En medio de la ocupación de al menos 40 hectáreas en el barrio Pirayuí e inmediaciones por más de 600 familias, la Iglesia hizo público un comunicado en el que insta al Ejecutivo provincial y comunal a acercar posiciones para dar solución al problema que surge del déficit habitacional.

A continuación se reproduce el documento de las institución eclesiástica, con el objetivo de no tergiversar su posición:

“Cerca de cumplirse el mes en que un número importante de familias ocuparon ilegalmente predios enclavados en la zona del barrio Pirayuí, reclamando la posibilidad de acceso a una vivienda digna (derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional), asombra que autoridades provinciales y municipales (el orden, para la emergencia del caso, es aleatorio), aún no han alcanzado a dar respuesta efectiva a tan acuciante situación. Ocupación que, por otro lado, no es sino el emergente de una realidad social que reclama una justicia “largamente esperada.

A este estado de cosas no se llegó en forma imprevista y repentina (aun cuando para muchos haya resultado sorpresivo), pues una multiplicidad de procesos venían gestándolo.

La causa principal de la actual situación es la enorme desigualdad social que no deja de crecer, aun habiendo mejorado los índices de pobreza e indigencia. Y la pobreza extrema provoca situaciones extremas y suscita también necesidades extremas, que muchos buscan atenuar con diversas maneras de integración urbana y de reclamo social.

Por ello, más allá de los encuadres jurídicos y de los diagnósticos, urge hallar respuestas no sólo para hoy sino con proyección de futuro.

Sigue siendo vital para nuestra provincia la justa distribución de la tierra.

Que la ocupación es ilegal. Tienen razón. Pero no por ello deja de ser legítima.

Que debieran haber agotado las vías administrativas y legales de reclamo de una vivienda digna, también es razonable. Pero lo razonable deja de ser tal cuando los plazos para obtener respuestas eficaces a necesidades apremiantes se tornan inciertos e interminables, en tanto la vida transcurre sin pausa.

También es cierto que la ocupación de estos terrenos violenta la propiedad privada y que por lo tanto, debe revertirse. Sin embargo, recordemos que, como decía Juan Pablo II, ‘Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social‘. Y, además, ‘la Propiedad Privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto‘ (Populorum Progresio 23), porque “en la necesidad, todas las cosas son comunes” (Gaudium et Spes 69), atento al principio del Derecho Universal al uso de los bienes.

Ante este triste aniversario de ocupación de tierras, de frío extremo y de necesidades acuciantes vividas por mujeres y varones, niños y ancianos, de desamparo y de controversias, ¿no será hora ya de que los poderes municipal y provincial acerquen posiciones?”, establece el documento.