Un tribunal constituido por Jorge Peralta, Alfredo Deleonardis y Gustavo Fissore tomó una decisión que cambiará el curso de lo acostumbrado en materia de administración fraudulenta. Se trata de la causa en la cual Jorge Trujillo y Héctor Sinecio Vargas, ambos vinculados a la titularidad de la UOCRA local, son imputados por el delito cometido en la construcción irregular de un plan de viviendas en la ciudad de Miramar.

Los defensores Gustavo Marceillac y Jorge De la Canale ofrecieron un acuerdo por medio del cual pretendían la suspensión del juicio durante tres años, a cambio del cumplimiento de tres simples condiciones por parte de los imputados: fijar domicilio en la provincia, cumplir tareas comunitarias por dos horas semanales en una entidad de bien público que ellos mismos elegirían, y someterse al control del Patronato de Liberados. Es decir, una simple probation, por medio de la cual los mencionados saldrían ilesos de un delito que implicó ganancias económicas enormes además de toda una inteligencia puesta al servicio del fraude.

El plan de viviendas en cuestión se encuentra en la calle 41 entre 36 y 38, y las fallas en su realización datan del período que va entre 1993 y 1998, cuando tres miembros de la comisión ejecutiva de aquella asociación sindical –pero de la seccional Mar del Plata- recibieron partidas de dinero, gracias a un acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En el marco del programa bonaerense Solidaridad, la provincia debía financiar un complejo habitacional de unidades.

Los acusados Jorge Trujillo y Héctor Sinecio Vargas ocupaban los cargos de secretario general y tesorero de la UOCRA. Ellos suscribieron el convenio violando sus deberes, y sin contar con autorización del organismo central.

La denuncia, realizada en 1999, indicaba que los nombrados obtuvieron a través de maniobras fraudulentas un lucro indebido, toda vez que recibieron del Instituto la suma de $677.342, cuando el valor global de las viviendas construidas era de $196.787. Es necesario considerar que los valores mencionados datan de una fecha en que regía paridad uno a uno entre pesos y dólares.

Las casas en cuestión fueron entregadas sin terminar, y realizadas con materiales de inferior calidad que los presupuestados. Se sabe que no contrataron mano de obra específica, y que además muchos de los adjudicatarios debieron pagar una suma de dinero mensual a los administradores de los fondos, cosa que no estaba prevista en el convenio. Numerosas pericias han demostrado que algunas viviendas no tenían escalera, sanitarios, grifería, ni cañerías de gas y agua. Los gastos de finalización corrieron por cuenta de cada propietario.

Por otra parte, no son aquellos los únicos acusados en la causa, sino que para que los hechos pudieran realizarse ha sido necesaria la participación cómplice de una serie de arquitectos que se desempeñaban como auditores del Instituto Provincial, quienes habrían firmado certificados falsos para que el organismo de financiación continuara girando los fondos a la UOCRA Mar del Plata. Así es que, después del la investigación, resultan hoy llevados a juicio por fraude y falsificación de instrumento público José Luis Aloisi, Mario Oscar Aued, Norberto Lemmi y María Marta Alconada por llevar a error al organismo, al confeccionar y presentar presupuestos de construcción con cómputos falsos, certificados de avance de obra que no se correspondían con la realidad y constancias de final de obra, cuando las casas no se encontraban terminadas.

Es obvio que durante todos estos años, los acusados pusieron a trabajar a sendos abogados defensores encargados de recurrir a todo lo posible: estrategias para conseguir, no solamente la nulidad de lo actuado, sino el sobreseimiento de cada uno de los nombrados.

Hay equipo

Mientras mantenía la causa en suspenso, Trujillo tampoco descansó. Cuando fue noticia la toma de las viviendas inconclusas del Plan Dignidad de Mar del Plata, se supo que detrás de este proyecto de construcción cargado de irregularidades estaban también los dirigentes de la UOCRA, aunque escudados en nombres de fantasía.

Después del episodio de Miramar, mejoraron sus ardides y formaron una ONG llamada Trabajar, con la cual volvieron a administrar dinero proveniente del Estado. El programa Dignidad tenía la finalidad de construir unidades habitacionales para reubicar a los habitantes de las viviendas precarias asentadas en la avenida Paso de esta ciudad. Fue proyectado como un mecanismo de acceso a la vivienda para personas de escasos recursos, que implicaría a la vez una acción de creación de empleo.

En ese caso, la asociación civil fundada por los Trujillo asumió la obligación de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, conservar la documentación de los gastos, rendir cuentas e informar a la autoridad sobre el avance y finalización de cada una de las etapas previstas en el plan, así como de toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto.

