El Poder Ejecutivo espera que en la jornada la Cámara de Diputados sancione la ley que dispone la intervención a la comuna de Hughes, departamento General López, para promulgar en forma inmediata la norma y designar la persona que se hará cargo de la situación. El inconveniente es que hasta el mediodía no existía una definición sobre si Diputados podría reunir el quórum correspondiente para realizar la sesión semanal que fuera convocada en tiempo y forma.

El presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, mantuvo desde ayer una serie de reuniones con referentes de los diferentes bloques buscando un principio de acuerdo que permita normalizar el funcionamiento del cuerpo paralizado por diferencias políticas entre el Frente Progresista y el justicialismo, pero también por disidencias internas en el propio oficialismo que le han impedido formar quórum en las últimas semanas. La ausencia de varios legisladores que se encuentran participando de un congreso en el exterior es otro inconveniente a la hora de reunir diputados.

Algunos legisladores proponían una salida intermedia y reunir al cuerpo únicamente para considerar la situación de Hughes donde existe consenso en la necesidad de aplicar el remedio institucional.

El Senado ya dio media sanción al proyecto con el respaldo incluso del senador por ese departamento, Ricardo Spinozzi, quien entiende que el Ejecutivo se demoró varios meses en aplicar la medida ante el descontrol económico en que había incurrido la administración del justicialista Daniel Sciamaro, acusado por empleados y dirigentes gremiales de jugar el dinero de la administración en casinos de la zona.

Pueblo acéfalo

La secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, reconoció anoche ante una consulta de El Litoral que hoy existe una situación de acefalía en Hughes debido a que el viernes pasado, Sciamaro y otros miembros de la comuna presentaron sus renuncias ante el Tribunal Electoral quedando en funciones un suplente pero que -por la ley de Comunas- no puede hacerse cargo de la situación.

El pasado 3 de agosto, el Poder Ejecutivo designó a Jorge Varela como veedor de esa comuna debido a las irregularidades detectadas en una auditoría lo que motivó además una denuncia penal en la Justicia de Rufino e inició el camino legislativo con un mensaje del gobernador rápidamente tratado por el Senado.

Diputados estuvo dos semanas sin sesionar y no trató el tema, pero el viernes renunció Sciamaro y el lunes pasado, el gobierno requirió al Nuevo Banco de Santa Fe la inhabilitación de las cuentas bancarias comunales. La comuna estuvo cerrada hasta ayer en que Varela habilitó el ingreso de empleados para que cumplan con sus tareas a la espera de la decisión legislativa.

Bifarello admitió que en caso de que no haya sanción en la fecha buscarán una salida alternativa que analizan diversas áreas del Poder Ejecutivo como las carteras de Gobierno, de Hacienda y Fiscalía de Estado y que apuntarían a remitir los fondos coparticipables al veedor para destinarlos -exclusivamente- al pago de salarios de los empleados.

En principio, la intervención se mantendrá hasta el 10 de diciembre fecha en la que asumirá el radical Mario Viola, electo el 24 de julio pasado. “Nada nos permite adelantar la entrada en funciones de las autoridades electas”, acotó Bifarello.

Sciamaro había asumido la comuna en diciembre de 2009 tras un contundente triunfo electoral. A los pocos meses comenzó una relación tirante con los empleados comunales por desmanejos en los fondos públicos y atraso en el pago de sueldos.

Decenas de marchas por las calles del pueblo y hasta cortes de la Ruta Nacional Nº 8 fueron comunes durante 2010. Los propios empleados acusaron a Sciamaro de gastar los fondos públicos en casinos y en el hipódromo.