Y el presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero respondió con la militarización del control aéreo en la península. Consideró que los controladores de la aeronavegación, una de las profesiones mejor remuneradas de la península, estaban ejerciendo chantaje y utilizando este último fin de semana a 650.000 pasajeros sin transporte como rehenes, perjudicando sobremanera con pérdidas millonarias a las compañías de vuelo (80 millones de euros diarios).

Con la cancelación de reservas hoteleras, la industria turística, la de mejores ingresos en un país castigado por una crisis de arrastre, perdía muchísimo, irremediablemente. El segundo día de paralización en las terminales mostraba 4.309 partidas de aviones canceladas y todas las estaciones colapsadas.

La protesta de los controladores se originó en la sobrecarga de los horarios de trabajo. Los trabajadores llegaron a sus lugares de trabajo y se declararon enfermos.Sin ellos es imposible que un avión pueda circular sin enfrentar peligros máximos. La reacción del Gobierno socialista fue extremo, sin antecedentes a lo largo de la democracia imperante tras la muerte de Franco y el acuerdo entre los partidos políticos.

Rodríguez Zapatero se amparó en la Constitución para declarar el “Estado de Alarma”, aceptado ante “situaciones extraordinarias” en la medida que se paralizó un servicio público esencial y se impidió la libre circulación de los ciudadanos, lo que constituye una “calamidad pública de enorme magnitud”. A partir de ese decreto los controladores se convierten en “personal militar” y ejercen sus funciones “bajo la supervisión del Ejército Español del Aire”.

Esta increíble acontecimiento ha levantado intensa polvareda en el viejo continente y repercutido, por supuesto, en la Argentina.Los funcionarios que rodean a Zapatero juzgan que ‘una persona que tras las rebajas fiscales cobra 200.000 euros anuales no puede chantajear‘. En el ámbito legal otras son las consideraciones. Algunas son éticas, otras son sindicales, o humanas o principistas ( todo trabajador tiene derecho a protestar y exigir mejores condiciones de trabajo).

En la calle el público quedó sorprendido de la férrea reacción de un presidente de lentas reacciones (demoró más de un año en reconocer la crisis financiera-crediticia-inmobiliaria en su país). En la arena política, el partido de la oposición, el Popular comandado por Mariano Rajoy aprovechó con egoísmo el momento y cuestionó a Zapatero, sin proponer soluciones.

En la Argentina hubo quienes recordaron otros tiempos (el Plan Conintes que cayó a plomo sobre ferroviarios y bancarios en el gobierno de Frondizi) y denunciaron el peligro de entregar funciones civiles a los militares. Pero también despertó simpatías en otros sectores .

Estos últimos observaron que en democracia se pueden fijar prioridades de interés público por sobre las sectoriales o sindicales, en especial ante la interrupción de servicios indispensables para la normal vida cotidiana de una sociedad. En los hechos , el caso de los controladores españoles se ha erigido en un “acontecimiento-testigo” para generar un debate en profundidad en la Argentina. ¿Donde empieza y dónde termina el interés de la sociedad por sobre las demandas sectoriales o laborales?