Debali defendió la decisión de la fuerza de investigar tan pronto tuvo conocimiento del tema, que ya generó la separación de sus cargos de cuatro oficiales, implicados en la falsa compra de una grúa y una máquina de prueba de motores que nunca llegaron a la institución. Además, hay otra investigación en curso sobre otros integrantes de las Fuerzas Armadas por mal manejo de fondos de Naciones Unidas y una tercera en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica del Uruguay.

En la Armada, los separados son dos capitanes de navío y otros tantos capitanes de fragata. Uno de ellos ejerce funciones como agregado militar en Brasil, desde donde debió regresar. El caso de la Armada está en manos de la jueza Graciela Gatti, quien según medios de prensa locales constató compras fraudulentas por valor de entre tres y cinco millones de dólares que datan desde el año 2000.

Gatti ordenó la investigación a la nueva oficina en crimen organizado del Ministerio del Interior con alcance nacional y a cargo de Interpol y allí se les tomó declaraciones hasta ahora a unas veinte personas.

Las Fuerzas Armadas uruguayas quedaron al margen de ser juzgadas por crímenes cometidos durante la última dictadura después de que la población uruguaya votara en octubre pasado para ratificar la llamada Ley de Caducidad, una aministía dictada por el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1986, y que ya había sido ratificada por plebiscito en 1989.