Debía recibir inspecciones, y prestar la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo. Pero a diferencia de lo sucedido con el caso de Miramar con las complicidades de los profesionales, jamás hubo por parte del Estado provincial o municipal un control del proyecto. Tampoco las autoridades del Instituto de la Vivienda observaron la ejecución de las obras, ni la efectiva aplicación de los fondos asignados.

Pero en el caso que ocupa este informe, Trujillo y Vargas ofrecieron un acuerdo casi infantil a la espera de la salvación, ya que hasta ahora habían gozado de una impunidad casi permanente. Afortunadamente, una de las abogadas querellantes adujo que los acusados ni siquiera habían ofrecido a las víctimas la reparación económica del daño, como forma de considerar la más mínima preocupación por la pérdida causada.

Por supuesto que los defensores se negaron a la posibilidad de que los acusados paguen con dinero, a causa de que no hay juicio civil. Es allí donde los magistrados del Tribunal en lo Criminal Nº 4 aclararon que la posible reparación es independiente, y propia de este juicio penal. Afirman cuando citan a Vitale: “(la reparación) procura brindar alguna respuesta a la víctima a través de alguna forma de desagravio frente al daño que pueda habérsele causado, como un intento de internalizar en el imputado la existencia de un posible afectado por el hecho que se le atribuye”.

Por esa razón responden de manera negativa al acuerdo, y definitivamente desestiman aquella solicitud de probation, a la vez que disponen que se siga adelante con el juicio penal correspondiente.

La novedad no es que haya un juicio más, sino que este caso permitirá -si la razón continúa imperando- poner un límite a la sucesión de impunidades con la que los funcionarios de la UOCRA vinieron manejándose en sus irregularidades sucesivas. Además, se lograría que en el marco de esta causa sean nuevamente convocados todos aquellos que hicieron miradas esquivas a lo que estaba sucediendo en Miramar, que no podría haber sido tan efectivo sin varios veedores ciegos, sordos y mudos: los que correspondían a cada uno de los entes que tenían a su cargo el contralor de la inversión de dineros del Estado.

Como siempre

Pero por supuesto que este no es el único caso ni el más cercano que pone en foco los planes de construcción de viviendas en los que intervienen organismos del Estado en connivencia con particulares que llevan adelante la acción del fraude. El ejemplo más cercano es lo sucedido con el llamado barrio IMDUR en esta ciudad, el grupo de torres que se construyó en el ex predio del Vivero Municipal a principio de los noventa, en las manzanas delimitadas por las calles Alvarado, Tres Arroyos, Garay y República del Líbano.

Según un informe judicial las falencias son múltiples, pero baste citar que en realidad, para el plano de la ciudad, los edificios legalmente no existen, ya que el predio figura aún como vivero municipal, acción con la cual la Municipalidad de General Pueyrredon insiste en desproteger a sus 2500 habitantes. Tampoco existen los planos ni el final de obra, lo cual genera al menos preocupación por la situación de los servicios. La central eléctrica, por ejemplo, carece de cerco, con el consecuente peligro para los niños de la zona.

La situación legal de los adjudicatarios es incierta: tienen una mera tenencia provisoria. Las cuotas por los departamentos se pagan en el Banco Hipotecario, pero el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires no ha cumplido con lo proyectado en equipamiento comunitario ni en las normas establecidas para la construcción: las instalaciones eléctricas y de de gas no cumplen con los requerimientos de seguridad mínimos; no hay salidas de emergencia, ni se cumplen las reglas necesarias para permitir una evacuación rápida; las cajas están electrificadas y hay humedades en techos y revoques, a punto tal que en ciertos sectores se verifican verdaderas cascadas de agua; las barandas de las escaleras se desprenden de la pared, y en algunos casos, los balcones están suspendidos en el vacío y fracturados en su estructura. Una bomba de tiempo que cumple lo que se dijo en la inspección del 2000: el edificio estará en ruinas antes de que se terminen de pagar las cuotas. Dicho y hecho.

No obstante, a pesar de los años trascurridos, en este caso como en Lomas del Golf, como en Dignidad y tantos otros, nadie se hace cargo de la responsabilidad. El IVBA dice que sólo le correspondía la financiación y no la supervisión. El IMDUR ni responde, y cada trámite con carácter de urgente demora una década, mientras los vecinos continúan viviendo de forma precaria, u optan por trasladar la titularidad o alquilar. Esperan que alguien les dé una respuesta, y continúan golpeando puertas mientras sienten que los tapa el agua, sin escrituras ni documentos que legitimen su reclamo. Parece que no hay quien salga a atender: 2500 votos son muy pocos.