Inés Peña, principal testigo en la causa por la desaparición de Julio Rolando Álvarez García el 21 de agosto de 1976, identificó hoy al ex militar Mariano Rafael Braga, como el jefe del grupo de tarea que secuestro a su esposo.
"Es la persona que está allí, a mi derecha, el teniente Braga; a esa persona nunca la voy a olvidar", expresó Peña cuando le preguntaron si podía identificar al ex militar en la sala.
Braga llegó a juicio imputado por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y de homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario junto con el ex general Luciano Benjamín Menéndez.
La testigo declaró frente al Tribunal que cuando lo llevaron a su marido "no hubo orden de allanamiento" y el ingreso de los represores a la vivienda de los padres de su esposo, en el barrio Ciudad de Nieva "fue sorpresivo", además de las amenazas.
El día que lo secuestraron a Julio Rolando estaba toda la familia, los padres, hermanos del desaparecido y las dos hijas de éste de tres años y otra de un año y medio, todos almorzando alrededor de las 13.
Luego fue en vano realizar denuncia policial en la seccional 5ta., porque no la tomaron, y posteriormente hubo un allanamiento policial en el domicilio y un oficial policial, Daniel Vilte, les comenta que los militares "se les adelantaron".
Una marca en el rostro de Braga, permitió a la familia conocer su identidad. "Es Braga", le dijo Ulises Orellana, tío de Julio, casado con Luz Álvarez García, quien había sido designada Secretaria de Educación, y al que llamaron por teléfono pidiéndole ayuda.
En el desfile del 23 de agosto, volvió a escuchar su nombre pero no lo vio, iniciando con su suegra un largo peregrinar, en el que la abuela de sus hijas logró hablar con Néstor Bulacios, sin resultados.
Desde la justicia jamás le contestaron un habeas corpus y escuchó comentarios de un oficial de policía de apellido Cafaye quien le había dicho a uno de sus cuñados que había estado en un operativo conjunto en noviembre y que trasladaron al detenido en un avión , al sur con otras 30 personas.
También se hizo eco de una información que le dio el párroco de Ciudad de Nieva, Luis Masing, en torno a que unos 30 subversivos había sido dinamitados en Tucumán.
Recordó el robo del automóvil, que nunca apareció, y documentación del caso en pleno centro luego de declarar en el Juicio de la Verdad y Habeas Corpus, y una segunda vez donde le llevaron el stereo, portafolio y material de construcción que guardaba en el baúl.
Para la familia Álvarez García fueron un suplicio las amenazas telefónicas, y la reiteración de un operativo llamado "latigazo", cortando la luz en la casa y el barrio en búsqueda de un habeas corpus colectivo por Carlos Villada y Vicente Cosentini.
Reconoció que el propio Braga les hizo llegar cartas para que levantaran la denuncia en su contra, a lo que los padres de su marido se oponían.
El represor argumentó que lo perjudicaban porque ya que el Senado de la Nación estaba tratando su pliego de ascenso en la fuerza, que finalmente fue rechazado.
Alvarez García ya había sido secuestrado en Tucumán donde estudiaba en febrero de 1976, pero liberado y retornó a Jujuy, siendo secuestrado el 21 de agosto de ese año.
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