La construcción de viviendas o edificios con dinero público es una veta para la libre malversación que no se acaba nunca. Una mina inagotable. Un verdadero agujero negro del cual parece que todos pueden enriquecerse. Y no solamente eso: uno puede quedarse con una fortuna ajena, sabiendo a ciencia cierta que no deberá dar cuentas a nadie por el fraude, por la estafa, ni aun por poner en riesgo la vida de la gente.

Esta semana se supo que la Escuela Secundaria 41-ex secundaria 3- de Punta Mogotes, por ejemplo, debió suspender parte de las clases de sus alumnos porque una losa que se construyó hace unos siete años, efectivamente está cediendo, y pone en serio riesgo de derrumbe a toda la edificación.

Se buscan soluciones que amortigüen el daño que sufren todos. Los padres hablan por los chicos. Los gremialistas reclaman por la seguridad de los docentes. Pero nadie dice cómo era que se llamaba el arquitecto que firmó el final de obra. ¿Quién había ganado aquella licitación, y había cobrado por hacer un edificio que durara más de siete años, previendo que tendría encima una determinada cantidad de adolescentes corpulentos por metro cuadrado?

Porque resulta que esta galería de primer piso tiene más aulas de las que estaban planeadas. Es decir que las paredes divisorias están apoyadas en la nada misma, sin columnas en el piso inferior.

Por esa razón, la losa comenzó a separarse del zócalo a principios de este año, y no cesa de sonar con crujidos extraños. Alguien cobró y se fue, pero nadie dice el nombre. Construir escuelas que se caen es así de fácil.

Obviamente eso no es todo. Un nuevo reducto para acomodar la gallina de los huevos de oro es construir casas sociales para personas de pocos recursos. Pocas quejas, pocas pretensiones. Y simplemente un Estado que pone la plata que haga falta con tal de que las viviendas estén, con la única condición de que además se terminen en tiempo y forma, y por lo tanto la gente en cuestión se vaya a vivir a alguna parte.

Este año, el Instituto Provincial de la Vivienda entregó una pequeña diferencia de $11.854 801, para ver si, de una vez por todas, la Asociación Civil Trabajar se digna terminar las 84 viviendas del plan Dignidad que debe, de un total de quinientas.

El nuevo Convenio de Adecuación firmado en octubre último -y convalidado por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon- se celebró entre el administrador general Gustavo Aguilera, por parte del Instituto Provincial de la Vivienda, y Luis Stufano, en representación de la Asociación Civil Trabajar, con la firma del intendente municipal. Eso sí: para tratar de ponerle algún límite a las ansias desmedidas del ave millonaria devenida en constructora, dicen que, si bien le van a dar los once montones de plata para que terminen las casas, la entidad debe comprometerse a “no reclamar más compensaciones, gastos improductivos o prejuicios de cualquier naturaleza que pretendan fundarse en la crisis sufrida por la economía de nuestro país en el año 2002”.

Es decir que la firma implica la expresa conformidad de que con esa plata queda cubierto el saldo de los aportes financieros previstos en el acuerdo anterior. En otras palabras: te damos el cheque, pero hacé las casas que debés desde hace años.

Ya no podrán decir que aumentó el cemento, que se están vendiendo pocos dólares, o que se está acabando el hierro del ocho. No hay más excusas, aunque la Asociación Trabajar ya ha recurrido a todo lo que ha podido para no cumplir jamás con nada de lo que debía.

Pero ¿cómo es posible? ¿Quiénes son los dueños de esta organización con semejante poder para la impunidad?

Prontuario

Como todos recuerdan, no es la primera vez que la supuesta ONG Trabajar sale a la palestra. Sus dirigentes integran una organización civil que parece depender de la UOCRA, es decir del sindicato mismo de trabajadores de la construcción, que en realidad no tiene en cuenta este tipo de actividades rentadas en la letra de sus estatutos.

Son Jorge Trujillo y Héctor Vargas: siempre los mismos nombres cuando no aparecen los ladrillos que se deben y las casas quedan sin caños ni canillas.

Pero ellos ya se han ocupado de sostener con sus manos gallinas de huevos de oro de todos los colores, y de empollar las crías lo mejor que alguien podría imaginar. La justicia los tiene en la mira por un par de causas, y encima, todo el mundo sospecha que tuvieron mucho que ver con la toma forzada de las casas del Dignidad del barrio Pueyrredon, sobre todo porque les venía bárbaro: ellos no las habían terminado.

Porque tampoco terminaron las casas del barrio que debían construir en Miramar. Ya estuvieron procesados por el dichoso conjunto de viviendas que serían adjudicadas a personas del mismo gremio, en el distrito de General Alvarado. Nunca cumplieron, pero el resultado judicial por ahora no es el esperado.

