Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación) y María de las Mercedes Carrizo (era defensora oficial y asumió como titular de la Fiscalía de Instrucción de la IX Nominación).

Aquellas incorporaciones profundizaron la presencia del ministro de Gobierno en un fuero donde su apellido ya tenía peso por medio de su hermana Elva Graciela Jiménez -alias "Muñeca"-, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción designada durante el Gobierno de Ortega (en ese período fue también nombrada Susana Sánchez Toranzo, cónyuge del ministro, en el Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación). Justamente ese tribunal de Apelaciones había sido fortalecido por una enmienda a la Ley Orgánica de Tribunales elaborada por Jiménez y aprobada por el mirandismo cuando Alperovich ya caminaba por la provincia (y pensaba) con el traje de gobernador electo. Dicha norma concentró en la sala de Muñeca -nada más ni nada menos- que la revisión de los fallos emitidos por todos los jueces de Instrucción de la provincia.

El parto del cliché

Mientras el ministro se entretenía con su jenga de magistrados (juego que consiste en armar y desarmar una torre con bloquecitos de madera), crecía el rechazo al procedimiento ideado por el alperovichismo para llenar las vacantes. Jiménez atajaba todas las críticas con frases como esta: "no encontramos fundamentos serios en contra del nuevo mecanismo de selección de jueces. Muchos dicen que hay amiguismo y politización, pero está a la vista que nuestro sistema es todo lo contrario". Y contraatacaba: "los abogados hablan de concursos públicos que no impulsaron durante los 10 años que manejaron el CAM".

En la vereda de enfrente, letrados de la lista Mariano Moreno responsabilizaban al ministro de definir la mayor parte de los togados designados desde 1992 privilegiando los criterios de la amistad y el parentesco. "Resulta paradójico que el PE se niegue a atender el inclaudicable reclamo de la sociedad. Esta quiere que se designen jueces quienes, ante un jurado imparcial, demuestren tener las mejores condiciones intelectuales, profesionales y morales", arremetió el 1 de noviembre de 2004 el sector del Colegio de Abogados de la Capital integrado por Antonio Bustamante, Marcelo Fajre, Luis Sanna, Carlos Caramuti, Daniel Moeremans, Mario Racedo y Marcelo Billone.

Con los meses, el amiguismo y las dudas sobre la independencia de los magistrados ungidos tras la supresión del CAM devinieron en cliché político. En octubre de 2005, el ex ministro de Economía Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro acusó a Jiménez de preparar la jubilación de vocales de la Corte y de miembros del Poder Judicial con la intención de llenar esos cargos con magistrados adictos al PE. Ese mismo año, el entonces legislador radical José Cano (actual senador nacional) usó aquel argumento para fustigar al juez Pisa, que había archivado una denuncia contra la empresa Gasnor por el supuesto pago de un soborno de $ 900.000 al alperovichismo: "es un fallo bochornoso. El responsable de esta sentencia es el ministro de Gobierno: él decide quién ocupa los cargos en la Justicia y Pisa es uno de los designados por esta Administración, no tiene independencia". Siete meses después de asumir, el mismo juez había sobreseído (sin tomar declaración) a la esposa de Alperovich, Beatriz Rojkés, en la causa PIBE, pesquisa iniciada por supuestas irregularidades en la contratación de publicidad oficial durante el Gobierno de Julio Miranda.

Cuestionada como estaba, la selección de los magistrados entró en la agenda de la última Convención Constituyente y salió de allí herida de inconstitucionalidad, cuando el alperovichismo se propuso organizar por decreto (el 1.820/2006) y discrecionalmente un nuevo CAM con mayoría de consejeros del poder político. De la ardua judicialización de aquel aspecto de la enmienda surgió el Consejo que sesionó por primera vez el 30 de octubre de 2009 con la obligación de sacar a los Tribunales de la emergencia en que había caído en virtud de las acefalías acumuladas durante casi cuatro años de litigio. Pero este es un problema superficial y hasta nimio en comparación con el reto que presenta el entrevero de amistades, mercedes, favores, pactos y conexiones que enlaza al Ministerio de Gobierno del PE con la Justicia penal en particular.