La firme decisión de una porción de vecinos de los barrios afectados de manera más directa por una decisión caprichosa, obligó al intedendente de Santa Rosa Luis Larrañaga a dar marcha atrás -lo que ya parece ser todo un estilo- en su pretención de cerrar los pasos que comunican a distintos barrios de la ciudad a través del Centro Recreativo Don Tomás.

Paradójicamente, esa conducta de arrepentirse de las decisiones tomadas, es la que hasta el momento parece aliviarlo en parte de una confrontación más directa con los distintos sectores sobre los que ha pretendido avanzar de manera arbitraria.

Por un lado, de esas acciones -repetidas, insistentes y en diversos ámbitos- puede interpretarse que alguien que no ha estado nunca en la gestión pública va aprendiendo sobre sus propios pasos qué es lo que debe hacerse y -sobre todo- qué metodologías deben implementarse.

Pero por otro lado la situación no hace más que incrementar la preocupación, ya que crece la sensación de que el intendente llegó adonde está sin saber muy bien para qué, ni cuál es el rumbo que debe tomar.

Justamente esos desavaríos son lo que a veces mueven a sospechas: la historia política abunda en ejemplos de gobernantes que en teoría no sabían muy bien para qué ocupaban espacios de poder, aunque tenían clara la decisión de hacer negocios.

Ya no sólo es una constante el choque o la contradicción entre los dichos y los hechos, sino respecto de los propios pasos: el intendente insiste en anunciar medidas sin ningún tipo de consenso y a las pocas horas en meter reversa, consciente de que mantener lo anunciado podría ser peor.

En algún sentido, los concejales del oficialismo también han dado lectura a lo que ocurre a su alrededor y a su modo salieron a contradecir al jefe comunal cerca de otro de los anticipos que hizo en su momento, y que de hacerse realidad constituiría un retroceso respecto de lo que los ciudadanos santarroseños -la comunidad en pleno, y no un partido político puntual, ni una facción- supieron formalizar: la realización de audiencias públicas que le abran la puerta a la participación ciudadana a la hora de definir políticas locales.

Los ediles del PJ admitieron que las audiencias “son una herramienta válida”, reconociendo que incluso pueden facilitar su tarea y acercarlos a la opinión de la ciudadanía, en una declaración que va a tono con la que formuló el kirchnerista secretario de Cultura y Derechos Sociales del municipio, Miguel García, quien también testimonió su deseo de que haya una “audiencia pública todos los días”.

Había sido Larrañaga el que se declaró como alguien “no muy amigo” de las audiencias públicas, bajo la errónea consideración de que si se permiten opiniones ciudadanas o voces de los vecinos se demuestra debilidad a la hora de gobernar, cuando en realidad se trata de la situación contraria: escuchar puede ser un modo de sustentar una legitimidad que está en duda.

...y una de arena

La ola de calor que afectó a Santa Rosa durante los últimos días, provocó -en lo que no es precisamente un problema novedoso- cortes de energía eléctrica que afectaron a varios barrios de la capital provincial, y que en algunos casos se extendieron de manera extraordinaria.

ape-cpe

Los conocedores de la situación advirtieron, entonces, que la capacidad del sistema eléctrico está al límite, y que requiere de una inversión que a esta altura suena imprescindible.

Más aún: el gerente técnico de la Cooperativa Popular de Electricidad, Mario Cortina, aceptó que la situación puntual de la semana que pasó -y que en algunos casos extendió los cortes durante 15 horas- pudo ser solucionada gracias a que bajaron las temperaturas, lo que representó un alivio en el consumo y facilitó que se solucionaran los desperfectos.

Lo curioso es que la misma situación de crisis, o de emergencia, es descripta por la Administración Provincial de Energía del gobierno provincial, pero sin embargo los representantes de ambos organismos no pueden dejar de discutir y cruzarse acusaciones.

La CPE aseveró que el gobierno provincial había asumido hace tiempo el compromiso de afrontar una inversión necesaria: una estación transformadora en el sur de la ciudad, para que exista una disponibilidad de potencia acorde con las demandas de la capital provincial.

De acuerdo a los dichos de la dirigencia de la entidad solidaria, la inversión necesaria para afrontar esa obra imprescindible -de la que se advirtió su necesidad hace más de una década- no superaría en la actualidad los 7 millones de pesos.

La cifra no será pequeña, pero a veces genera escalofríos pensar que no aparecen disponibles esos fondos para una prioridad como el servicio de energía eléctrica, y en cambio hay plata fresca para megaemprendimientos fastuosos, del tipo del megaestadio o del autódromo, en los que se gasta un monto más de diez veces superior.

La reacción del gobierno provincial, frente a ese planteo público, fue una propaganda respecto de lo que sí se invirtió en los últimos años en la cuestión, como si en vez de una obligación elemental del Estado fuera en realidad una gracia concedida.

Al mismo tiempo, no puede dejar de señalarse que la CPE y sus autoridades tienen también la obligación de gestionar soluciones para las necesidades de la ciudad y sus alrededores: no se trata sólo de hacerlas públicas en tono de queja cuando se soporta alguna crisis, lo cual mueve a que se considere que puede haber cierto oportunismo político, o que es una manera de poner excusas frente a la urgencia de dar una respuesta.

Las chicanas entre dos actores centrales de la vida de los pampeanos, esas rencillas zonzas, aparecen ante la vista de los habitantes como un juego de mal gusto, cuando el fondo de la cuestión es otro: el problema que existe y hay que solucionar, y que mientras tanto pone en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y la posibilidad de producción de una comunidad.