Por supuesto que la justicia hizo un pequeño aporte, pero los dueños de la gallina de los huevos de oro siempre tienen la vaca atada y se salen con la suya, a como dé lugar.

Hace muy poco, el Tribunal 4 -constituido por Jorge Peralta, Alfredo Deleonardis y Gustavo Fissore- les había negado la posibilidad de zafar del proceso a cambio de cumplir solamente unas sencillas condiciones, pero no duró mucho lo bueno. Porque los defensores, Gustavo Marceillac y Jorge De la Canale, insistieron e hicieron todos los acuerdos necesarios. Otra vez se presentaron y lograron suspender el juicio durante tres años, a cambio del cumplimiento de las mismas simples condiciones por parte de los imputados: fijar domicilio en la provincia, cumplir tareas comunitarias por dos horas semanales en una entidad de bien público que ellos mismos eligieron, y someterse al control del Patronato de Liberados. Es decir, una probation, por medio de la cual los mencionados saldrán ilesos de un delito que implicó ganancias económicas enormes, además de toda una inteligencia puesta al servicio del fraude.

El plan de viviendas en cuestión se encuentra en la calle 41 entre 36 y 38, y las fallas en su realización datan del período que va entre 1993 y 1998, cuando tres miembros de la comisión ejecutiva de aquella asociación sindical –pero de la seccional Mar del Plata- recibieron partidas de dinero, gracias a un acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En el marco del programa bonaerense Solidaridad, la provincia debía financiar un complejo habitacional de unidades. Y así fue.

Los acusados Jorge Trujillo y Héctor Sinecio Vargas ocupaban los cargos de secretario general y tesorero de la UOCRA. En aquel caso, ellos suscribieron el convenio violando sus deberes, y sin contar con autorización del organismo central.

La denuncia, realizada en 1999, indicaba que los nombrados obtuvieron a través de maniobras fraudulentas un lucro indebido, toda vez que recibieron del Instituto la suma de $677.342, cuando el valor global de las viviendas efectivamente construidas es de $196.787. Es necesario considerar que los valores mencionados datan de una fecha en que regía paridad uno a uno entre pesos y dólares.

Las casas en cuestión fueron entregadas sin terminar, y realizadas con materiales de inferior calidad que los presupuestados. Se sabe que no contrataron mano de obra específica, y que además muchos de los adjudicatarios debieron pagar una suma de dinero mensual a los administradores de los fondos, cosa que no estaba prevista en el convenio. Numerosas pericias han demostrado que algunas viviendas no tenían escalera, sanitarios, grifería, ni cañerías de gas y agua. Los gastos de finalización corrieron por cuenta de cada propietario.

Por otra parte, no son aquellos los únicos implicados en la causa, sino que para que los hechos pudieran realizarse ha sido necesaria la participación cómplice de una serie de arquitectos que se desempeñaban como auditores del Instituto Provincial, quienes habrían firmado certificados falsos para que el organismo de financiación continuara girando los fondos a la UOCRA Mar del Plata. De ellos no se sabe nada.

Dos mangos

La cuestión es que, gracias a la insistencia, y a quién sabe qué maniobras más, lo lograron: se les concedió la suspensión del juicio por tres años, y deben resarcir a las víctimas simplemente con 15.000 pesos. Pero no a cada uno. Quince en total. La fiscal María Isabel Sánchez debió ser quien pusiera el grito en el cielo por la cifra, pero no le pareció tan mal. Ni siquiera se inmutó cuando los defensores argumentaron que los adjudicatarios habían obtenido una ventaja al no pagar las cuotas de las casas que, en efecto, estaban mal hechas o de manera incompleta. Lo dejó pasar. Y para el tribunal, el que calla otorga. Nadie dijo que esa cifra no cumplía con la premisa de estar “dentro de lo razonable”, a juzgar por el patrimonio acumulado por los acusados. El tribunal lo observa en el dictamen, pero aclara que no puede interferir porque la fiscal se da por cumplida con quince mil pesitos de resarcimiento por las molestias causadas a los adjudicatarios. Se van a comprar un pancho y una gaseosa.

Y así seguirán, ellos y varios. Los que construyen casas casi escenográficas y salen corriendo. Los que edifican para el Estado paredes sin sostén. Los que se ahorran dinero porque cobran por caños de metal, y ponen unos de plástico. Porque no hay quien verifique adónde va la plata del Estado, y estafar al fisco, para muchos, no es delito.

Lo que nadie dice es que para que la gallina de los huevos de oro esté cómoda, hacen falta muchos que se queden sin casa, sin escuela, sin puente, sin barrio. A nadie parece importarle, porque los responsables le siguen entregando dinero a los mismos de siempre, a los que cuentan con un buen sostén sindicalista, como si esta vez fueran a hacer las cosas bien.